El líder del Partido Popular reclama el retorno a Marruecos de todos los migrantes que entraron durante la avalancha, incluidos los menores, y Juan Jesús Vivas se alinea con esa posición. El choque con el Gobierno convierte ahora la protección de niños y adolescentes en el principal campo de batalla de una crisis en la que las exigencias políticas de devolución chocan con garantías jurídicas que obligan a examinar individualmente cada caso.
Alberto Núñez Feijóo ha elevado un grado más la posición del Partido Popular ante la crisis de Ceuta. Durante su visita a la ciudad autónoma, el dirigente conservador reclamó la devolución a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente los días 30 y 31 de julio e insistió expresamente en que esa exigencia incluye a los menores. «Y cuando digo todos, digo todos», afirmó. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, tradicionalmente en posiciones más moderadas sobre inmigración, asumió el mismo planteamiento y rechazó como solución el traslado de menores a la Península.
La cuestión decisiva es que una reclamación política de retorno no equivale jurídicamente a una expulsión colectiva. La normativa española obliga a determinar individualmente la situación de los menores y a preservar su interés superior. El Derecho europeo contempla también retornos a terceros países, pero sujetos a garantías sobre la recepción y protección del niño. La Comisión Europea ha defendido que quienes permanezcan irregularmente en Ceuta puedan retornar a Marruecos, incluidos menores, siempre bajo esas condiciones. El problema no es, por tanto, si existe jurídicamente la posibilidad de retorno, sino cómo, en qué circunstancias y con qué garantías se lleva a cabo.
Quinientas niñas en el centro del conflicto
El choque se ha concentrado en unas 500 niñas que el Ministerio de Juventud e Infancia pretende trasladar urgentemente a la Península. La fórmula diseñada mantiene la tutela en manos de Ceuta y encomienda su cuidado a organizaciones especializadas, evitando inicialmente transferirla a las comunidades autónomas. Parte de estas menores tiene entre nueve y 17 años y algunas presentan situaciones de especial vulnerabilidad. El objetivo inmediato es sacarlas de unas instalaciones y unas calles donde el sistema ordinario de protección ceutí está completamente desbordado.
Sira Rego considera una «barbaridad» plantear una devolución indiscriminada. La ministra sostiene que hay menores sin familia o procedentes de situaciones de violencia y abuso, por lo que no puede presumirse que regresar a Marruecos garantice automáticamente su interés superior. Feijóo y Vivas argumentan, por el contrario, que Marruecos debe asumir la responsabilidad sobre sus nacionales. El presidente ceutí ha recurrido a una comparación deliberadamente política: si el país vecino es un socio válido para organizar junto con España y Portugal el Mundial de fútbol de 2030, también debe serlo para «hacerse cargo de sus menores».
Del control migratorio a la pugna partidista
La posición de Feijóo supone un acercamiento a postulados que Vox había convertido en uno de los elementos centrales de su discurso migratorio. La diferencia es relevante porque el reparto de menores había provocado anteriormente fuertes enfrentamientos entre ambas formaciones. Ahora es el propio PP quien reclama una devolución generalizada, mientras el Gobierno rechaza cualquier procedimiento colectivo. La experiencia de la crisis de 2021 es además una advertencia jurídica: actuaciones realizadas entonces para devolver centenares de menores terminaron siendo censuradas judicialmente.
El endurecimiento se extiende al lenguaje. Feijóo ha hablado de una ciudad española «invadida», ha contrapuesto la protección de las niñas migrantes con la de las niñas españolas de Ceuta y sostiene que solicitar asilo no puede equipararse a entrar irregularmente en masa. Son marcos que desplazan el debate desde la gestión de una emergencia hacia categorías de soberanía, seguridad y amenaza. Al mismo tiempo, Feijóo ha confrontado directamente con Rabat después de las declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, sobre Ceuta, para advertir de que la españolidad de la ciudad «no es negociable».
Una ofensiva política más amplia
La estrategia no termina en los menores. Feijóo ha presentado siete propuestas que incluyen un mando único, retornos o expulsiones, utilización de recursos europeos, refuerzo fronterizo y un programa económico de 650 millones de euros. También plantea modificar la legislación de extranjería para ampliar el rechazo en frontera a las entradas marítimas. Paralelamente, el PP ha recurrido ante el Tribunal Supremo la negativa de varios ministros a comparecer en el Senado y no descarta acudir al Tribunal Constitucional.
En este último punto, la controversia no puede reducirse a una ofensiva partidista. La Constitución atribuye también al Senado funciones de control del Gobierno y el artículo 110 establece la obligación de los miembros del Ejecutivo de comparecer cuando sean reclamados por las Cámaras. La catedrática de Derecho Constitucional Ana Carmona sostiene que el Gobierno no puede alegar la prevalencia del Congreso para eludir el Senado, aunque cuestiona también la rigidez con la que la Cámara alta ha fijado las comparecencias y reclama lealtad institucional entre ambos poderes.
La crisis de Ceuta entra así en una nueva fase. La discusión inicial sobre cómo pudo producirse una entrada de semejante magnitud ha dado paso a otra sobre qué hacer con quienes permanecen en la ciudad y, especialmente, con los menores. El PP ha decidido ocupar una posición mucho más restrictiva y convertir los retornos en uno de los ejes de su respuesta. Pero la dureza política no elimina los límites jurídicos. Entre reclamar que todos regresen y poder hacerlo legalmente existe un procedimiento individual, especialmente exigente cuando afecta a niños y adolescentes.
