La abstención de los populares en una moción de Vox sobre la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, votada en el Congreso, pone de manifiesto el viraje del partido en materia migratoria. La votación se produce mientras el PP negocia con la ultraderecha el gobierno de Extremadura y consolida un discurso que endurece su posición sobre la universalidad del sistema sanitario.
El Congreso de los Diputados aprobó el jueves una moción de Vox sobre la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, con el respaldo implícito del Partido Popular (PP), que optó por abstenerse en lugar de votar en contra. La votación se produjo en la misma semana en que el Gobierno de Pedro Sánchez convocó una reunión de negociación en Mérida sobre el futuro del Ejecutivo extremeño, y expone las tensiones internas del PP entre su posición tradicional sobre la universalidad sanitaria y la presión táctica de Vox.
La moción de Vox recogía entre sus condiciones para investir a María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Extremadura la exigencia de «Prioridad de los españoles en sanidad». La formación de Santiago Abascal impulsó un texto que limitaría el acceso de las personas en situación irregular a las urgencias y reservaría la atención de médicos de familia y especialistas para la población española. El Partido Popular (PP) niega que este asunto figurase sobre la mesa en la reunión de Mérida, a la que acudió su secretario general, Miguel Tellado.
La abstención que marcó el debate
La posición del PP en el Congreso se articuló en torno a una distinción que la dirección del partido defiende como línea roja: el rechazo a la sanidad universal pública y gratuita para los extranjeros en situación irregular, tal y como fue restaurada por el Gobierno de Sánchez. Fuentes de la dirección popular sostienen que atender a inmigrantes sin regularizar en atención primaria o con especialistas «tensiona aún más un sistema sanitario que ya está al límite». El PP presentó una enmienda a la moción que recogía demandas dirigidas al Ministerio de Sanidad.
La enmienda popular no incluía, sin embargo, el apartado sobre «prioridad nacional en el acceso sanitario», lo que motivó su rechazo por parte de Vox. El PP no votó en contra del texto íntegro y se abstuvo. Durante el debate en el Congreso, la diputada popular Esperanza Reynal sostuvo que «la sanidad española debe dar acceso a quien lo precise», pero añadió que «no podemos hacer de la irregularidad un derecho» y calificó la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez de «un desastre».
El endurecimiento progresivo del PP
El PP ha ido endureciendo de manera progresiva su posición en materia migratoria a medida que Vox crecía en los sondeos. En octubre del año pasado, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, presentó su propio plan sobre inmigración con 11 medidas concretas. En ninguna de ellas aparecía referencia explícita a la atención sanitaria de los inmigrantes en el sistema de salud. La cuestión se abordaba, en cambio, en sus proclamas públicas, en actos de partido y en las ruedas de prensa convocadas al efecto.
El documento marco que Génova —denominación con la que se conoce la sede central del PP en Madrid— diseñó para orientar sus negociaciones con Vox en los gobiernos autonómicos tampoco incluía mención explícita a inmigrantes en materia sanitaria. Sí recogía una caracterización del fenómeno: el texto afirma que «La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables» y censura que el Gobierno responda con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho. Esta formulación establece el marco discursivo en el que el PP busca posicionarse sin adoptar formalmente las posiciones más radicales de la ultraderecha.
El marco de la negociación en Extremadura
La votación del Congreso se produce en un momento de tensión en las negociaciones entre el PP y Vox para el gobierno autonómico de Extremadura. Apenas media hora después de celebrarse la cumbre de Mérida, Vox envió un comunicado a los medios enumerando sus condiciones al PP. La formación de Abascal hace valer su aumento de votos para prolongar el bloqueo e intentar extender los requisitos ya enunciados en Extremadura a otras comunidades como Aragón y Castilla y León, donde el PP también gobierna con el concurso de la ultraderecha.
Desde Génova, el PP defiende que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y que cualquier decisión deberá adoptarse bajo el paraguas del ordenamiento jurídico estatal, lo que en la práctica limita el margen real de los acuerdos con Vox en este ámbito. Esta posición le permite al PP asumir el discurso sin asumir necesariamente las consecuencias jurídicas inmediatas. La negociación avanza, no obstante, en un terreno donde la frontera entre la presión electoral y la política pública se estrecha con cada nueva ronda de conversaciones.
La abstención del jueves condensa la estrategia del PP en materia migratoria: marcar distancia respecto a la posición más radical de Vox sin confrontar abiertamente sus postulados. El resultado es una posición de equilibrio que satisface parcialmente a la ultraderecha —que logra instalar el debate sanitario en la agenda nacional— y otorga al PP un margen discursivo para no alinearse formalmente con la restricción. Lo que está por ver es si ese equilibrio resulta sostenible a medida que se acercan las elecciones andaluzas del 17 de mayo y, más allá, las generales de 2027.
