El Tribunal Supremo rechazó suspender cautelarmente el decreto de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha recibido ya 549.546 solicitudes desde su apertura en abril. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó los argumentos de la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones de ultraderecha que pedían paralizar el proceso, y expulsó a estas últimas del procedimiento por falta de legitimación.
El Tribunal Supremo (TS) acordó que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes siga en marcha mientras el alto tribunal resuelve sobre el fondo de los recursos presentados contra la norma. La decisión, adoptada tras tres horas de deliberación por siete magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, supone el segundo rechazo consecutivo del TS a los intentos de paralización: en abril ya había denegado una suspensión de urgencia solicitada por las mismas organizaciones. El decreto, aprobado en Consejo de Ministros en abril, tiene como objetivo incorporar al sistema legal a personas en situación irregular que residían en España antes del 1 de enero de 2026 y pueden acreditar al menos cinco meses de estancia en el país.
Los datos aportados durante la vista por la Abogacía del Estado revelaron la magnitud del proceso: el Gobierno ha recibido 549.546 solicitudes desde que el plazo se abrió el 16 de abril, una cifra que supera ya la previsión inicial de 500.000 beneficiarios. De ese total, 146.675 expedientes han sido tramitados y 91.905 han superado el filtro de admisión. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, precisó que la diferencia entre ambas cifras responde a casos pendientes de revisión y confirmó que el proceso «se está desarrollando con total normalidad».
Medio millón de solicitudes en cinco semanas
El ritmo de presentación de solicitudes ha caído de forma significativa en las últimas semanas, según señalaron los abogados durante la vista, en parte porque muchos interesados han cursado ya su solicitud aunque les falten documentos —como los antecedentes penales— que pueden aportarse con posterioridad. El Gobierno estima que una extrapolación lineal entre las cifras actuales y las semanas que restan hasta el cierre del plazo, fijado para el 30 de junio, podría sumar otro medio millón de solicitudes, aunque advierte de que pueden existir duplicidades en los datos iniciales, tal como ocurrió en la regularización adoptada tras la dana de Valencia de octubre de 2024.
La tramitación se ha encontrado con algunos escollos administrativos. Las cartas con el número de la Seguridad Social, que debían llegar a los domicilios de los solicitantes admitidos a trámite según el calendario previsto, han sufrido retrasos. Semanas después de haber sido admitidas a trámite miles de solicitudes, los primeros envíos postales con ese número —que facilita la incorporación legal al mercado de trabajo, con sus correspondientes cotizaciones y derechos— empiezan a llegar de forma todavía limitada a sus destinatarios.
Los argumentos que el Supremo descartó
La vista reunió a los recursos de la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso, el partido Vox y tres asociaciones de ultraderecha —Hazte Oír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica— que habían reclamado la suspensión cautelar del decreto. El TS negó de entrada la legitimación de las tres asociaciones para recurrir, por lo que sus impugnaciones quedan descartadas sin entrar en el fondo. Respecto a la Comunidad de Madrid y Vox, el tribunal sí reconoció su potestad para litigar, pero desestimó todos los argumentos que esgrimieron para justificar la paralización.
El letrado de la Comunidad de Madrid alegó que la regularización generará una demanda abrupta de servicios públicos. «Son personas que van a ser demandantes de prestaciones, por lo que esos servicios se tienen que redimensionar de forma abrupta o se va a causar un conflicto social», sostuvo. El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé se puso la toga para representar jurídicamente a su partido y mantuvo que el decreto implica la «entrada» de miles de inmigrantes. La Abogacía del Estado rechazó de plano esa lectura: «Aquí no hablamos de entrada sino de personas que a 1 de enero de 2026 estaban en España», recordó el representante de los servicios jurídicos del Estado, que calificó los argumentos contrarios de basarse en «fuentes abiertas» y datos no contrastados.
La tramitación, entre retrasos y derechos pendientes
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita a Migrantes se opusieron también a la suspensión y aportaron argumentos en sentido contrario. El representante del Servicio Jesuita reprochó al Gobierno de Ayuso una posición que consideró contraria a la protección de la salud pública: «No entendemos cómo la Comunidad puede no defender el derecho a la salud pública. Ya hemos sufrido con el covid el riesgo de no tener a todo el mundo con acceso a la atención sanitaria», argumentó. La abogada de la APDHE recordó que los solicitantes de asilo —un grupo significativo entre quienes aspiran a regularizarse— ya tienen derecho a la tarjeta sanitaria, y que el resto, una vez regularizados, podrán trabajar y cotizar.
El TS no se pronunció sobre el fondo de los recursos, cuya resolución puede prolongarse durante meses. La decisión del viernes despeja, de momento, el principal riesgo jurídico al que se enfrentaba el proceso: su parálisis antes de que el plazo de solicitudes se cierre a finales de junio. El Gobierno puede así continuar la tramitación de los expedientes mientras el debate político en torno a la regularización sigue abierto, con la Comunidad de Madrid y Vox anunciando que mantendrán sus recursos y que esperan que el Supremo acabe anulando el decreto al resolver sobre el fondo del asunto.
