La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, elevó el tono de la confrontación política al afirmar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería haber dimitido «hace tiempo». Los populares solicitaron la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso para informar sobre la seguridad ferroviaria tras los accidentes en Adamuz. Por su parte, Vox presentó una querella contra el presidente de Adif, Pedro Marco, y su antecesora, Ana Pardo de Vera, por un presunto delito de homicidio imprudente. El Gobierno respondió reivindicando un incremento del 43% en la inversión para mantenimiento de la red.
La tregua política tras los accidentes ferroviarios en Adamuz se rompió ayer definitivamente. El Partido Popular elevó el tono al solicitar la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso para informar sobre la seguridad ferroviaria tras los accidentes mortales del pasado domingo. La portavoz del PP, Ester Muñoz, afirmó que esta comparecencia debe celebrarse «la semana que viene» porque «Pedro Sánchez es el presidente de un gobierno que gestiona las vías férreas por donde ha habido tres accidentes, con muchos muertos». Muñoz justificó esta exigencia señalando que el PP necesita reunir como mínimo 176 firmas para conseguir que Sánchez comparezca, y se va a poner en contacto con otros grupos parlamentarios para lograrlo.
Además de la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, el PP también solicitó la presencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco. Según la portavoz popular, Óscar Puente «debería haber dimitido hace tiempo» y necesita comparecer ante una auditoría independiente de la red ferroviaria. Las declaraciones de Muñoz representan un cambio significativo en el discurso del partido, que hasta ahora había mantenido cierta contención retórica tras la tragedia. La portavoz argumentó que tras los recientes accidentes ferroviarios, el Gobierno debe rendir cuentas sobre el estado del mantenimiento de las infraestructuras y las medidas de seguridad implementadas en la red española.
Ester Muñoz exige la dimisión de Óscar Puente
La portavoz del PP desarrolló su ofensiva argumentando que el Gobierno no puede eludir responsabilidades políticas tras la sucesión de accidentes ferroviarios registrados en España. «Pedro Sánchez es el presidente de un gobierno que gestiona las vías férreas por donde ha habido tres accidentes, con muchos muertos», declaró Muñoz en referencia no solo al siniestro de Adamuz sino también a otros incidentes previos en la red ferroviaria española. La dirigente popular insistió en que la comparecencia del presidente debe producirse en el marco de un pleno extraordinario, con el máximo nivel de solemnidad institucional, y no en una simple comparecencia en comisión parlamentaria que consideró insuficiente dada la gravedad de los acontecimientos.
Sin embargo, no todos los líderes del PP comparten esta subida de tono. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desmarcó de las declaraciones de la portavoz nacional al advertir que «hace tres horas que hemos extraído dos cadáveres. No soy quien para cuestionar lo que haga un partido. Yo habría esperado para que se investigue». Moreno Bonilla también se desmarcó públicamente al asegurar que «tiempo habrá para que se investigue» el siniestro ferroviario de alta velocidad en España. Esta divergencia evidencia tensiones internas en el partido sobre el momento apropiado para intensificar la presión política sobre el Gobierno, con los dirigentes territoriales mostrando mayor prudencia que la dirección nacional ante una tragedia que aún tiene víctimas hospitalizadas en estado crítico.
Vox querella por homicidio imprudente
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció ayer la presentación de una querella ante el juzgado de guardia en Córdoba contra el actual presidente de Adif, Pedro Marco, y su antecesora, Ana Pardo de Vera, por un presunto delito de «homicidio imprudente por negligencia». Garriga justificó esta acción legal señalando que el sistema ferroviario español está «gestionado por inútiles», en referencia directa a los máximos responsables de la gestión de las infraestructuras ferroviarias. El dirigente de Vox acusó además al gobierno de Adif de haber cometido un presunto delito de «infracción muy grave de deber de cuidado», de «prevaricación en la modalidad de omisión», y de «malversación de caudales públicos», entre otros cargos que la formación incluirá en su querella.
