La renuncia de José Ángel González, el mando policial con mayor autoridad operativa del cuerpo, investigado por una presunta agresión sexual a una subordinada, ha abierto una crisis en el Ministerio del Interior que el PP y la Confederación Española de Policía han convertido en exigencia de dimisión del titular de la cartera. El ministro Fernando Grande-Marlaska niega haber conocido la denuncia con anterioridad y se mantiene en el cargo.
El martes 17 de febrero, el Ministerio del Interior confirmó en un breve comunicado que José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional —el mando uniformado de mayor rango en el cuerpo, por encima del cual solo figura el director general, un cargo de designación política—, había comunicado su decisión de renunciar al puesto. La dimisión se produjo horas después de que trascendiera que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid había admitido a trámite una querella presentada en enero por una agente subordinada contra él por presuntos delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Ambas partes han sido citadas a declarar el próximo 17 de marzo.
Según la querella, a la que han tenido acceso varios medios de comunicación, los hechos denunciados habrían ocurrido el 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial adscrita al cargo del DAO, propiedad del Ministerio del Interior. La denunciante, que habría mantenido previamente una relación sentimental con González, alega que ese día fue presionada para abandonar su puesto de trabajo y acudir a ese domicilio, donde fue agredida. La querella describe «negativas inequívocas, claras y persistentes» por parte de la víctima, y alude a «violencia física» e «intimidación ambiental». El DAO también habría incurrido en presuntas coacciones posteriores para evitar que la agente interpusiera la denuncia, según el mismo documento judicial. El comisario Óscar San Juan González, persona de confianza del ex DAO, ha sido relevado de sus funciones por su presunta implicación en esas coacciones.
La condición que Marlaska pone a su renuncia
El ministro Fernando Grande-Marlaska compareció ante los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados la mañana del miércoles 18 de febrero para negar de forma tajante que el Ministerio tuviera conocimiento previo de la denuncia. «Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato», declaró. El ministro respaldó su versión en que el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, habría pedido mantener la querella en secreto hasta el momento en que fue pública. Interior también ha abierto una «información reservada» sobre el entorno profesional del ex DAO para determinar si otros mandos pudieron tener conocimiento de los hechos.
Más tarde, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Marlaska fijó en términos explícitos la única condición bajo la cual consideraría su dimisión: «De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré». El abogado de la denunciante precisó ese mismo día que su representada se siente «decepcionada» porque esperaba que el ministro hubiera cesado a González antes de que la querella se hiciera pública, pero expresó confianza en que Interior le proporcione a partir de ahora la protección adecuada.
PP y CEP instrumentalizan el caso contra el ministro
La sesión de control al Gobierno del miércoles 18 de febrero quedará marcada por una interrupción de casi dos minutos provocada por los golpes en los escaños y los gritos de «dimisión» de los diputados del Partido Popular (PP). El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Ejecutivo de «proteger y tapar a un presunto violador», y la portavoz parlamentaria de los populares, Esther Muñoz, sostuvo que el Gobierno había actuado únicamente porque el caso se hizo público, no por iniciativa propia. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechazó las acusaciones y reprochó al PP que no aplicara la misma vara de medir al alcalde de Móstoles, cargo también del PP, denunciado por acoso sexual y aún en su puesto con el respaldo explícito de su partido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue en la misma dirección y acusó a los populares de «encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima» en casos internos.
Al margen del Congreso, la presión política llegó también desde los sindicatos policiales. La Confederación Española de Policía (CEP), que ya se había opuesto en noviembre de 2024 a la prórroga de jubilación del DAO —incluida en el real decreto de ayudas por la dana de Valencia para mantenerlo en el cargo más allá de los 65 años, la edad de retiro obligatoria para los miembros del cuerpo—, convocó para el 24 de febrero una concentración frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid. En su comunicado, CEP calificó de «escándalo» los hechos y afirmó que la dimisión del ex DAO no resulta suficiente, por entender que la prórroga de jubilación vinculó políticamente la suerte del ministro y la del alto mando cesado. Otros sindicatos policiales adoptaron en cambio una posición más cautelosa, pidiendo esperar a que la justicia se pronuncie antes de exigir responsabilidades políticas.
El caso llega al debate público en un momento en que la investigación judicial apenas acaba de comenzar. La comparecencia de ambas partes ante el juzgado está fijada para el 17 de marzo, y en esa fecha la denunciante ratificará o no su querella, mientras que el ex DAO podrá ofrecer su versión de los hechos. Por el momento, no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra González. La causa se encuentra en fase de diligencias previas, la etapa inicial de cualquier proceso penal en España, lo que significa que no hay ni acusación formal ni juicio oral abierto. La presunción de inocencia del investigado se mantiene íntegra en tanto no exista sentencia firme.
