La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha acordado remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada de 109 páginas en la que fundamenta la responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión durante el 29 de octubre de 2024, jornada en que las riadas causaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. La jueza le atribuye delitos de homicidio y lesiones imprudentes por comisión por omisión.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, acordó este martes elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, en un movimiento que abre formalmente la puerta a su investigación penal por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. La decisión, anunciada a través de la cuenta oficial del TSJCV en la red X, se produjo de forma inesperada para todas las partes personadas en la causa, ya que aún estaban previstas para esta misma semana comparecencias de integrantes del equipo de Presidencia de la Generalitat. El documento remitido por la magistrada consta de 109 páginas y fundamenta la petición en la existencia de elementos probatorios que apuntarían a una «inactividad negligente» de Mazón durante las horas más críticas de la catástrofe.
En el escrito, la jueza argumenta que la instrucción del caso no puede limitarse a los dos investigados hasta ahora: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. «La investigación de la negligencia en la gestión de la dana, con el resultado mortal y lesivo objeto de las presentes diligencias, no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados», subraya la magistrada. Ruiz Tobarra señala que existen indicios de que la exclusión voluntaria de Mazón de las funciones propias de la presidencia de la Generalitat «tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo», y que su responsabilidad se configura en un «plano de mayor gravedad» por las atribuciones legales del cargo y por el conocimiento que tenía del riesgo mortal.
Exposición razonada de 109 páginas
La exposición razonada es el mecanismo procesal mediante el cual un juez ordinario, que detecta indicios de responsabilidad penal en una persona aforada, traslada el asunto al tribunal competente para que este decida si asume la investigación. No supone una imputación formal, pero constituye el paso previo e indispensable para que esta pueda producirse. En el presente caso, la magistrada dedica más de 50 páginas a una descripción detallada de los fallecimientos, con el nombre y los apellidos de cada víctima, para fundamentar la gravedad de los hechos y la cadena de responsabilidades que, a su juicio, debe ser analizada. Ruiz Tobarra sostiene que la estructura jerárquica de la Generalitat implicaba que el presidente «podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior» durante la emergencia, y que la ruptura de esa cadena de mando tuvo consecuencias letales directas.
La jueza recalca expresamente que su exposición razonada «no tiene su fundamento en el análisis desde un punto de vista moral o político de la conducta del aforado», sino en determinar si la «prolongada ajenidad» de Mazón «en los momentos decisivos y de mayor mortandad» merece ser analizada desde el derecho penal. El escrito también recuerda que la magistrada ofreció a Mazón declarar voluntariamente en la causa en hasta tres ocasiones, ofrecimiento que el expresidente rechazó en todas ellas. Los delitos que la jueza considera atribuibles son el homicidio y las lesiones imprudentes, ambos por la figura jurídica de la comisión por omisión, que contempla la responsabilidad penal derivada no de una acción, sino de la falta deliberada de actuación ante un deber legal de actuar.
El escudo del aforamiento
La razón por la que la causa debe recalar en el TSJCV, y no continuar en el juzgado de Catarroja, radica en el estatuto de aforado que mantiene Carlos Mazón. El aforamiento es el privilegio procesal por el que determinados cargos públicos, como parlamentarios, altos magistrados o miembros del Gobierno, solo pueden ser investigados y juzgados por tribunales superiores, y no por la jurisdicción ordinaria. Mazón dimitió como presidente de la Generalitat valenciana en diciembre de 2024, tras meses de presión política y social, pero conservó su escaño como diputado en Les Corts Valencianes, el parlamento autonómico. Esa decisión le mantuvo aforado y, por tanto, fuera del alcance directo del juzgado de Catarroja para los efectos de ser investigado penalmente.
La permanencia de Mazón en Les Corts ha sido objeto de una intensa controversia política desde su dimisión como presidente. La oposición ha exigido reiteradamente que renuncie también a su acta de diputado, mientras que el Partido Popular (PP) y Vox, con mayoría en el parlamento valenciano, rechazaron en el último pleno una moción para instarle a entregar el escaño. Ahora, con la exposición razonada elevada al TSJCV, corresponde a la Sala de lo Civil y Penal de ese tribunal decidir si acepta el planteamiento de la jueza y abre una investigación formal contra el expresidente.
La tormenta política
La decisión de la magistrada desencadenó una inmediata cascada de reacciones en el espacio político. El PSPV-PSOE, el partido socialista valenciano, fue el primero en pronunciarse a través de la red X con un mensaje dirigido contra Mazón: «Ya no le vale ni el escaño en las Corts, ni la protección del PP para esconderse de la justicia». La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, dirigente socialista valenciana, sostuvo que al «PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo a Mazón». Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, afirmó que al expresidente «solo le queda un camino: que dimita y se vaya a su casa», y puso el foco en la actitud del PP y Vox tras haber bloqueado la solicitud de retirada del acta parlamentaria.
Podem, que ejerce la acusación popular en la causa, subrayó que la jueza ha realizado «una instrucción exhaustiva y minuciosa», y que si ha solicitado la investigación de Mazón es «porque hay indicios suficientes de su responsabilidad». La decisión judicial coincidió, además, con la presentación de una querella contra la propia magistrada ante el TSJCV por parte del abogado Rubén Gisbert, que ejerce otra de las acusaciones en la causa y que alega que el marido de la jueza, también magistrado, interrogó a dos víctimas de la tragedia, lo que a su juicio constituiría causa de nulidad. La convergencia de ambos episodios en la misma jornada añadió una nueva capa de tensión a una instrucción que, más de quince meses después de la catástrofe, continúa generando consecuencias jurídicas y políticas de primer orden.
