El juicio por el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas alcanzó ayer su jornada 27 con las primeras declaraciones de los acusados. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz negó de forma categórica cualquier conocimiento de la operación, mientras su antiguo secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ofreció una versión incompatible sobre una llamada telefónica clave de julio de 2013. Las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo añaden un tercer relato que complica la defensa de ambos.
La Audiencia Nacional celebró ayer la sesión 27 del juicio por la Operación Kitchen, el presunto espionaje orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y obstaculizar, según la acusación, la investigación sobre la contabilidad opaca del partido. Tras dos meses de testimonios de testigos, peritos y escucha de audios grabados de forma subrepticia por el comisario jubilado Villarejo, llegó el turno de los acusados. El primero en sentarse ante el tribunal fue Francisco Martínez. Horas después lo hizo Jorge Fernández Díaz.
Las penas que solicita la Fiscalía Anticorrupción son de distinta magnitud según el acusado. Para Villarejo reclama 19 años de prisión, la más elevada del proceso. Para el exministro Fernández Díaz, su secretario de Estado Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo solicita 15 años. Para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que según la acusación fue captado como confidente, pide doce años y cinco meses. El juicio se reanuda el lunes con la declaración de Pino.
Fernández Díaz lo niega todo
El exministro del Interior entre 2011 y 2016 adoptó desde el primer momento una estrategia de negación total. Respondió únicamente a las preguntas de su abogado y de los magistrados, rechazando contestar a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones. Su argumento central fue el desconocimiento: aseguró haberse enterado de la existencia de la Operación Kitchen «cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación», a finales de 2015 o principios de 2016. «En 2013 yo no sabía nada», recalcó ante el tribunal.
Fernández Díaz negó también haber llamado a Martínez en julio de 2013 para interesarse por la colaboración del chófer de Bárcenas con la Policía Nacional. Negó ser el autor de los SMS que su antiguo número dos había aportado en fase de instrucción, mensajes que contenían detalles operativos de la trama. «No los reconozco», afirmó, aunque evitó acusar directamente a Martínez: «Yo no acuso a nadie». El exministro extendió también la cobertura al conjunto de su partido: «Nadie, desde el PP, me transmitió ninguna inquietud o preocupación sobre ese asunto». Y negó haber recibido sobresueldos en la contabilidad opaca del partido ni conocer al comisario Villarejo, pese a que existe una grabación de un encuentro entre ambos en 2012 en la que el entonces dirigente popular dijo: «Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido».
La versión de Martínez
El exsecretario de Estado ofreció ante el tribunal un relato incompatible con el de su exjefe en un punto concreto. Según Martínez, el 13 de julio de 2013 Fernández Díaz le telefoneó para preguntarle si existía «un colaborador cercano a la familia de Bárcenas» que estuviera cooperando con la Policía. Martínez trasladó la consulta al entonces jefe operativo del cuerpo, Eugenio Pino, quien le confirmó la identidad del confidente. «Y yo se lo confirmo al ministro», relató ante el tribunal. Esta secuencia contradice de manera directa la afirmación del exministro de que en 2013 ignoraba la existencia de la operación.
Más allá de ese punto de fricción, Martínez construyó su defensa sobre una línea argumental que ya había anticipado en instrucción: él desconocía la ilegalidad de las actuaciones, pensó en todo momento que eran legítimas y se limitó a transmitir información entre el ministro y los responsables policiales. «Jamás me hablaron de una actuación ilegal», repitió. Sobre Villarejo, minimizó su peso: «Villarejo hablaba tanto… Y hablaba en clave y usaba apodos, que a veces no le entendía bien», afirmó. También relató que en una conversación informal en los pasillos del Congreso, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal afirmó que todo lo que habló con el comisario fue «por el bien del Estado».
El inspector que vio torpedear su unidad
El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho, jefe del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaba los llamados Papeles de Bárcenas, añade al juicio un tercer eje que los acusados no han podido neutralizar. Morocho declaró como testigo que existió «una estrategia para desmantelar» su equipo: no se pudieron entregar al juez determinados informes porque no había «capacidad» para ello, y varios agentes de la unidad recibieron ofertas de puestos mejor remunerados que los llevaron a abandonar el grupo. «No pude retener a nadie», afirmó.
Las grabaciones del comisario Villarejo escuchadas en la jornada anterior completaron ese cuadro. En ellas, el excomisario le relata a Cospedal que convenció a Morocho para que eliminara del informe sobre la trama Gürtel «lo más importante», porque en el documento «iba hasta el nombre del presidente del Gobierno». En otra grabación de 2017, Villarejo amenaza al comisario Enrique García Castaño con buscarle «la ruina» a él y al «puto Rajoy». Esos audios, solicitados por la Fiscalía y por el PSOE como acusación, concluyeron la fase de prueba documental del juicio.
Con las declaraciones de los acusados en marcha, el proceso entra en su recta final. Las contradicciones entre Fernández Díaz y Martínez sobre la llamada de julio de 2013 serán uno de los ejes sobre los que el tribunal deberá pronunciarse. La defensa de ambos acusados descansa en variantes del mismo argumento: desconocimiento de la ilegalidad, confianza en la legalidad de las actuaciones policiales y distancia respecto a las decisiones operativas. La acusación sostiene que los hechos probados apuntan en sentido contrario.
