El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la moción de Vox que consagraba el principio de «prioridad nacional» en el acceso a prestaciones públicas. El Partido Popular votó en contra pocas horas después de haberlo firmado en el acuerdo de investidura de María Guardiola en Extremadura. La portavoz de la ultraderecha en la Cámara, Pepa Millán, tildó el giro de «incoherente» y advirtió de posibles consecuencias para las negociaciones en Aragón.
El Congreso de los Diputados vivió este miércoles una jornada que condensó en pocas horas la tensión interna del espacio conservador español. La ultraderecha presentó en el pleno una moción que consagraba el principio de «prioridad nacional» en el acceso a prestaciones y servicios públicos, la misma fórmula que el Partido Popular (PP) había suscrito días antes en el acuerdo de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. El PP votó en contra junto al resto de grupos parlamentarios, dejando a Vox sin apoyos en la Cámara.
La votación expone una contradicción que los populares no lograron ocultar durante el debate. La diputada del PP Carmen Navarro se distanció desde la tribuna de los postulados de la ultraderecha e invocó el «marco irrenunciable de la Constitución» como límite para cualquier acuerdo en materia migratoria. Fuentes de Génova precisaron que la posición del partido descansa en el concepto de «arraigo» —el tiempo de empadronamiento y los vínculos reales con el territorio— y no en la preferencia por la nacionalidad de origen como criterio de acceso a los recursos públicos.
Dos textos, dos lecturas del mismo acuerdo
La moción que Vox llevó al pleno iba considerablemente más lejos que el texto firmado en Extremadura. La iniciativa de la ultraderecha incluía la repatriación de todos los extranjeros en situación irregular, la derogación del Real Decreto que garantiza el acceso a la sanidad pública de personas sin residencia legal, y la exclusión del sistema de prestaciones no contributivas de quienes carezcan de documentación. El diputado de Vox Ignacio Hoces defendió desde la tribuna que la obligación de cualquier político español debería ser «defender de manera prioritaria a los españoles».
La distancia entre ambas propuestas explica la enmienda que el PP presentó el martes para modificar la iniciativa antes de la votación. Los populares propusieron sustituir la «prioridad nacional» por la «prioridad del arraigo», introduciendo un criterio vinculado a la residencia y la integración que, a su juicio, no vulnera el ordenamiento jurídico. La formación de Abascal rechazó la transacción. Hoces argumentó que el arraigo «es un coladero de entrada e impide la expulsión del inmigrante delincuente», y subrayó que lo acordado en Extremadura y lo que se debate en el Congreso son planos distintos.
El PP entre la Constitución y sus pactos autonómicos
La votación expone la dialéctica en la que el PP lleva meses instalado. En las comunidades donde depende de Vox para gobernar —Extremadura, Aragón, Castilla y León—, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asumido de forma progresiva un vocabulario y unas premisas que en el plano nacional trata de matizar o rechazar. Navarro subrayó que el debate sobre esta cuestión «requiere de seriedad», pero no ofreció una explicación sobre por qué el principio aceptado en Extremadura resulta inaplicable en el hemiciclo de la Cámara baja.
La dirección de Génova insistió en que el PP «no es un partido sumiso» y que la diferencia entre ambos textos es sustancial. Para la formación conservadora, el arraigo protege a personas con vínculos reales con el territorio, con independencia del origen, mientras que la «prioridad nacional» de Vox introduce un criterio discriminatorio basado en la nacionalidad. «Ningún extranjero que tenga arraigo se quedará sin servicios públicos», señalaron las mismas fuentes, al tiempo que advirtieron que lo contrario resultaría «ilegal» en el marco normativo vigente.
El Gobierno recurre y Vox amenaza con Aragón
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue una de las primeras en pronunciarse en los pasillos del Congreso. «Quieren quitar la sanidad a las personas migrantes cuando aquí hay sanidad universal», alertó, y anunció que el Ejecutivo impugnará ante los tribunales cualquier norma autonómica que, a su criterio, vulnere derechos fundamentales. La calificación de «racista» y «xenófobo» fue la más empleada por los grupos de izquierda durante la jornada. El diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Mikel Legarda, rechazó la fórmula de la ultraderecha al considerar que sus postulados «chocan con los principios humanistas del cristianismo».
Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, salió del pleno con una advertencia para el PP. El voto en contra de los populares es, a su juicio, «incoherente» con lo suscrito en Extremadura, y no descartó que esa posición pueda «influir» en las conversaciones que ambos partidos mantienen para conformar gobierno en Aragón. «Esperemos que no influya», dijo ante los medios, en una formulación que deja abierta la amenaza. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, respondió que su partido «no basa su acción política en retratar a nadie».
La moción de Vox, al no prosperar, no produce efectos normativos. Es una declaración política sin capacidad de modificar ninguna ley ni de obligar al Ejecutivo a actuar. Su relevancia es de otro orden: fuerza al PP a definirse públicamente sobre un concepto que Feijóo ha preferido mantener en la ambigüedad. La «prioridad nacional», tal como la entiende la ultraderecha, implicaría reformas en la legislación de extranjería y en el sistema de prestaciones de la seguridad social, cambios que requieren mayorías parlamentarias que Vox no posee.
El episodio añade un nuevo elemento de fricción a la relación entre los dos partidos en un momento políticamente delicado. El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP a las elecciones del 17 de mayo, Juan Manuel Moreno Bonilla, declaró este miércoles que le «quitan el sueño el bloqueo de Vox y su ideario político»: una señal de que el ala moderada del centroderecha percibe el coste electoral del vínculo con la ultraderecha. Que la primera crisis entre ambas formaciones estalle en el Congreso el mismo día en que Guardiola asume Extremadura con votos de Vox delimita con precisión el dilema estructural del PP de cara a 2027.
