El Tribunal Supremo impuso ayer al exministro de Transportes José Luis Ábalos una condena de 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso Koldo. El asesor ministerial Koldo García recibió 19 años y ocho meses. El empresario Víctor de Aldama, considerado el corruptor de la trama, fue condenado a cuatro años y medio pero quedó en libertad en virtud de su colaboración con la justicia, calificada por los magistrados como «muy cualificada».
El Tribunal Supremo dictó ayer una sentencia unánime en el primer juicio del caso Koldo que condena al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, con un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y medio. El fallo, de 224 páginas, establece que Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama actuaron de forma concertada para obtener beneficios económicos a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, en particular del suministro de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.
La sentencia, de la que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, supera en tres meses la pena que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el exministro. Koldo García, quien dio nombre al caso al actuar como asesor y enlace entre Ábalos y Aldama, recibió 19 años y ocho meses de cárcel, con un máximo de cumplimiento de 15 años. Ambos deberán ingresar en prisión. El tercer condenado, Aldama, quedó en libertad en el propio Supremo tras conocerse el fallo, al quedar su pena en suspenso sujeta a condiciones.
La pena más alta para un exministro en democracia
La condena de Ábalos es la más severa impuesta a un exministro desde el restablecimiento de la democracia en España. Para encontrar un punto de comparación dentro del propio Supremo, hay que remontarse al juicio del procés: la pena más alta en aquel proceso recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras, con 13 años, casi la mitad de los impuestos ahora al exministro. El tribunal considera probado que Aldama mantuvo a sueldo a Ábalos y a García entre octubre de 2019 y junio de 2022, con pagos mensuales de 10.000 euros, además de otras contraprestaciones en especie.
Entre los hechos que la sala da por acreditados figuran el arrendamiento de un piso en el Paseo de la Castellana a precio muy inferior al de mercado, el alquiler de una vivienda en la Plaza de España para la entonces pareja del exministro, Jésica Rodríguez, y una semana de vacaciones en un chalé de Marbella cuyo coste fue sufragado por el empresario. El tribunal también da por probado que dos mujeres vinculadas a Ábalos fueron colocadas en empresas dependientes del Ministerio de Transportes, conducta por la que condena al exministro y a García por un delito de malversación. El total de beneficios en cohechos asciende, según el fallo, a 430.298 euros.
Aldama libre gracias a su colaboración
El tratamiento más favorable de la sentencia corresponde a Aldama. El Supremo condenó al empresario por cuatro delitos —organización criminal, cohecho continuado y dos cohechos simples—, pero ninguna de las penas individuales supera los dos años de prisión, lo que abre la vía a la suspensión de la condena. Los magistrados apreciaron por unanimidad la atenuante de colaboración de forma «muy cualificada» y exoneraron a Aldama de entrar en un centro penitenciario, siempre que no reincida en cinco años, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
El tribunal también absolvió a Aldama del delito de aprovechamiento de información privilegiada, con el que la Fiscalía le reclamaba una multa adicional de 3,7 millones de euros. Los magistrados argumentaron que, dado el contexto de la pandemia, la necesidad de mascarillas era pública y notoria, por lo que no cabía hablar de información privilegiada. A la salida del Supremo, el empresario declaró estar «satisfecho con la sentencia» y añadió: «Espero que los demás que vienen detrás colaboren». La sentencia deja abiertas varias líneas de investigación en la Audiencia Nacional en las que el testimonio de Aldama puede resultar determinante.
La oposición y los socios, divididos
Las reacciones al fallo evidenciaron lecturas dispares. El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afirmó que «Sánchez no puede continuar un minuto más como presidente» y descartó al mismo tiempo la moción de censura como instrumento inmediato. Fuentes de la Moncloa trasladaron una reprobación «sin matices» al comportamiento de los condenados, aunque sin mencionarlos por su nombre; el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó un mensaje en redes sociales en el que ironizó sobre los beneficios concedidos a Aldama, calificando la sentencia de «tremendamente aleccionadora».
Entre los socios del Gobierno, las reacciones fueron más incómodas para el Ejecutivo. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, preguntó públicamente «¿aguantar para qué?» y cuestionó el contenido político que resta a la legislatura. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, calificó de «vergüenza» y «escándalo» que Aldama no ingresara en prisión. Desde la ultraderecha, el presidente de Vox, Santiago Abascal, publicó un vídeo en el que pronosticó que Pedro Sánchez acabaría también procesado. El PP descartó formalmente la moción de censura, una posición que el Gobierno utilizó de inmediato para relativizar el alcance político de la jornada.
La sentencia incluye también un alegato de ocho páginas sobre la corrupción que el tribunal sitúa al inicio de los fundamentos de derecho, antes de entrar en el análisis jurídico del caso. Los magistrados advierten de que la corrupción «erosiona los fundamentos del Estado democrático» y produce «una pérdida de legitimidad institucional». El fallo señala que varios imputados en causas abiertas en la Audiencia Nacional —entre ellos Santos Cerdán, Jésica Rodríguez e Isabel Pardo de Vera— aparecen mencionados en los hechos probados, lo que complica la estrategia de defensa de quienes aún no han sido juzgados. Todos ellos niegan los cargos que se les atribuyen y no han sido condenados.
