El magistrado José Ricardo de Prada comunicó este lunes en sala que Jordi Pujol i Soley, expresidente de la Generalitat de Catalunya durante 23 años, queda excluido del procedimiento judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su familia. El informe médico forense certifica un deterioro cognitivo mixto irreversible. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba nueve años de prisión. El proceso continúa contra sus siete hijos y 15 presuntos colaboradores.
El expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley, de 95 años, no será juzgado por el presunto enriquecimiento ilícito de su familia. El magistrado presidente del tribunal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, anunció este lunes en sala que el exdirigente catalán queda «fuera del procedimiento», después de que los peritos médicos volvieran a certificar in situ su incapacidad para declarar. La decisión cierra la causa personal del hombre que gobernó Cataluña de 1980 a 2003 antes de que el tribunal pueda dictar veredicto.
La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para Pujol una pena de nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros como presunto responsable de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. El objeto de la causa es la fortuna que la familia ocultó durante décadas en Andorra, hecho que el propio Pujol reconoció en una declaración pública en 2014. Ese reconocimiento desencadenó una investigación judicial que lleva más de diez años abierta y ha desembocado en el proceso que la Audiencia fijó entre noviembre de 2025 y abril de 2026.
El diagnóstico que cerró el proceso
El procedimiento para determinar la capacidad procesal de Pujol se inició en noviembre de 2025, cuando un equipo de médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazó a su domicilio para practicarle pruebas cognitivas. El informe resultante, al que tuvo acceso la agencia Europa Press y que fue remitido a la Audiencia, estableció que el expresidente padece un «diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)». Los especialistas concluyeron que ese cuadro clínico es «irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz».
A pesar de las conclusiones de noviembre, el tribunal convocó este lunes a Pujol de forma presencial en la sede de San Fernando de Henares, en Madrid, para un nuevo reconocimiento médico in situ. El expresidente llegó en coche a las 9.30 horas mientras decenas de periodistas aguardaban su llegada. Tras la evaluación y una reunión del tribunal con el acusado —en presencia del forense y de su defensa, dirigida por el penalista Cristóbal Martell—, los magistrados ratificaron el dictamen de noviembre: Pujol carece de la capacidad procesal para ejercer su propia defensa.
Veintitrés años de Govern, una década de proceso
La figura de Jordi Pujol domina la historia política de Cataluña durante el último cuarto del siglo XX. Fundador y líder histórico de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), presidió la Generalitat de forma ininterrumpida durante 23 años y fue una figura central en la construcción del Estado de las Autonomías. Su confesión de 2014 de tener dinero no declarado en el extranjero —heredado, según su versión, del abuelo Florenci Pujol— dinamitó ese legado político y abrió la causa que llega ahora a su fase decisiva sin poder sentar al protagonista central en el banquillo.
La decisión de convocar a Pujol de manera presencial había generado una ola de reacciones en el espacio político catalán. Los grupos independentistas Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) calificaron de «escarnio» la obligación de trasladar a un anciano de 95 años a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que había pedido a la Audiencia que actuara con sentido común, recibió la resolución con satisfacción: «Celebro que la justicia haya actuado con sensatez y sentido de la humanidad», publicó en la red social X.
El juicio que continúa sin el patriarca
Sin el expresidente entre los acusados, el proceso se reanudó este lunes con las declaraciones del resto de los encausados. El primero en intervenir fue su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía solicita 29 años de cárcel por presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y varios delitos fiscales; la Abogacía del Estado eleva esa petición a 25 años. El fiscal le preguntó por transferencias de más de un millón de euros realizadas desde su cuenta en Andorra a una sociedad vinculada a un empresario de su entorno.
Al lado de los siete hijos de Pujol —Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia— se sientan en el banquillo 15 personas acusadas como presuntos colaboradores, entre ellas empresarios que, según la acusación, habrían pagado comisiones a la familia a cambio de adjudicaciones públicas durante los años de gobierno. La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que esas sumas se blanquearon mediante sociedades instrumentales y operaciones ficticias, y rechazan que el origen del patrimonio en Andorra sea la herencia que el abuelo Florenci dejó a sus descendientes.
La exclusión de Pujol del procedimiento cierra el capítulo más singular de esta causa: el del hombre que la desencadenó con su propia confesión pero que no llegará a escuchar el veredicto. A partir de este lunes, el tribunal debe resolver si su familia construyó durante décadas una organización criminal para enriquecerse valiéndose del poder político. La respuesta, cualquiera que sea, llegará sin el patriarca de los Pujol.
