Honduras avanza hacia sus elecciones generales de noviembre con un horizonte cargado de desafíos. Así lo advierte Richard Barathe, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, en una entrevista concedida esta semana a EFE. Los comicios decidirán quién sucederá a Xiomara Castro, la primera mujer en gobernar Honduras, y abrirán un nuevo ciclo en una nación marcada por la violencia, la migración y la fragilidad institucional.
Barathe subraya tres grandes retos para este proceso electoral. El primero es la confianza ciudadana. La desconfianza en el sistema político, alimentada por décadas de corrupción y fraude, sigue siendo profunda. A pesar de las reformas impulsadas en los últimos años, gran parte del electorado duda de la limpieza de los procesos y la transparencia de las autoridades. Reconstruir esa confianza no es un trabajo que se logre de un día para otro. Requiere instituciones creíbles, árbitros imparciales y un clima de respeto mutuo entre candidatos y partidos.
El segundo reto es la violencia. Honduras mantiene una de las tasas de homicidios más altas de América Latina, aunque ha descendido en la última década. Sin embargo, los asesinatos de líderes sociales, defensores ambientales y periodistas continúan, generando miedo y autocensura. En época electoral, la violencia política se convierte en un riesgo añadido. El PNUD insiste en la necesidad de garantizar campañas seguras y de proteger a quienes se exponen al participar en política local, donde los liderazgos comunitarios suelen estar más desprotegidos.
El tercer desafío es el de la inclusión. Barathe destaca que la participación plena de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas no se resuelve solo con cuotas en las listas. Requiere eliminar barreras culturales, económicas y logísticas que excluyen a los sectores más pobres y vulnerables. En un país donde casi el 30% de la población vive en pobreza extrema, el simple costo de trasladarse a votar puede ser un obstáculo. Además, la representación indígena y garífuna sigue siendo marginal, pese a los avances en derechos colectivos.
Para el PNUD, la próxima elección hondureña es clave no solo por el resultado presidencial, sino por el mensaje que enviará al resto de la región sobre la salud democrática de Centroamérica. En palabras de Barathe, el apoyo internacional es importante, pero la solución a largo plazo pasa por la capacidad de Honduras de fortalecer su propia gobernanza y sus instituciones electorales.
Por otra parte, la clase política ya afina estrategias. Xiomara Castro cierra su mandato con un gabinete dividido y crecientes críticas de sectores que la apoyaron en 2021. El Partido Nacional busca recuperar terreno tras su derrota histórica y las acusaciones de corrupción que rodearon al expresidente Juan Orlando Hernández, hoy extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Por su parte, el Partido Liberal intenta reposicionarse como alternativa, mientras emergen candidaturas independientes con discursos de renovación, aunque con escasa estructura territorial.
En un contexto regional marcado por la crisis de Nicaragua, las tensiones en El Salvador y las dificultades de Guatemala para consolidar su transición política, Honduras enfrenta la prueba de sostener su democracia más allá de las urnas. La organización de elecciones transparentes y seguras es solo un paso. El verdadero reto comienza el día después, con la construcción de consensos, la recuperación de la economía y la respuesta a la migración masiva que cada año expulsa miles de hondureños hacia el norte.
Noviembre está cerca. Honduras decidirá su camino. Pero, como recuerda Barathe, ninguna elección soluciona por sí sola los problemas de fondo. Solo el trabajo político serio, sostenido y con visión de país podrá devolver la confianza de la ciudadanía en un futuro distinto.
