El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, envió el miércoles por la noche una carta a la militancia en la que acusa a Feijóo, a su jefa de gabinete Mar Sánchez y al secretario general Miguel Tellado de haber puesto en marcha una campaña mediática contra la formación ultraderechista. El Partido Popular respondió con silencio y continuó negociando con los barones territoriales de Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
La dirección de Vox distribuyó el miércoles por la noche una carta a su militancia, firmada por el secretario general, Ignacio Garriga, en la que acusa directamente al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a su jefa de gabinete Mar Sánchez y al secretario general del partido, Miguel Tellado, de ser los responsables de las pugnas internas de la formación ultraderechista. Garriga los designa como «este clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría» y les atribuye haber orquestado una campaña de desprestigio mediante medios afines y haber alentado a disidentes de la propia organización para socavar al liderazgo actual.
La misiva llegó en el momento de mayor sensibilidad: mientras los ejecutivos autonómicos del PP negociaban la formación de gobiernos con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León. La dirección popular optó por la contención. Jaime de los Santos, vicesecretario del PP, resumió la postura de Génova en una frase sin ambigüedad: «Dos no pelean si uno no quiere». Feijóo no modificó su estrategia, y la instrucción interna era tratar con máximo cuidado cualquier asunto vinculado a la formación de Abascal para no comprometer las conversaciones autonómicas en curso.
La dirección del PP en el punto de mira
El texto de la carta distinguía con precisión entre los interlocutores autonómicos del PP y su cúpula nacional. Los barones territoriales quedaban expresamente eximidos de la denuncia principal; los señalados directamente eran Feijóo, Mar Sánchez y Tellado, a quienes el documento acusaba de haber contactado con críticos internos para canalizar filtraciones comprometedoras hacia los medios. Las referencias apuntaban a Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith, dos fundadores de Vox que llevan meses cuestionando el liderazgo de Garriga y que, según la carta, habrían recibido respaldo de dirigentes populares para articular su disidencia.
La misiva anunciaba también contraofensiva legal. Garriga afirmó que «el partido ya está poniendo las demandas correspondientes y querellas» ante los medios que habían publicado informaciones sobre presuntas irregularidades económicas, relativas al enriquecimiento de algunos dirigentes. En el mismo texto pedía a los afiliados que evitasen el «debate fangoso de corruptos y embusteros», con una referencia que alcanzaba tanto al PP como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Garriga articulaba así una respuesta en dos planos: el judicial y el de movilización interna frente a lo que describía como un ataque sin precedentes.
Tres comunidades, una mesa en pausa
La dureza verbal no paralizó las conversaciones autonómicas. En Extremadura, la negociación era la más avanzada de las tres: las partes habían acordado los ejes principales del pacto antes de la pausa de Semana Santa, y el PP esperaba cerrarlo definitivamente la semana siguiente. La tensión se agudizó cuando Feijóo fijó el 1 de abril como fecha límite para el acuerdo extremeño en una entrevista, plazo que Vox ignoró de forma deliberada. Desde la dirección de Abascal, esa decisión de no cumplir el plazo se presentó como una demostración de fortaleza ante la propia militancia.
El modelo de negociación en dos velocidades responde a una estrategia diseñada en Génova. La dirección popular elaboró un documento marco de referencia para las tres comunidades y delegó después los detalles en los líderes regionales, manteniendo a Feijóo al margen de las exigencias más comprometedoras de Vox. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, resumió el criterio de no injerencia de la cúpula: «no voy a entrar en las decisiones que tome Vox». María Guardiola, presidenta de Extremadura en funciones, asumía el papel de interlocutora principal en la negociación más avanzada.
El origen de la escalada
La raíz del conflicto, según fuentes de ambos partidos, se remonta al resultado de Castilla y León. En esas elecciones, el PP obtuvo cincuenta mil votos más que en los comicios previos, con un papel protagonista de Feijóo en la campaña, lo que la dirección de Vox interpretó como un avance popular a costa de su propio electorado. A ese desencuentro se suma la frustración acumulada por no haber alcanzado el 20% de los votos en las últimas convocatorias, umbral fijado por la cúpula de Abascal como indicador de fortaleza orgánica, y el episodio del plazo del 1 de abril en Extremadura que Vox rehusó cumplir.
Pese al tono de la ofensiva, Garriga dejó una puerta abierta en el cierre de la misiva: «Si hay un PP con el que es posible llegar a acuerdos». La frase resume la lógica que sostiene la relación entre ambas formaciones: Vox necesita gobernar para demostrar capacidad de gestión ante sus bases; el PP necesita a Vox para traducir en poder institucional sus victorias electorales en tres comunidades sin mayoría absoluta propia. La confrontación verbal en el plano nacional y la negociación silenciosa en el autonómico definen una cohabitación tensa que ninguna de las partes puede permitirse romper sin coste electoral.
