Tres procedimientos judiciales concentraron el jueves novedades relevantes: un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Francina Armengol como interlocutora directa de Koldo García; en el juicio del caso Kitchen varios agentes confirmaron los seguimientos a la esposa de Luis Bárcenas; y el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías reconoció ante el juez haber pagado 16.000 euros a la llamada fontanera del PSOE por un informe que él mismo admite que «no demostró nada».
Las semanas de mayor actividad parlamentaria suelen coincidir con los de mayor intensidad en los juzgados. Tres procedimientos de primer orden protagonizaron novedades simultáneas: el caso Koldo extendió su alcance hasta las Islas Baleares con un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; el juicio del caso Kitchen escuchó testimonios de agentes que confirmaron la vigilancia sobre la esposa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas; y el denominado caso Fontanera avanzó con la declaración del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías ante el magistrado Arturo Zamarriego.
Los tres procedimientos involucran a formaciones políticas distintas y tienen sus propios calendarios judiciales, pero su confluencia en una misma jornada ofrece una fotografía del alcance de la judicialización política en España. El caso Koldo afecta al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a su entorno institucional. El caso Kitchen, originado en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, apunta directamente al PP. El caso Fontanera involucra a Leire Díez, apodada fontanera del PSOE, y a figuras del socialismo andaluz.
Koldo llega a Baleares
El nuevo informe de la UCO —de 192 páginas, incorporado a la causa que instruye el magistrado Ismael Moreno en la Audiencia Nacional— acredita que Francina Armengol, entonces presidenta del Govern balear y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, contactó directamente con Koldo García para gestionar asuntos relacionados con la contratación de material sanitario durante la pandemia. La Guardia Civil concluye que García actuaba «como correa de transmisión» entre las autoridades de la administración insular y los intereses del empresario Víctor de Aldama, pieza central de la trama investigada.
El documento recoge intercambios de WhatsApp entre Armengol y García que contradicen la declaración escrita que la presidenta del Congreso remitió al Tribunal Supremo como testigo en el juicio de las mascarillas. En uno de esos mensajes, fechado el 15 de junio de 2020, Armengol escribe al asesor de Ábalos: «Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?». En su testimonio escrito, Armengol había afirmado: «No recuerdo todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos». El Govern balear contrató en 2020 material sanitario con una empresa de la trama por 3,7 millones de euros.
Kitchen: la policía que vigilaba a Bárcenas
En el Tribunal Supremo, el juicio del caso Kitchen —que investiga el presunto operativo parapolicial organizado desde el Ministerio del Interior para obtener información comprometedora sobre el propio Bárcenas— escuchó este jueves el testimonio de varios agentes. Los policías confirmaron su participación en los seguimientos a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP, en el marco del dispositivo investigado. La causa apunta a la cúpula del Ejecutivo conservador durante la última etapa de gobierno de Mariano Rajoy.
El caso Kitchen nació de la investigación sobre si el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, ordenó una operación de vigilancia ilegal para sustraer documentos en poder de Bárcenas que podrían comprometer a altos dirigentes populares. La tesis acusatoria sostiene que ese dispositivo empleó recursos y efectivos policiales del Estado de forma irregular. La causa ha tenido un recorrido judicial extenso y su avance este jueves con nuevos testimonios refuerza la credibilidad de la hipótesis delictiva que investiga el alto tribunal.
Fontanera y el USB vacío
El tercer frente fue el caso Fontanera, en el que el juez Zamarriego investiga a Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con intentos de obstaculizar investigaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Zarrías, cuya condena en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional, compareció como testigo y admitió haber abonado a Díez cuatro cuotas mensuales de 4.000 euros para que investigara si el comisario jubilado José Manuel Villarejo había estado detrás del origen de aquella causa.
El resultado de ese encargo fue un documento que el propio Zarrías describe con escasa generosidad. «Tiene muchas páginas. Todo, información pública», afirmó tras salir del juzgado, antes de reconocer que Díez «no logró demostrar lo de Villarejo». El exconsejero detalló también las condiciones del trabajo: «No era un trabajo de oficina, era un tema reservado», y añadió que «tampoco hubo intercambio de e-mails». Zarrías entregó al juez Zamarriego el pendrive con dicho informe y señaló que cerró su empresa consultora a finales de 2025.
La coincidencia de tres frentes activos en una misma jornada no obedece a ninguna coordinación, pero su efecto político difícilmente es neutral. Koldo, Kitchen y Fontanera mantienen vivos relatos de presunta corrupción o abuso institucional que afectan tanto al PSOE como al PP en un contexto en que la judicialización política sigue siendo uno de los ejes del debate público español. Ninguna de las tres causas ha concluido; todas ellas seguirán produciendo novedades en los próximos meses.
