PP y Vox han construido un relato de «fraude electoral» en torno a la norma que permite a los descendientes de exiliados de franquismo y emigrantes españoles acceder a la nacionalidad. Los datos, los documentos y las hemerotecas del propio PP desmienten esa narrativa punto por punto.
No existe una «ley de nietos». Lo que existe es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por las Cortes en 2022 tras 32 pasos parlamentarios, que permite a los descendientes de exiliados y emigrantes españoles acceder a la nacionalidad. Cuatro años después de su entrada en vigor sin apenas polémica, PP y Vox han convertido esa norma en el epicentro de una campaña que mezcla insinuaciones de fraude electoral con datos falsos o deliberadamente distorsionados.
La Junta Electoral Central (JEC) rechazó por nueve votos frente a cuatro las impugnaciones planteadas contra la norma y declaró que no le corresponde pronunciarse sobre leyes aprobadas por el Parlamento. El plazo para recurrirla venció hace años sin que el PP presentara ningún recurso. La norma está plenamente en vigor y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y los hechos que la derecha y la ultraderecha presentan como prueba de manipulación no resisten el contraste con los datos disponibles.
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Qué es (y qué no es) la llamada «ley de nietos»
La denominación «ley de nietos» es una simplificación que ha terminado por convertirse en arma política. La norma real es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2021, que permite optar a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio político, ideológico, económico o por persecución durante la dictadura franquista.
Una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, publicada en el BOE en octubre de 2022, aclaró su aplicación a los funcionarios del Registro Civil. Esa instrucción, que el PP tilda de «manipulada», extiende el beneficio no solo a los descendientes de exiliados estrictamente políticos sino también a quienes emigraron huyendo de la dictadura por razones económicas o de persecución. No es ilegal: desarrolla lo que la ley establece. Y la JEC confirmó que no tiene competencia para cuestionarla.
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Los datos que desmienten la narrativa del fraude
PP y Vox presentan la ley de nietos como una máquina de fabricar votantes que inundará el censo antes de las próximas elecciones generales. Los datos del Consulado de España en Buenos Aires, el que más solicitudes ha recibido en el mundo, desmienten esa narrativa. De las 645.052 solicitudes registradas entre octubre de 2022 y octubre de 2025, solo se han resuelto 30.000 expedientes: el 13% del total iniciado y apenas el 4,6% de los previstos. La resolución del grueso de los expedientes no llegará, en el mejor de los casos, antes de la próxima década.
La participación real del voto exterior refuerza ese desmentido. En las generales de 2023 solo votó el 8,87% de los censados en el extranjero: 203.115 personas sobre 2.288.774 inscritos. Su incidencia en el resultado final fue mínima y alteró un único escaño en Madrid, que el Partido Popular (PP) arrebató al PSOE. La cifra de inscritos en la matrícula consular solo aumentó en 21.293 personas entre 2022 y 2026, un 6,3%, pese a cuatro años de vigencia de la norma.
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Las contradicciones documentadas de Feijóo
La ofensiva de Alberto Núñez Feijóo contra la ley de nietos choca frontalmente con su propio historial político. En 2022, ya con la vista en las elecciones generales, prometió en Buenos Aires una norma más amplia que la actual: criticó que se limitase a los descendientes de exiliados políticos y propuso extenderla a emigrantes por «causas económicas». En el programa del PP para las generales de 2023 prometía expresamente una «ley de acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada».
El propio vocal designado por el PP en la JEC reconoció ante sus compañeros que el partido ha incurrido en «contradicciones e incoherencias» sobre este asunto en promesas políticas y en proposiciones no de ley presentadas en las Cortes. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y sucesor de Feijóo al frente del PP gallego, tuvo que hacer malabarismos para no contradecir al partido sin renunciar a lo que los populares gallegos han defendido históricamente: el derecho de la diáspora a la nacionalidad. Contestó con evasivas cuando le preguntaron con qué criterios mediría el «vínculo» exigible.
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La estrategia de Vox: el manual de Trump y Bolsonaro
Sembrar dudas sobre la limpieza de los procesos electorales es una de las constantes de las ultraderechas del mundo entero. En Brasil, los seguidores de Bolsonaro señalan al voto electrónico; Donald Trump señaló al voto por correo. Vox ha corrido a copiarle: solicitó a la JEC que privase del voto postal a los más de 2,2 millones de españoles censados en el extranjero, sin aportar ninguna prueba de irregularidad. La JEC respondió rechazando la petición por unanimidad de sus 13 miembros.
Paralelamente, Vox llevó el asunto a la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en derecho constitucional y electoral— alegando «fraude censal» y solicitando un dictamen sobre si España respeta las reglas democráticas. El partido de Santiago Abascal invocó una sentencia de 2025 sobre una ley maltesa de nacionalización de inversores como precedente aplicable al caso español. «Esto ha disparado sin control el número de españoles que votan desde el extranjero y pone en riesgo la fiabilidad del censo electoral», sostiene Vox en su escrito, sin aportar la evidencia que sustente esa afirmación.
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A quién vota realmente la emigración española
El supuesto fraude descansa en la premisa implícita de que los nuevos votantes beneficiarán al Gobierno de Pedro Sánchez. Los datos electorales apuntan en sentido contrario. En las seis últimas elecciones generales el voto exterior ha coincidido en su opción mayoritaria con la de los residentes en España: el PSOE obtuvo más respaldo fuera en 2019, pero el PP hizo lo propio en las generales de 2023 y en las europeas de 2024. En Galicia, el voto emigrante elige al PP como primera opción en todos los comicios sin excepción.
Que el PP dé por sentado que el voto exterior le perjudicará es, en sí mismo, una revelación involuntaria. En las elecciones al Consejo de Españoles Residentes en Buenos Aires celebradas en mayo pasado —el censo es el mismo que el utilizado para las generales en España—, de los 15 puestos en disputa el PP se llevó ocho, mayoría absoluta; el PSOE, tres; y una lista independiente, cuatro. El voto emigrante ha sido históricamente más favorable al PP que a cualquier otro partido. Los datos no avalan la narrativa del fraude. La avalan sus intereses electorales.
