La consejera Elena Hernáez aplica la ley de Amnistía a los 35 encausados por el uso de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la acción exterior, entre ellos Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras. La decisión llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descartara cualquier perjuicio para las arcas comunitarias, y desactiva una reclamación de 3,1 millones que pesó durante años sobre el patrimonio de exdirigentes y funcionarios.
El Tribunal de Cuentas ha cerrado la vía contable abierta contra los responsables del procés. La consejera Elena Hernáez aplicó este miércoles la ley de Amnistía a los 35 encausados por el uso de fondos públicos en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 (1-O) y en la acción exterior de la Generalitat. Entre ellos figuran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras. La resolución tiene 60 folios y La Vanguardia ha tenido acceso a ella. Declara extinguidas sus presuntas responsabilidades contables, levanta las medidas cautelares y cancela los avales depositados.
La decisión pone fin a una larga suspensión. La consejera había paralizado la aplicación de la norma, aprobada en 2024, para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si los hechos afectaban a fondos comunitarios. La respuesta de Luxemburgo llegó en julio y fue negativa. Despejó así el último obstáculo jurídico que frenaba la amnistía en este ámbito. Con ella cae también uno de los argumentos más repetidos por sus detractores, la supuesta incompatibilidad de la ley con el derecho europeo, al menos en lo que respecta a los intereses financieros de la Unión.
Luxemburgo descarta el perjuicio europeo
La cuestión prejudicial planteaba dos dudas. La primera era si el procés había perjudicado de algún modo los fondos europeos. La segunda era si, en ese caso, la amnistía contravenía una norma de rango superior. El TJUE concluyó que el 1-O no lesionó los intereses de la Unión. Añadió que tampoco los habría lesionado una hipotética independencia de Cataluña. Su razonamiento es sencillo. Una Cataluña fuera de los tratados dejaría de aportar recursos al presupuesto comunitario, pero tampoco seguiría recibiendo sus beneficios.
La consejera traslada ese criterio a su resolución. No ha quedado acreditada una afectación a los intereses financieros de la Unión, así que los gastos reclamados entran en el ámbito del artículo 1.1 de la ley de Amnistía. Por ello, concluye el texto, «procede declarar extinguidas las presuntas responsabilidades contables». La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya había respaldado la aplicación de la norma. Antes había reclamado en el procedimiento la devolución de 3,1 millones de euros por los gastos del referéndum y por la acción exterior desarrollada a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).
Avales liberados y 35 nombres
La resolución libera también las garantías aportadas durante el proceso. El Institut Català de Finances (ICF) avaló las presuntas responsabilidades de los encausados con un total de 4.283.438,23 euros, una cantidad que queda ahora sin objeto. Los 35 encausados habrían tenido que abonar las cantidades reclamadas si se hubiera dictado sentencia antes de la publicación de la ley. Para ellos y para sus familias, la causa supuso durante años una amenaza directa sobre su patrimonio.
Además de Puigdemont, Mas y Junqueras, la lista incluye a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Antoni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Francesc Homs, Neus Munté y Andreu Mas-Colell. También quedan amnistiados cinco exsecretarios de distintos departamentos, tres exdirectores y 15 exdelegados de la Generalitat en el exterior. La extensión de la lista muestra hasta dónde llegó la ofensiva contable. No se limitó a la cúpula política y alcanzó a altos cargos de la Administración y a representantes institucionales en distintas regiones del mundo.
El independentismo habla del fin de la persecución
El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, presentó la decisión como una «victoria clara del independentismo». A su juicio, acaba con la persecución sobre el patrimonio de muchas personas y familias. Turull habla además como parte afectada, ya que figura entre los 35 encausados. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se expresó en términos parecidos en un comunicado. Lo definió como «una buena noticia, esperada desde hace demasiado tiempo», y recordó la incertidumbre que la causa proyectó durante años sobre los afectados.
Para ERC, ese sufrimiento equivale ya a «una condena anticipada». El expresidente Artur Mas fue en la misma línea. «Finalmente se acaba una etapa de la represión y de la persecución», afirmó, en referencia a quienes defendieron un proyecto político que, según subrayó, siempre se basó en valores democráticos y mayorías parlamentarias.
La resolución cierra uno de los frentes económicos más duraderos del procés. Confirma también que la justicia europea no respalda la lectura más restrictiva de la amnistía. Al margen de su recorrido procesal, el fallo muestra que el temor a un choque con Bruselas carecía de base en este terreno. La consulta a Luxemburgo había mantenido en suspenso desde 2024 la aplicación de una ley aprobada por las Cortes.
