El expresidente del Gobierno Felipe González declaró que no se atreve a creer las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero y defendió su presunción de inocencia como «indiscutible», pero calificó el auto del juez José Luis Calama de «muy impresionante» y alabó su actuación como «impecable». La doble posición del expresidente más longevo de la democracia española contradice el relato del Gobierno, que ha abandonado el discurso del lawfare pero necesita cuestionar la solidez judicial del auto.
Felipe González recogió el viernes el premio Ana Frank que otorga la Organización de Estados Iberoamericanos y aprovechó las declaraciones a los medios para pronunciarse sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresidente de la democracia española investigado por corrupción. Lo que dijo González fue, en apariencia, un respaldo: «Tengo muchas discrepancias políticas con él, pero eso no lo imagino», afirmó en referencia a las acusaciones que recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Lo que no dijo fue igualmente significativo: en ningún momento cuestionó la actuación del juez ni avaló la tesis de la persecución judicial que algunos miembros del Ejecutivo habían insinuado en los primeros compases del escándalo.
González fue más allá. Calificó el auto de «muy impresionante» y dedicó al magistrado una valoración que difícilmente puede interpretarse como un apoyo al relato del Gobierno: elogió su «actuación de impecabilidad» como juez «de garantías» y lo describió como algo «extraordinariamente respetable». Para un Ejecutivo que lleva días intentando convencer a sus socios y a la opinión pública de que el caso Zapatero es menos sólido que los de Cerdán o Ábalos, el aval de González al instructor resulta más incómodo que su defensa del expresidente imputado.
Un elogio que nadie esperaba
La posición de González tiene un peso político que va más allá de sus palabras concretas. El expresidente, que gobernó España entre 1982 y 1996, lleva años en una situación de distancia creciente respecto a la dirección socialista encabezada por Pedro Sánchez. En el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), González forma parte de lo que el propio partido describe como la vieja guardia —junto a Alfonso Guerra y otros veteranos— que ha ido desafectándose de la línea actual. Que sea precisamente él quien defiende a Zapatero añade una capa de ambigüedad: el respaldo no viene de un aliado incondicional de Sánchez, sino de un crítico que ha cuestionado en numerosas ocasiones la gestión del presidente.
Esa ambigüedad se traslada con precisión al contenido de sus declaraciones. González sostuvo que Zapatero tiene que «ocuparse de defenderse» y explicarse «sobre todo ante la Justicia», una formulación que coloca el peso de la aclaración en el expresidente imputado, no en sus compañeros de partido ni en el Gobierno. Cuando se le preguntó si Zapatero debería dar una rueda de prensa, González fue igualmente cauteloso: «Tampoco lo tienen que estar jaleando para que estos días salga a dar explicaciones», señaló, distanciándose de quienes presionan al expresidente para que hable antes de su comparecencia judicial del 2 de junio.
La presunción de inocencia y sus matices
El argumento central de González es que la presunción de inocencia de Zapatero es «indiscutible» y que el expresidente «no solo tiene derecho legítimo» a ella, «sino también a defenderse». Esta posición coincide formalmente con la del PSOE y con la del propio Sánchez, que expresó en la sesión de control del Congreso su apoyo total a Zapatero. Pero la coincidencia es superficial: González no hace suya la indignación moral del partido ni utiliza el vocabulario de la persecución política. Se limita a enunciar un derecho jurídico universal, el mismo que ampara a cualquier ciudadano imputado, sin añadir el componente de solidaridad política que Sánchez y los dirigentes socialistas han incorporado a su discurso.
Para el Gobierno, ese matiz importa. El Ejecutivo ha abandonado el discurso del lawfare —la tesis de la persecución judicial orquestada por la derecha— porque considera que no conduce a ningún lado, pero necesita que la percepción pública sea que el auto de Calama tiene debilidades probatorias. Los ministros consultados por La Vanguardia han señalado que en el caso Zapatero no hay una pistola humeante comparable a las grabaciones de Cerdán o las conversaciones del exministro José Luis Ábalos. González, en cambio, acaba de decir públicamente que el auto le parece «muy impresionante» y que el juez ha actuado con «impecabilidad». Esa valoración, pronunciada por el expresidente socialista con mayor autoridad institucional, no es la que el Gobierno necesita en este momento.
La vieja guardia ante el caso
La intervención de González se inscribe en un patrón más amplio. La imputación de Zapatero ha provocado reacciones muy diferentes dentro del mundo progresista. Sumar, que forma parte del Ejecutivo, calificó lo conocido de «políticamente catastrófico» por boca de su diputado Enrique Santiago. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), resumió el sentir de una parte de la izquierda con una frase descarnada. La vieja guardia socialista, representada por González, ha elegido un camino diferente: ni la defensa cerrada del partido ni la ruptura abierta, sino un apoyo a la presunción de inocencia combinado con un respeto explícito a la institución judicial que investiga al expresidente. Es una posición que incomoda al Gobierno precisamente porque no puede ser descartada como un ataque de la derecha ni celebrada como un respaldo inequívoco.
