El letrado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, presentó dos escritos ante el juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, en los que impugna la validez de las dos pruebas digitales centrales del sumario: un disco duro incautado al abogado investigado Miguel Palomero y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea extraído por las autoridades de Estados Unidos. La defensa sostiene que ambas intervenciones carecieron de la autorización judicial exigida por la Constitución y reclama su exclusión del procedimiento. Zapatero es investigado y niega los cargos.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia, ha articulado una estrategia de defensa orientada a desactivar la causa desde su base procesal. Su letrado, Víctor Moreno Catena, presentó dos escritos ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en los que cuestiona la validez de los dos dispositivos digitales que los investigadores han considerado más relevantes para la instrucción. La defensa no discute en esta fase el fondo de los hechos investigados, sino la licitud de los medios por los que se obtuvieron las pruebas que sustentan la acusación.
El primer escrito solicita al juez que requiera a la Fiscalía Anticorrupción para que identifique y acredite la resolución judicial que autorizó el análisis del disco duro incautado al abogado Miguel Palomero, investigado en la causa. Ese dispositivo contenía, entre otra documentación, un chat denominado «Danilo-España» con conversaciones entre Palomero y el bróker venezolano Danilo Díazgranados en las que se mencionaban los regalos a Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción había mantenido esas diligencias sin judicializar mientras el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid instruía el caso Plus Ultra, lo que abre una cuestión sobre la cadena de custodia y la habilitación para el análisis del material.
El disco duro de Palomero y el chat con el bróker venezolano
La defensa de Zapatero sostiene que no ha logrado localizar en el sumario ninguna resolución que autorizara de forma motivada a la Fiscalía Anticorrupción o a la Policía Judicial el análisis del contenido del disco duro. Esa ausencia, en su argumento, no es un defecto menor: si las actuaciones policiales se realizaron sin la habilitación legal requerida, las garantías esenciales del procedimiento habrían quedado, en palabras del propio escrito, «radicalmente laminadas», ignorando «la habilitación legal exigida por la Constitución» en materia de secreto de las comunicaciones, intimidad y protección de datos personales.
La consecuencia jurídica que la defensa extrae de ese planteamiento es la exclusión del material del procedimiento. «Como consecuencia del déficit esencial de garantías, el contenido de ese dispositivo que fue examinado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y, en particular, las conversaciones de WhatsApp analizadas, tienen que ser excluidos del procedimiento», señala el escrito presentado por Moreno Catena. Si el juez Calama aceptara esa petición, la causa perdería uno de sus elementos de prueba más relevantes sobre la relación entre los investigados y los presuntos regalos al expresidente.
El teléfono de Reyes y la cooperación con EE.UU.
El segundo escrito aborda una controversia diferente pero igualmente relevante para la estrategia de la defensa: la extracción de datos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo imputado de Plus Ultra. En marzo de 2026, el Gobierno de Estados Unidos facilitó a la Policía española el contenido de ese dispositivo. La intervención se llevó a cabo sin autorización judicial previa, amparada en la normativa estadounidense de control de fronteras, que permite este tipo de actuaciones sin aval preventivo en su propio territorio.
Zapatero recurrió la decisión del juez Calama de no ampliar la solicitud de cooperación jurídica enviada a las autoridades estadounidenses para obtener más información sobre el procedimiento empleado para acceder al teléfono. Calama respondió que, hasta que Estados Unidos conteste a esa reclamación de cooperación jurídica enviada semanas antes, no es posible realizar «una valoración fundada» sobre la petición de la defensa. El letrado de Zapatero dejó constancia de que la solicitud de ampliación de esa comisión rogatoria no implica «aquietamiento» con la incorporación del contenido del dispositivo a la causa, ni reconocimiento de la regularidad del material, ni conformidad con su eventual uso como prueba, y consideró urgente «aclarar todas las circunstancias».
Escrivá ante el Congreso y la trama Tubos Reunidos
En paralelo a los movimientos procesales de la defensa de Zapatero, el gobernador del Banco de España y exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, compareció ante la Comisión de Economía del Congreso para aclarar su relación con el rescate de Plus Ultra. Escrivá admitió haberse reunido con Zapatero el 7 de septiembre de 2020, pero subrayó que esa aerolínea ya tenía concedido el aplazamiento de su deuda antes de ese encuentro y, por tanto, cumplía las condiciones técnicas para ser rescatada durante la pandemia. La certificación de cumplimiento, según Escrivá, se otorgó un mes antes de su reunión con el expresidente, lo que en su argumento descarta que la cita tuviera incidencia en la decisión de rescate.
La jornada del martes sumó además un nuevo elemento al mapa de causas vinculadas a las tramas de rescates durante la pandemia. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la pieza del caso Leire Díez sobre el rescate de Tubos Reunidos señala la existencia de una reunión entre el expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, y la responsable de esa presunta red de intermediación. Los agentes sospechan que el encuentro se produjo el 28 de enero de 2025 y lo enmarcan en las gestiones que la trama habría realizado ante el Ejecutivo para favorecer la concesión del préstamo de 112,8 millones a la empresa vasca. Ortúzar, Zapatero y el resto de los investigados mencionados en ambas causas niegan los hechos que se les atribuyen y no han sido condenados.
