Un nuevo informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa judicial que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, revela que el empresario cobró 4,4 millones de euros del grupo hospitalario Quirónsalud entre 2021 y 2023, los primeros años de su relación con la presidenta madrileña. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha concluido que una de sus sociedades carece de medios para justificar esos pagos. La investigación avanza a menos de un año de las elecciones autonómicas.
La Agencia Tributaria comunicó al juez que instruye la segunda causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el empresario facturó 4.436.495 euros al grupo hospitalario Quirónsalud y a su filial Quironprevención entre 2021 y 2023, a través de dos consultoras de su propiedad: Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. La cifra supone una media de casi 1,5 millones de euros anuales, y corresponde exactamente a los primeros años de la relación sentimental entre Amador y la presidenta madrileña, conocida públicamente en mayo de 2021. Quirónsalud es el principal grupo hospitalario privado de España y percibe en torno a mil millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid por sus convenios con el sistema sanitario público.
El documento de Hacienda, fechado el 22 de mayo, detalla los pagos año a año: 1.078.412 euros en 2021, 1.956.449 en 2022 y 1.401.634 en 2023. La comunicación tiene un propósito procesal preciso: solicitar al juez Antonio Viejo, titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que suspenda las inspecciones tributarias abiertas contra Quirónsalud y Quironprevención para evitar que prescriban mientras la investigación penal sigue su curso. El principio de prejudicialidad penal obliga a dar prioridad a la jurisdicción criminal sobre la administrativa cuando ambas coinciden en los mismos hechos.
El entramado societario bajo lupa judicial
La investigación se centra en la sociedad Masterman, que Amador adquirió en diciembre de 2020 a Gloria Carrasco, farmacéutica y esposa de Fernando Camino, directivo de Quirónsalud y jefe directo del empresario. El precio de compra fue 500.000 euros, una cifra que la Fiscalía considera un presunto soborno encubierto: la hipótesis investigada es que Camino habría dejado participar a Amador meses antes en una voluminosa compraventa de mascarillas, en la que el empresario se embolsó dos millones de euros, y que la adquisición de Masterman constituyó la contraprestación de ese favor. La sociedad, antes denominada Círculo de Belleza, no contaba con trabajadores ni con activos de valor, y su facturación previa no superaba los 59.000 euros anuales.
Hacienda aprecia en el uso de esta sociedad «indicios de simulación»: Amador la empleó para facturar servicios de auditoría a Quironprevención pese a que, según el criterio de la Agencia Tributaria, carecía de la estructura necesaria para prestarlos. El resultado del proceso penal, señala el informe, podría afectar a las cuotas tributarias de Quirónsalud y Quironprevención correspondientes a los ejercicios inspeccionados. La Agencia Tributaria investiga también a Fernando Camino, según una comunicación separada conocida el mismo día.
La UCO y el acceso a las cuentas bancarias
En paralelo al informe de Hacienda, trascendió un documento preliminar de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado en diciembre de 2025, en el que los agentes concluyen que Masterman «carece» de los medios materiales necesarios para la prestación de los servicios de consultoría por los que Quironprevención le abonó esas cantidades. El informe, de 32 páginas, incluye una primera valoración sobre los hechos y las personas implicadas, basada en la documentación remitida por el juzgado.
El documento de la UCO solicitaba autorización judicial para acceder a las cuentas bancarias de los investigados en 16 entidades financieras. El juez Viejo concedió ese permiso la semana pasada, seis meses después de recibir la solicitud. Sin embargo, el magistrado descartó por ahora autorizar el examen de la información fiscal y de la Seguridad Social de Amador, al considerar que la investigación debe avanzar de forma escalonada. Los agentes han señalado su intención de solicitar ese acceso en una fase posterior.
El calendario electoral complica el horizonte de Ayuso
La acumulación de novedades judiciales se produce a menos de un año de las elecciones a la Asamblea de Madrid, previstas para mayo de 2027, en las que Ayuso aspira a su cuarta presidencia consecutiva. La presidenta afronta esa cita con dos causas judiciales activas sobre su pareja: la primera, por un presunto fraude fiscal de 350.910 euros y falsedad documental en los ejercicios de 2020 y 2021, aguarda la fijación de fecha de juicio por parte de la jueza de lo Penal María Lourdes Platero. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión para Amador en esa causa. La segunda, que investiga el presunto soborno a Camino y la administración desleal de su propia empresa, sigue en fase de instrucción.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, denunció el «clarísimo conflicto de intereses toda vez que el Grupo Quirón es el mayor contratista sanitario de la Comunidad». La respuesta del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, derivó hacia un terreno distinto: acusó al medio que publicó la información de lanzar «insidias» y argumentó que los contratos entre la Comunidad y Quirón se remontan a 2010. El argumento confunde el objeto del informe de Hacienda —los pagos de Quirón a Amador— con los contratos de la Comunidad con el grupo hospitalario, dos asuntos que el documento tributario no relaciona directamente. En abril, la Consejería de Sanidad formalizó con Quirónsalud una nueva concesión para la gestión de un laboratorio clínico por 120 millones de euros durante cinco años.
El primer juicio oral contra Amador podría celebrarse antes de las elecciones autonómicas, aunque fuentes judiciales apuntan a que la carga de trabajo del juzgado podría retrasarlo hasta después de mayo de 2027. La segunda causa tendrá novedades de manera inminente, con el juez Viejo apuntando contra Fernando Camino. Para Ayuso, la cuestión no es solo jurídica: cada nueva entrega del caso reactiva un debate sobre la relación entre el principal contratista sanitario de la Comunidad y la pareja de quien gobierna Madrid, que se prolongará hasta las urnas con independencia de cuándo se celebre el juicio.
