La sanidad pública andaluza se ha convertido en el principal problema que los ciudadanos identifican en su comunidad, por encima del desempleo, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces. Ocho años después de que el Partido Popular llegara al poder prometiendo revertir el colapso heredado, las listas de espera siguen siendo las más largas de España y la atención primaria acusa una saturación crónica. Sin embargo, el malestar no se traduce en pérdida de voto para Juanma Moreno.
El programa electoral con el que el Partido Popular (PP) llegó al poder en Andalucía en 2018 describía una situación de urgencias colapsadas, hospitales desbordados y atención primaria desmantelada. Casi ocho años después, el diagnóstico de los profesionales sanitarios coincide, en lo esencial, con aquel texto. La diferencia es que ahora es el propio PP quien gobierna. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incrementado el presupuesto sanitario en más de un 55% respecto al último ejercicio socialista —de 9.842 a 16.000 millones de euros— y ha incorporado cerca de 30.000 profesionales al sistema, pero las listas de espera no solo no se han reducido sino que son hoy las más extensas de toda España. Y la ciudadanía, según todos los sondeos, seguirá votando al PP el domingo.
La paradoja ha generado un debate entre analistas políticos y profesionales de la salud sobre qué mecanismos explican que un problema reconocido de forma transversal no se convierta en desgaste electoral para el partido que lo gestiona. La respuesta no es sencilla, pero los expertos consultados por El País coinciden en señalar dos factores que operan de forma simultánea: la pérdida de credibilidad de la alternativa socialista y la extensión de lo que la socióloga Marta García Caballos denomina la percepción de inevitabilidad.
Ocho años y el mismo diagnóstico
Rafa Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, sintetiza la situación con una frase que no ahorra críticas a ninguno de los dos grandes partidos: «Ninguno de los dos partidos que ha ostentado el Gobierno en Andalucía se puede sentir orgulloso de la sanidad». Ojeda señala la ironía de que la candidata socialista, María Jesús Montero, que fue consejera de Salud de la Junta durante la Gran Recesión —el periodo en que se aplicaron recortes que situaron a Andalucía en el último puesto del país en gasto sanitario por habitante— se presente ahora como la persona que salvará la sanidad pública. Al mismo tiempo, reprocha al PP que ni el aumento presupuestario ni la contratación masiva de personal hayan conseguido resolver el malestar de los médicos ni reducir los tiempos de espera.
La crisis de los cribados del cáncer de mama fue el episodio que más cerca estuvo de romper ese equilibrio. Por primera vez se escucharon gritos de «Moreno, dimisión» en las calles, y el presidente andaluz respondió cesando a la consejera de Salud y reconociendo que el Sistema Andaluz de Salud requería una reestructuración. La asociación Amama, formada por mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribados, se manifestó el lunes frente a Canal Sur durante el segundo debate electoral. Su presidenta, Ángela Claverol, asegura que «la gente está hasta el moño del destrozo de la sanidad pública» y que «los andaluces el domingo vamos a votar por la sanidad pública». Los sondeos no avalan esa previsión.
Por qué el malestar no se convierte en voto
El antropólogo Sergio Pascual, exsecretario de Organización de Podemos, ofrece una explicación que va más allá de la gestión concreta. Para Pascual, la sanidad está empezando a ocupar en la política andaluza el papel que el desempleo ocupó durante la Gran Recesión: el de un problema enquistado que «nadie confía que ningún partido vaya a solucionar». Cuando una sociedad interioriza que un déficit es endémico, razona Pascual, deja de pensar en términos de responsabilidad política y comienza a buscar soluciones individuales. El crecimiento del 27% en la contratación de seguros sanitarios privados en Andalucía desde 2019 —la mayor tasa de España, según el Ministerio de Sanidad— ilustra esa tendencia.
La politóloga Ana Salazar, directora de la consultora Idus3, aporta un dato que aclara la asimetría electoral. La sanidad es el principal problema para más del 60% del electorado de izquierdas, pero solo para el 31% del votante del PP. Y entre quienes perciben el problema, una parte significativa cree que quien mejor puede resolverlo es, precisamente, el partido que lo gestiona. «Si la sanidad no funciona, quien la puede arreglar es el PP», resume Salazar, describiendo una percepción que el discurso de Moreno ha conseguido instalar incluso entre ciudadanos insatisfechos con los resultados.
El argumento de la inevitabilidad
García Caballos, médica de familia en Granada y portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, identifica un tercer factor que refuerza los dos anteriores: la dificultad para establecer en el debate público la conexión entre decisiones de política sanitaria y sus consecuencias cotidianas. «A la gente le cuesta trabajo pensar que la relación entre que te demoren una operación seis meses no es un problema meramente de tiempo, sino de cómo está financiada la sanidad», explica. Esa complejidad impide que la izquierda traduzca el malestar difuso en un argumento político eficaz. El resultado es que el discurso catastrofista se vuelve contra quien lo emplea: si la situación es tan grave y lleva tanto tiempo sin resolverse, la idea de que ningún partido puede mejorarla sustancialmente acaba beneficiando al que ya está en el poder.
La oposición ha convertido la sanidad en el eje de su campaña, pero Pascual considera que esa apuesta tiene un alcance limitado. Puede servir para movilizar al electorado de izquierdas, pero difícilmente erosionará la base del PP, que no percibe el problema con la misma intensidad. La falta de credibilidad de Montero como referente sanitario —atacada desde el PP por su etapa como consejera durante los recortes y desde su propio flanco por su trayectoria reciente en Hacienda— reduce aún más el margen de trasvase de voto en una comunidad donde la sanidad pública lleva décadas instalada en la agenda sin que ello haya modificado de forma sustancial el mapa electoral.