En rueda de prensa, Garriga afirmó: «Exigimos que los responsables de esta gestión criminal se sienten en el banquillo». El secretario general de Vox también solicitó la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que explique la situación del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias de toda España. Además, Garriga anunció que Vox presentará medidas cautelares para «preservar pruebas» y evitar que se produzcan alteraciones en la documentación técnica relacionada con el mantenimiento de las vías donde se produjo el accidente. La querella, según explicó el dirigente de Vox, incluirá documentación técnica sobre el estado de conservación de la infraestructura y los informes de inspección realizados en los años previos al siniestro para determinar si existió negligencia en el mantenimiento preventivo.
43% más inversión en mantenimiento desde 2018
El Gobierno respondió a las acusaciones de la oposición divulgando ayer un informe en el que sostiene que desde 2018 la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria se ha incrementado sustancialmente. Según los datos oficiales, entre 2012 y 2018 se destinaron en promedio 200 millones de euros anuales al mantenimiento de la red de alta velocidad, mientras que entre 2019 y 2023 se han invertido en promedio cerca de 400 millones de euros al año, lo que representa un aumento del 43%. El Ejecutivo destaca que el gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad por kilómetro de vía también aumentó en un 43% desde 2018, refutando así las acusaciones de desmantelamiento o abandono de las infraestructuras ferroviarias.
El informe gubernamental señala además que durante el periodo 2012-2018 la tasa media de accidentes en ferrocarril era también «inferior» a la del periodo 2002-2012, intentando demostrar una tendencia histórica de mejora en la seguridad ferroviaria española con independencia del color político del gobierno. El Ejecutivo argumenta que España mantiene uno de los sistemas ferroviarios más seguros de Europa, con tasas de siniestralidad muy inferiores a las del transporte por carretera. Desde 2018 hasta la actualidad, el Gobierno afirma haber multiplicado por diez la inversión en la legislatura en desmontar críticas sobre presunto desmantelamiento de la red, aunque reconoce que el accidente de Adamuz obliga a revisar protocolos y procedimientos de mantenimiento preventivo.
La batalla de las cifras sobre seguridad ferroviaria
El debate político sobre la responsabilidad en el mantenimiento ferroviario se ha convertido en una batalla de cifras y estadísticas entre gobierno y oposición. El PP cuestiona la efectividad real de las inversiones gubernamentales, argumentando que el incremento presupuestario no se ha traducido en mejoras tangibles en la seguridad de las infraestructuras. Los populares señalan que los accidentes ferroviarios registrados en los últimos años, incluido el de Adamuz, evidencian deficiencias estructurales en el sistema de mantenimiento preventivo que no pueden explicarse únicamente por falta de recursos económicos. La oposición reclama auditorías independientes que verifiquen si las inversiones anunciadas por el Gobierno se han ejecutado efectivamente y si han tenido impacto real en la mejora de las condiciones de seguridad de la red.
Vox ha adoptado un enfoque más radical al criminalizar directamente a los responsables de Adif, buscando responsabilidades penales individuales más allá del debate político sobre inversiones y políticas públicas. La estrategia de la formación de Ignacio Garriga pasa por judicializar el asunto y forzar una investigación penal que determine si existió negligencia imputable a personas concretas en la gestión del mantenimiento ferroviario. Esta línea de actuación, más agresiva que la adoptada por el PP, refleja el posicionamiento característico de Vox de convertir los debates políticos en conflictos judiciales, tal como ha hecho en otras controversias con el Gobierno socialista.
El Ejecutivo rechaza cualquier intento de politizar una tragedia que todavía está siendo investigada por las autoridades competentes. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario insisten en que corresponde a la justicia y a los organismos técnicos especializados determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades, y que cualquier instrumentalización política del dolor de las víctimas resulta inaceptable. El Gobierno recuerda que España cuenta con organismos independientes de investigación de accidentes ferroviarios, como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuyas conclusiones técnicas deberían ser el fundamento de cualquier debate político posterior sobre mejoras necesarias en el sistema ferroviario español.
