El debate reabierto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el regreso del rey emérito a España después de cinco años en Abu Dabi pone de manifiesto una paradoja: el Gobierno no se opone, la Casa Real delega en el antiguo soberano y, en definitiva, nadie impide la vuelta de Juan Carlos I. Nadie, salvo él mismo.
El nombre de Juan Carlos I volvió esta semana al centro del debate político español. La causa inmediata fue la desclasificación de los documentos sobre el golpe de Estado del 23-F, que refuerzan la narrativa del papel decisivo del entonces rey en la defensa del orden constitucional. La causa de fondo es otra: el ex jefe del Estado lleva más de cinco años residiendo en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, y el debate sobre si regresa a España —y en qué condiciones— reaparece periódicamente sin que nadie lo resuelva.
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, fue quien esta vez rompió el hielo. A través de su cuenta en la red social X —antes Twitter—, Feijóo escribió que «sería deseable que el rey emérito regresara a España» y añadió que considera que los documentos desclasificados del 23-F «deben reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado». Según fuentes del PP, el líder conservador comunicó previamente a la Casa Real su intención de pronunciarse en esos términos. La publicación de los archivos secretos le ofreció el contexto político que necesitaba para relanzar una petición que ya había formulado en el pasado.
Feijóo reabre el debate
La reacción del Gobierno fue inmediata y, en apariencia, conciliadora. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, interlocutor habitual del Ejecutivo con la Zarzuela, aseguró públicamente que el Gobierno «nunca ha impedido ni denegado la entrada del rey Juan Carlos a España». La declaración es técnicamente precisa: no existe ninguna prohibición formal que impida al emérito cruzar la frontera. De hecho, Juan Carlos I ha viajado a España en varias ocasiones desde que fijó su residencia en el Golfo Pérsico, siempre para participar en las regatas de Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra, o para asistir a actos sociales puntuales como la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Sin embargo, el Gobierno tampoco actúa como facilitador activo del regreso. Fuentes conocedoras de las relaciones entre La Moncloa y La Zarzuela reconocen que el Ejecutivo no presiona para que el emérito vuelva y que la sintonía entre ambas instituciones es la de dejar que sea el rey Felipe VI quien tome, en última instancia, cualquier decisión que afecte a su padre. Es Felipe VI, subrayan estas fuentes, quien tiene más que perder si el regreso del emérito redunda en daño para la imagen de la Corona.
La Zarzuela delega, Juan Carlos decide
La postura de la Casa Real es públicamente clara: la decisión corresponde en exclusiva al propio Juan Carlos I. «La decisión de si regresa o no a España corresponde exclusivamente a él, al rey emérito», explicaron fuentes de la Zarzuela, descartando cualquier interferencia del Gobierno o del jefe de la oposición en un asunto que consideran estrictamente personal e institucional. No obstante, en privado, las mismas fuentes reconocen que un eventual regreso definitivo implica condiciones que van más allá de la voluntad del emérito: dónde residirá, cómo lo financiará y cómo regularizará su situación fiscal en España.
El propio Juan Carlos I dejó constancia por escrito, en una carta firmada el 5 de marzo de 2022, de su intención de organizar su vida «en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posibles» en sus visitas y, en su caso, en una futura residencia en España. Sus memorias, publicadas recientemente bajo el título Reconciliación, añaden un matiz significativo: el padre del rey insinúa que se vio presionado para redactar esa carta en esos términos, y se queja en repetidas ocasiones de no poder alojarse en la Zarzuela, la que fue su residencia oficial durante décadas.
Los auténticos obstáculos: fiscalidad y residencia
Más allá del debate político, los obstáculos concretos para el regreso del emérito son de naturaleza práctica. El primero es fiscal. Para establecer su residencia en España, Juan Carlos I debería tributar aquí, lo que implica declarar ingresos, donaciones y patrimonio ante la Agencia Tributaria. En 2021, el emérito pagó más de cuatro millones de euros para regularizar un fraude a Hacienda por pagos en especie valorados en más de ocho millones de euros, y había ocultado cien millones de dólares en cuentas suizas, algo que reconoce en sus memorias y por lo que no ha podido ser juzgado al amparo de su inviolabilidad como rey. Las condiciones tributarias de Abu Dabi —donde no existe impuesto sobre la renta— le resultan considerablemente más favorables que las españolas.
El segundo obstáculo es el de la residencia. Juan Carlos I no dispone de patrimonio propio que le permita costearse una vivienda privada en España, ya que su hijo, el rey Felipe VI, le retiró la asignación económica de la Casa Real en marzo de 2020, antes de que abandonara el país. Residir en la Zarzuela —algo que el emérito desearía, según su entorno— resultaría políticamente inasumible para el Gobierno y comprometedor para la propia imagen de la institución monárquica. La alternativa sería instalarse en una residencia privada sufragada por alguno de sus amigos cercanos, una solución que plantea sus propias dificultades en términos de opacidad y escrutinio público.
En Abu Dabi, donde vive en una casa adaptada a sus necesidades de movilidad en la isla de Nurai, Juan Carlos I no está solo. Su nieto, Felipe de Marichalar, le visita con frecuencia y mantiene una estrecha relación con Abdul Rahman Al Assir, con quien comparte prácticamente su día a día. La soledad que el emérito invoca en sus declaraciones públicas contrasta, según quienes le conocen, con una vida relativamente activa y bien atendida en el Golfo. El debate sobre el regreso de Juan Carlos I lleva meses latente. Pero mientras las condiciones de residencia y fiscalidad no se resuelvan, y mientras el propio emérito no dé el paso, el debate seguirá sin tener consecuencias prácticas.
