La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra desencadenó el martes una jornada de réplicas enfrentadas. Pedro Sánchez pidió en privado a la dirección del Partido Socialista Obrero Español «orgullo y entereza» y llamó a defender el honor del exdirigente. El Partido Popular exigió responsabilidades inmediatas. La noticia llega dos días después de las elecciones andaluzas y condiciona el arranque de la segunda mitad de la legislatura.
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra convirtió este martes el mapa político español en un escenario de réplicas cruzadas. Pocas horas después de que el juez José Luis Calama levantara el secreto de sumario, Pedro Sánchez envió un mensaje privado a la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pidiendo «orgullo y entereza» y llamando a «defender el buen nombre de un compañero». El Partido Popular (PP) salió de inmediato a exigir responsabilidades sin aguardar al desarrollo del proceso judicial.
La noticia llega en un momento de alta sensibilidad política. Las elecciones a la Junta de Andalucía se celebraron el domingo 17 de mayo, y sus resultados apenas estaban siendo procesados por las formaciones nacionales cuando la imputación de Zapatero copó la agenda informativa. El exjefe del Ejecutivo, que gobernó España entre 2004 y 2011, ha actuado en la última etapa como referente moral del socialismo y aval político informal del Gobierno de Sánchez. Que su nombre figure ahora en un auto judicial de la Audiencia Nacional añade presión sobre el Ejecutivo en el arranque de una segunda mitad de legislatura que ya se preveía exigente.
El Gobierno invoca la presunción de inocencia
La portavoz del Gobierno, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, compareció en rueda de prensa con un mensaje doble: respeto a la justicia y señalamiento al origen de la denuncia. Saiz recalcó que el proceso nació de «una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias», recordando que esa misma entidad presentó la querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, archivada posteriormente. La portavoz apeló a la presunción de inocencia y defendió que la ayuda pública a la aerolínea durante la pandemia «salvaron empresas y salvaron empleos».
Las reacciones de solidaridad se extendieron dentro y fuera del PSOE. El secretario de Política Municipal del partido, Juan Francisco Serrano, advirtió en redes sociales de que «todo esto lo van a pagar en las urnas» y llamó a la militancia a cerrar filas en torno al expresidente y al secretario general. La presidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, la eurodiputada Iratxe García, subrayó que Zapatero «siempre ha representado convivencia, diálogo y avances sociales». El diputado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y el exvicepresidente Pablo Iglesias sumaron también su respaldo al exdirigente.
La ofensiva del PP
El Partido Popular no esperó a conocer los detalles del auto para articular su respuesta. El portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, exigió en redes sociales que el Gobierno diera «explicaciones ya» y describió a Zapatero como «el principal consejero de Sánchez», en una formulación diseñada para trasladar el daño político desde el expresidente hasta el titular del Ejecutivo. La formación conservadora calificó los hechos de «una gravedad extrema» y tendió un puente narrativo entre la imputación del exdirigente y la gestión del conjunto del Gobierno.
La estrategia del PP se apoya en la relación informal que Zapatero ha mantenido con el Ejecutivo de Sánchez en los últimos años. El expresidente ha actuado como interlocutor en escenarios internacionales, incluidas gestiones en América Latina y en el conflicto venezolano, sin cargo oficial ni mandato parlamentario. Esa condición de asesor extraoficial, combinada con los vínculos que el auto del juez Calama describe entre Zapatero y el entorno empresarial de Plus Ultra, es el terreno en que el PP busca ampliar el alcance político del caso más allá del plano estrictamente judicial.
Manos Limpias y el origen de la causa
La investigación tiene su antecedente procesal en una querella presentada por Manos Limpias, una entidad que se autodenomina sindicato pero que carece del reconocimiento institucional propio de las organizaciones sindicales mayoritarias en España. La misma organización fue la que presentó en 2024 la denuncia contra Begoña Gómez en un proceso que concluyó sin cargos. La querella contra Zapatero tomó como base declaraciones del empresario Víctor de Aldama emitidas en el programa televisivo Horizonte, de Iker Jiménez, y artículos publicados en medios del espectro conservador.
El origen de la denuncia en una organización de la ultraderecha no invalida la investigación judicial posterior. La Audiencia Nacional adoptó la causa de manera autónoma y desarrolló un proceso de instrucción que ha producido, según el auto del juez Calama, indicios de la existencia de una trama organizada. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional analizó movimientos bancarios, contratos y pagos internacionales, y la instrucción ha generado ya registros simultáneos, la citación del expresidente para el 2 de junio y el examen de flujos económicos hacia sociedades constituidas en el extranjero.
La imputación de Zapatero añade una variable de alta carga simbólica a la política española en un momento en que el Gobierno de Sánchez afronta la presión exterior del conflicto de Irán, la digestión del resultado de las elecciones andaluzas y el inicio de una segunda mitad de legislatura que ya se preveía difícil antes de que llegara esta noticia. La próxima cita procesal relevante es el 2 de junio, cuando el exjefe del Ejecutivo declare ante el juez Calama. El contenido de esa declaración, y la lectura que de ella hagan los partidos, determinará en buena parte el tono político de las semanas siguientes.
