La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha desencadenado para el Partido Socialista Obrero Español el inicio de su peor tramo judicial de la legislatura. En menos de un mes confluyen la declaración de Zapatero ante el juez, el juicio al hermano del presidente, la sentencia del caso de las mascarillas, los avances en la causa contra Santos Cerdán y el caso de Begoña Gómez. El partido llega a ese ciclo dividido entre la defensa cerrada de su dirección y la cautela de varios barones territoriales.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) afronta el tramo final del curso político con una acumulación de causas judiciales sin precedentes en la presente legislatura. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra ha precipitado un calendario en el que, entre el jueves próximo y el 27 de junio, fecha del comité federal del partido, se concentran al menos seis hitos procesales de primer orden. La dirección socialista, que hasta el domingo intentaba relativizar el resultado de las elecciones andaluzas, ha tenido que abandonar ese ejercicio de gestión del relato para enfrentarse a una realidad judicial que no admite encuadre favorable.
El 2 de junio es la fecha que más inquieta en Ferraz. Ese día, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama espera la comparecencia de Zapatero como investigado. No es una fecha cualquiera para el partido: coincide con el octavo aniversario de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente tras la moción de censura a Mariano Rajoy por la condena del caso Gürtel. La simetría, involuntaria, condensa el estado de ánimo de una organización que ha pasado de gestionar victorias institucionales a administrar una crisis judicial de carácter acumulativo.
Un junio sin tregua
El juicio por el presunto enchufe del hermano del presidente, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz arranca el próximo jueves. Su declaración está prevista para el 4 de junio, en la Audiencia Provincial de esa ciudad. En la misma semana comparecerá Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución y ex secretario general del PSOE extremeño, que dimitió en diciembre tras el peor resultado de los socialistas en su histórico feudo. «Vamos a revivir el drama, con lo bien que habíamos cerrado su relevo», lamenta una dirigente de la federación regional, en referencia al proceso interno que culminó con la elección de Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo líder.
La sentencia del caso de las mascarillas, con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García en prisión preventiva desde finales del año pasado, se prevé para mediados de junio. El fiscal Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García. La dirección del partido teme que el fallo llegue antes del comité federal del 27 de junio, lo que cerraría el curso político con un revés de máxima visibilidad mediática. «Hace un año la máxima era resistir, aguantar hasta el parón del verano. A ver cómo se nos dan esta vez junio y julio», reconoce un miembro de la cúpula socialista.
La fractura interna
Las respuestas a la imputación de Zapatero han revelado una línea de fractura dentro del partido. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, optó por la defensa sin matices: «Confío en Zapatero, creo en Zapatero y le defiendo porque le conozco desde hace 26 años», declaró, calificando al expresidente de «persona de comportamiento ético intachable». Otros dirigentes, sin embargo, han optado por la distancia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que «el peor camino es atacar la presunción de inocencia de los jueces y de los fiscales», y reclamó acudir al sistema antes que a la descalificación pública de los instructores.
Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León, fue más escueto: «Ser investigado no es estar condenado». La distinción, jurídicamente impecable, no neutraliza el daño político de una causa en la que el auto de imputación sitúa a Zapatero como presunto cabecilla de «una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias». En Ferraz, una parte de la dirección sostiene que la acumulación de causas no es casual y apunta a una convergencia entre la derecha política y la judicial. Esa narrativa tiene escaso recorrido fuera del núcleo militante y choca con la posición de los barones más prudentes.
La ofensiva del PP
El Partido Popular (PP) ha anunciado lo que su portavoz en el Senado, Alicia García, describió como «ofensiva total» en la comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los populares citarán a María Gertrudis Alcázar, secretaria del despacho oficial de Zapatero; a Cristóbal Cano, hombre de confianza del empresario Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante; y a Manuel Aaron Fajardo, definido por el juez como el hombre de Zapatero en Venezuela. La comisión actúa en paralelo a la investigación judicial y amplifica su impacto mediático con independencia del ritmo procesal.
En ese mismo entorno judicial surgió ayer un elemento añadido. El empresario Víctor de Aldama, que declaró ante el instructor del caso de las mascarillas, introdujo en su comparecencia que Zapatero utilizaba teléfonos desechables, sin aportar mayor detalle ni contexto. La afirmación, no corroborada, circuló en medios sin que ninguna fuente judicial la respaldara. Mientras tanto, el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente, imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación. La Unidad Central Operativa (UCO) prepara también un informe sobre el patrimonio del exsecretario de Organización Santos Cerdán, cuya entrega se baraja para las próximas semanas. El PSOE llega al tramo final del curso sin que ninguno de esos frentes haya alcanzado resolución.
