El expresidente del Gobierno reclamó ayer responsabilidad política a Pedro Sánchez por la condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, al que definió como alguien que fue «nombrado por él» y «tenía su confianza». González planteó dos salidas posibles para el actual presidente: dimitir o convocar elecciones para que los ciudadanos «ratifiquen o rectifiquen». El expresidente instó también al otro exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero a que «devuelva cuanto antes» las joyas tasadas en 1,3 millones de euros cuyo origen no ha aclarado ante la justicia.
El expresidente del Gobierno Felipe González utilizó ayer un acto empresarial en Toledo, organizado por la Federación Empresarial Toledana y en el que también participó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para exigir responsabilidad política a Pedro Sánchez por la condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Ábalos. «El liderazgo consiste en asumir la responsabilidad política. El liderazgo no mercenario consiste en asumir que fueron nombrados por él y tenían su confianza», afirmó González, que consideró que «hay una responsabilidad política evidente» del actual presidente del Gobierno derivada de la sentencia del caso Koldo.
González estableció un paralelismo que tiene un valor simbólico particular dentro del socialismo español. En su argumento, el expresidente recordó que fue precisamente Ábalos quien subió a la tribuna del Congreso en junio de 2018 para defender la moción de censura contra Mariano Rajoy, argumentando la responsabilidad política de este por los casos de corrupción del Partido Popular (PP). «Por ese tipo de responsabilidad política fue por lo que Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó una moción de censura a Mariano Rajoy para que se fuera por responsabilidad política. La situación es exactamente igual», afirmó González, cerrando así un círculo argumental que convierte en el detonador del caso Koldo el mismo instrumento con el que el PSOE llegó al poder.
La comparación con Rajoy y la moción de censura de 2018
Preguntado por cómo debería concretarse esa responsabilidad política, González fue explícito sobre los mecanismos disponibles. «Hay muchos mecanismos: uno que es dimitir, hay otro que es convocar elecciones para que te ratifiquen o te rectifiquen. Esos son los dos más claros», señaló. Añadió que la cuestión de confianza sería una tercera vía posible. Al ser repreguntado sobre cuál de las opciones debería elegir Sánchez, González respondió que «tendría que haber convocado ya» elecciones, e ironizó con la posición del actual presidente, que apela al mandato constitucional de cuatro años como argumento para no adelantarlas: «¿Será la única cosa en lo que vamos a cumplir la Constitución?», disparó el expresidente.
Las declaraciones de González tienen un peso específico que va más allá de las habituales críticas de la oposición. Como presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 y figura histórica del socialismo español, su exigencia pública de dimisión o convocatoria electoral supone una presión desde dentro de la propia tradición política del PSOE que ningún dirigente del PP puede ejercer con el mismo efecto. García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y barón socialista crítico con la dirección de Sánchez, no ocultó en el mismo acto que continuaba «impactado» por el caso de las joyas de Zapatero y exigió que quedara «claro» el origen de las mismas.
Las joyas de Zapatero y el criterio González
El expresidente abordó también la situación judicial del otro exlíder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en una pieza separada por presunto delito fiscal y contrabando, relacionada con unas joyas tasadas en 1,3 millones de euros que guardaba en su despacho y cuyo origen no ha acreditado ante el magistrado. Zapatero niega los cargos y no ha sido condenado. González instó a su sucesor al frente del PSOE a que las «devuelva cuanto antes», a la espera de que «explique lo que tenga que explicar» en una futura declaración ante el juez, sin fecha prevista.
Para ilustrar su posición, González detalló el criterio que aplicó su propio Gobierno respecto a los regalos de Estado recibidos de países árabes y orientales. «Nosotros no teníamos legislación para eso y tampoco hacía falta», explicó, describiendo cómo al salir del Gobierno elaboró una lista de obsequios de valor que quedaron depositados en las galerías del Consejo de Ministros. «Me consta que ministros de mi Gobierno que recibieron regalos de esa naturaleza lo dejaron en el sitio; algunos están irritados con Miguel Sebastián», apostilló, en referencia al exministro de Industria del Gobierno de Zapatero. A diferencia de González, Pedro Sánchez ha dejado en manos del propio Zapatero la decisión de entregar las joyas a Patrimonio del Estado.
La trama de Tubos Reunidos, otra causa en la Audiencia
En paralelo a las declaraciones de González, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el 6 de mayo y al que tuvo acceso El País señala una nueva trama de presunta intermediación en rescates empresariales durante la pandemia. Según el documento, el grupo formado por Leire Díez —identificada en la investigación como supuesta intermediaria vinculada al PSOE—, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso cobró supuestamente 247.459 euros por mediar en la concesión de un préstamo de 112,8 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos en 2021, en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, y en la posterior gestión de su devolución. Los tres son investigados en fase de instrucción ante la Audiencia Nacional y niegan los hechos que se les atribuyen.
El informe de la UCO señala que entre las gestiones realizadas figuraron labores de intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para que ejercieran presión sobre el Ejecutivo central, lo que «podría haber contribuido» a la concesión del préstamo. De los 247.459 euros supuestamente cobrados, 114.959 corresponderían a la gestión de la concesión inicial y 132.500 a los trabajos posteriores de asesoramiento para la empresa, que habrían sido cobrados directamente por Fernández. El caso se suma a la lista de investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional que tienen como telón de fondo la gestión de los fondos de rescate empresarial desplegados durante la pandemia de la covid-19.
