El Congreso de los Diputados acoge este martes un acto presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia para conmemorar que la Carta Magna de 1978 ha igualado los 17.239 días de vigencia de la Constitución de 1876, convirtiéndose en la ley fundamental más duradera de la historia española. La ceremonia estuvo marcada por la ausencia de los grupos parlamentarios independentistas y nacionalistas —aliados clave del Gobierno de Pedro Sánchez— y por el abandono anticipado de Vox, que rehusó compartir el espacio con el Ejecutivo tras el acto solemne.
España celebró este martes un hito sin precedentes en su historia constitucional: la Constitución aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978 igualó los 17.239 días de vigencia de la Constitución de 1876, promulgada durante la Restauración bajo el impulso del entonces presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo. Ese texto, sostenido durante casi medio siglo por el sistema de turnos entre liberales y conservadores conocido como el «turnismo», había ostentado hasta hoy el récord de permanencia entre las nueve constituciones que ha tenido España a lo largo de su historia. Desde las 12:30 horas, el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados acogió la ceremonia institucional bajo el título Nuestra Constitución más longeva, con los discursos de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y del Rey Felipe VI.
El acto reunió en el hemiciclo a diputados y senadores, a representantes de los tres poderes del Estado —incluyendo al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y a la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló—, y a figuras que participaron en el proceso constituyente de 1978. Pedro Sánchez, en su condición de presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la principal fuerza de la oposición, recibieron a los Reyes en el Patio de Floridablanca junto a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán.
Al término de la ceremonia, los Reyes inauguraron la exposición La Constitución Española de 1978: Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades, organizada por el Ministerio de la Presidencia en colaboración con la Agencia EFE, en la que se exhibe, entre otros documentos históricos, el original de la Carta Magna y los ejemplares sobre los que juraron el cargo Felipe VI en su proclamación como Rey y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en 2023.
Un récord que rompe dos siglos de inestabilidad constitucional
La longevidad de la Constitución de 1978 cobra dimensión plena cuando se sitúa en el contexto de una historia constitucional española caracterizada por la brevedad y la fragmentación. Desde el Estatuto de Bayona de 1808 —una carta otorgada por José Bonaparte durante la ocupación napoleónica, carente de legitimidad y de aplicación real— hasta la Constitución republicana de 1931, España acumuló una sucesión de textos fundamentales que en su mayoría duraron menos de una década, derrocados por golpes de Estado, guerras civiles o cambios de régimen. La Constitución de Cádiz de 1812, conocida popularmente como «la Pepa», apenas acumuló seis años de vigencia efectiva pese a su carácter pionero al introducir la soberanía nacional y la división de poderes. La de 1869, que por primera vez reconoció el sufragio universal masculino, no sobrevivió al fracaso del Sexenio Democrático.
La Carta Magna de 1978 rompió ese ciclo. Aprobada con un respaldo del 88,54% de los votos en referéndum —aunque con una abstención notable, especialmente en el País Vasco—, consolidó en España un sistema parlamentario, un Estado de Derecho y una monarquía constitucional que han garantizado la alternancia en el poder durante casi cinco décadas. En palabras del presidente castellanomanchego Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas que expresó su voluntad de asistir al acto, la Transición que alumbró ese texto «fue un método» basado en el consenso y la búsqueda del interés general, «que tendría que seguir vigente» en la política española actual. Su afirmación, pronunciada días antes del acto, fue leída como una crítica implícita a la polarización que caracteriza el debate político presente.
Las ausencias que marcan la ceremonia
El acto institucional del martes estuvo, no obstante, atravesado por una fractura política de primera magnitud. Los grupos parlamentarios de ERC —Esquerra Republicana de Catalunya—, Junts, EH Bildu, el PNV —Partido Nacionalista Vasco— y el BNG —Bloque Nacionalista Galego— anunciaron con antelación su ausencia, argumentando en todos los casos razones de fondo relacionadas con su rechazo a la monarquía o con las limitaciones que el texto constitucional impone al reconocimiento de sus aspiraciones nacionales. El PNV alegó que la Constitución de 1978 no obtuvo el respaldo mayoritario de la sociedad vasca; ERC calificó la monarquía de institución «caduca y corrupta»; el BNG denunció que el texto no reconoce a Galicia como nación; y Junts mantiene rotas sus relaciones con la Casa Real desde el discurso de Felipe VI tras el referéndum unilateral catalán del 1 de octubre de 2017.
La relevancia política de estas ausencias reside en que los cinco partidos forman parte de la mayoría parlamentaria que en su día invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Su rechazo a participar en un acto de Estado presidido por el monarca evidencia las tensiones estructurales que atraviesan esa coalición de gobierno. Vox, por su parte, adoptó una posición diferente: sus diputados asistieron a la ceremonia en el hemiciclo —que consideraron su «lugar de trabajo»— pero abandonaron el Congreso antes del acto posterior para, según sus propias palabras, «no compartir espacio con un Gobierno corrupto».
Una carta magna con solo tres reformas en casi cinco décadas
Más allá del acto institucional, el récord de longevidad de la Constitución de 1978 plantea una paradoja de fondo: un texto que ha permanecido casi intacto en casi cincuenta años de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas. En todo ese tiempo, la Carta Magna ha sido reformada en únicamente tres ocasiones. La primera, en 1992, por unanimidad, para reconocer el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales, en cumplimiento del Tratado de Maastricht. La segunda, en 2011, en plena crisis económica y a instancias de la Unión Europea, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, en una reforma aprobada exclusivamente con los votos del PSOE y el PP que generó una amplia contestación entre el resto de fuerzas políticas. La tercera, en 2024, con el único voto en contra de Vox, para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» en el artículo 49.
La escasez de reformas no refleja, sin embargo, ausencia de debate sobre la necesidad de actualizar el texto. La cuestión territorial, el modelo de financiación autonómica, el orden de sucesión a la Corona —que aún establece la preferencia del varón sobre la mujer— y los derechos sociales no reconocidos explícitamente en la Constitución han sido objeto de discusión recurrente sin que ninguna propuesta haya prosperado. La dificultad del procedimiento de reforma —que exige mayorías cualificadas de dos tercios en ambas cámaras— y la falta de consenso entre los principales actores políticos han convertido la Constitución en un texto extraordinariamente estable, aunque también, en opinión de sus críticos, en un marco normativo que muestra sus límites ante los desafíos del siglo XXI.
