El Tribunal Supremo estudiará el próximo miércoles la solicitud de suspensión cautelar del decreto de regularización extraordinaria presentada por Hazte Oír, organización que alega que la norma vulnera principios democráticos y el marco de protección familiar. El proceso judicial llega cuando la gestión administrativa del decreto acumula ya sus propias dificultades: apenas el 10,1% de las solicitudes han sido admitidas a trámite y los plazos legales de resolución se están incumpliendo de forma sistemática.
El Tribunal Supremo tiene previsto examinar el miércoles la solicitud de suspensión cautelar interpuesta por la asociación Hazte Oír contra el Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno el pasado 13 de abril. La decisión judicial llega en un momento de máxima incertidumbre para el proceso: la Abogacía del Estado deberá defender ante el alto tribunal la legalidad de una norma que, a juicio de la organización recurrente, no solo excede las competencias del Ejecutivo en materia migratoria, sino que altera de forma estructural la política de extranjería del Estado. La resolución del Supremo determinará si el decreto puede continuar aplicándose mientras se sustancia el recurso de fondo.
Hazte Oír sostiene que el decreto modifica principios democráticos y el denominado marco de protección familiar, argumentos que la organización articula de manera recurrente en sus estrategias de litigio contra políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. La Abogacía del Estado defendió la norma ante el tribunal señalando que se trata de un instrumento dentro de las competencias del Ejecutivo en gestión migratoria, y que su aplicación responde a una necesidad acreditada. El fallo cautelar del miércoles no resolverá el fondo del asunto, pero una eventual suspensión paralizaría de inmediato las admisiones a trámite y dejaría en situación de incertidumbre a decenas de miles de familias que ya han presentado su documentación.
La ofensiva judicial de Hazte Oír
La impugnación del decreto ante el Supremo se inscribe en una estrategia judicial más amplia de Hazte Oír, organización que ha utilizado de forma recurrente los tribunales para contestar políticas migratorias, educativas y de igualdad del Ejecutivo. En este caso, el argumento central descansa en la tesis de que el Real Decreto aprobado el 13 de abril no es una medida de gestión ordinaria, sino una reforma estructural de la política migratoria del Estado que, según la organización, requeriría tramitación parlamentaria. Despachos especializados como Legalteam han sumado su voz a la crítica técnica, denunciando lo que califican de «contrasentido» jurídico y funcional entre el diseño de la norma y su aplicación práctica.
La Abogacía del Estado afrontará la vista del miércoles en una posición de presión institucional doble. Por un lado, deberá acreditar ante el Supremo que el decreto no sobrepasa los límites competenciales del Ejecutivo ni vulnera garantías constitucionales. Por otro, los datos reales de aplicación de la norma —con tasas de admisión que apenas superan el 10%— ofrecen a los recurrentes un argumento adicional: que el propio funcionamiento del sistema revela las dificultades de fondo que la norma arrastra desde su aprobación.
Un sistema al borde del colapso
Al margen de la batalla judicial, la aplicación práctica del decreto acumula sus propias tensiones. Las cifras disponibles revelan que solo el 10,1% del total de solicitudes presentadas ha sido admitido a trámite, y que los plazos legales de 15 días para la resolución inicial se están incumpliendo de forma generalizada. Las organizaciones de apoyo a personas migrantes trabajan en turnos de 24 horas para presentar el mayor número posible de expedientes antes de que el Supremo se pronuncie. El temor a que una suspensión cautelar congele el proceso ha acelerado la presentación de solicitudes, lo que a su vez agrava la saturación de los registros administrativos.
El problema más crítico identificado por las organizaciones especializadas afecta a la afiliación a la Seguridad Social. El Gobierno asegura que el decreto permite trabajar de forma inmediata desde el momento de la solicitud, pero la realidad administrativa es que los solicitantes no están recibiendo su número de afiliación de oficio, lo que les impide ser contratados legalmente. Esta brecha entre el diseño regulatorio y su ejecución real sitúa a miles de personas en una zona gris: con derecho reconocido sobre el papel, pero sin acceso efectivo al mercado laboral mientras la burocracia no resuelve sus expedientes.
La cuenta atrás del miércoles
La coincidencia entre la saturación del sistema y la inminencia del pronunciamiento judicial convierte el miércoles en una fecha crítica para el proceso. Si el Supremo acuerda la suspensión cautelar, el decreto quedará paralizado de manera inmediata y las familias con solicitudes en curso verán interrumpido su procedimiento. Si la deniega, el Gobierno podrá continuar aplicando la norma mientras avanza el recurso de fondo, aunque los problemas de gestión seguirán pendientes de solución al margen de lo que decida el tribunal.
El Ejecutivo ha defendido desde la aprobación del decreto que la regularización extraordinaria responde a una necesidad real y que sus efectos sobre el mercado laboral y el sistema de Seguridad Social serán positivos a medio plazo. La oposición, encabezada por el Partido Popular (PP) y Vox, ha cuestionado la legalidad y la oportunidad de la medida desde el primer momento. La decisión que adopte el Supremo el miércoles no cierra ese debate político, pero sí determina si el decreto puede seguir desplegando efectos mientras la controversia jurídica se resuelve en los tribunales.
El decreto, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, afecta a permisos de residencia, trabajo y acceso a prestaciones para migrantes en situación irregular con arraigo demostrable en el territorio español. Su tramitación como real decreto —y no como proyecto de ley— es precisamente el eje sobre el que gira el recurso de Hazte Oír. La organización considera que la trascendencia de la norma exigía un proceso parlamentario que el Gobierno optó por eludir. El Supremo deberá pronunciarse sobre si esa tesis tiene el peso suficiente para justificar una suspensión mientras el debate de fondo sigue su curso.
