José María Aznar utiliza su visita a la ciudad autónoma para acusar al Gobierno de debilidad ante Marruecos y reclamar un cambio político en España. El viaje se integra en una estrategia más amplia del PP, que ha pasado de cuestionar la gestión de la avalancha a presentar la crisis como prueba de la subordinación de Pedro Sánchez a Rabat, mientras reclama elecciones anticipadas y eleva la presión sobre un Ejecutivo al que considera agotado.
José María Aznar ha llevado este jueves a Ceuta un mensaje que trasciende la solidaridad con una ciudad sometida desde hace un mes a una crisis excepcional. El expresidente ha utilizado su visita para cargar contra Pedro Sánchez y vincular la avalancha migratoria con lo que considera una política exterior de debilidad ante Marruecos. España, sostuvo, no puede estar «a merced de cualquier extorsión» y necesita recuperar la firmeza en sus relaciones internacionales. Su conclusión resume el marco político que quiso proyectar desde la ciudad autónoma: «La debilidad es y será siempre provocadora».
La visita encaja en una ofensiva del Partido Popular (PP) que ha ido ampliando progresivamente su alcance. Comenzó con preguntas necesarias sobre la anticipación de la avalancha del 30 de julio, la actuación del Gobierno y la información disponible. Después se desplazó hacia la cooperación con Marruecos y, durante los últimos días, hacia una impugnación general de la política exterior de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha llegado a describir al jefe del Gobierno español como «un súbdito más de Marruecos» y ha dejado abierta incluso la posibilidad de una «complicidad» con Rabat, aunque no ha aportado indicios que permitan sostener semejante hipótesis.
Una firmeza construida sobre un mito
La figura de Aznar proporciona al PP un símbolo reconocible para esa estrategia. Durante su mandato se produjo la crisis del islote de Perejil de 2002, cuando España respondió militarmente al desembarco de gendarmes marroquíes y las relaciones bilaterales atravesaron uno de sus momentos más difíciles. La comparación permite contraponer aquella imagen de firmeza con la supuesta debilidad actual. Pero las dos crisis responden a naturalezas distintas. Perejil fue una confrontación territorial entre dos Estados. La avalancha de Ceuta plantea interrogantes sobre la cooperación marroquí, pero hasta ahora no existen pruebas públicas que permitan atribuir al Gobierno de Rabat la organización de la entrada masiva.
También conviene precisar otro elemento incorporado estos días al relato. Aznar nunca visitó oficialmente Ceuta como presidente del Gobierno. Estuvo en la ciudad en febrero de 2000, en plena campaña electoral, para participar en un mitin del Partido Popular, pero no realizó durante sus ocho años en la Moncloa una visita institucional como jefe del Ejecutivo. Félix Bolaños recordó este jueves ese dato en el Congreso frente a quienes utilizan ahora al expresidente como contrapunto de Sánchez. La corrección no resta significado político a su presencia actual, pero sí impide construir retrospectivamente una relación institucional con Ceuta que no existió.
Ceuta en la estrategia de desgaste a Sánchez
La importancia del viaje reside precisamente en el momento escogido. El PP no está utilizando Ceuta únicamente para fiscalizar una gestión concreta. La dirección popular la ha incorporado a su argumento de que la legislatura está agotada y Sánchez debe convocar elecciones. Borja Sémper volvió a reclamarlas este viernes y fuentes de la dirección del partido presentan ya la crisis como otro síntoma de una situación «terminal» del Ejecutivo. Aznar introduce ahora en esa ofensiva su propio capital político y una determinada memoria de las relaciones con Marruecos.
Feijóo había avanzado considerablemente por ese camino. Primero cuestionó qué había fallado en la cooperación bilateral y reclamó reciprocidad. Posteriormente, dirigentes populares señalaron a Marruecos como responsable de la crisis. El presidente del PP ha dado otro paso al poner bajo sospecha la autonomía política del propio Sánchez. También sostiene que un Gobierno presidido por él habría podido evitar la avalancha gracias a la información del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y la Guardia Civil. Es una afirmación imposible de demostrar retrospectivamente y que tampoco resuelve la controversia todavía abierta sobre qué información concreta existía y hasta qué punto permitía anticipar la magnitud de lo ocurrido.
La Corona ha entrado igualmente en esa estrategia. Feijóo asegura estar convencido de que Felipe VI quiere desplazarse a Ceuta y reclama al Gobierno que facilite la visita. Juan Jesús Vivas afirmó, después de ser recibido por el monarca, que este le había trasladado su voluntad de acudir. Pero los desplazamientos del jefe del Estado se coordinan con el Ejecutivo y una visita a Ceuta posee una inevitable dimensión diplomática por las reivindicaciones marroquíes sobre la ciudad. Presentar el asunto como una decisión personal del Rey bloqueada por la Moncloa simplifica esa arquitectura institucional y convierte a Felipe VI en un elemento más de la confrontación partidista.
Hacer política sobre una ciudad en tensión
Nada de ello elimina las preguntas que el Gobierno debe responder. Sigue siendo necesario determinar qué conocían los distintos servicios antes del 30 de julio, por qué Defensa e Interior han ofrecido explicaciones diferentes sobre los avisos del CNI, cómo funcionó la interlocución con Marruecos y por qué algunas decisiones de coordinación tardaron semanas. También corresponde a la oposición fiscalizar la actuación del Ejecutivo y señalar sus errores. El problema aparece cuando las preguntas son sustituidas por conclusiones que todavía no pueden acreditarse o por hipótesis tan graves como una eventual complicidad con un Gobierno extranjero.
La escalada política coincide además con un deterioro de la situación social en Ceuta. Las protestas han dado paso a ataques contra asentamientos de migrantes, intentos de impedir la distribución de ayuda humanitaria y enfrentamientos que obligan a las fuerzas de seguridad a desplegarse para evitar choques entre colectivos. También se han producido agresiones protagonizadas por migrantes, incluida la sufrida por una patrulla militar. En ese contexto, el lenguaje utilizado desde Madrid deja de desarrollarse en un espacio político abstracto. Las palabras «invasión», «extorsión», «arma de guerra» o las insinuaciones de connivencia adquieren otra dimensión cuando una ciudad vive bajo una tensión creciente.
Vox ha llevado más lejos esa retórica, pero el PP ha endurecido también su discurso migratorio. Feijóo reclama el retorno de quienes entraron irregularmente y sus dirigentes presentan cada vez con mayor frecuencia la relación con Marruecos como una prueba de debilidad del Gobierno. El artículo preparado anteriormente sobre esta ofensiva ya mostraba ese desplazamiento desde la fiscalización hacia la sospecha y advertía de la aproximación del discurso popular a algunos marcos utilizados por la ultraderecha. La visita de Aznar añade ahora una imagen de fuerte contenido simbólico y la memoria de Perejil.
Ceuta ofrece al PP motivos suficientes para exigir responsabilidades sin necesidad de convertir las incógnitas en certezas. El Gobierno tendrá que responder por sus decisiones y explicar qué falló antes y después de la avalancha. Pero la oposición ha elegido insertar esa fiscalización en una estrategia más ambiciosa cuyo objetivo declarado es terminar con el Gobierno de Sánchez y forzar elecciones. Aznar ha viajado a una ciudad que nunca visitó institucionalmente cuando presidía España para reforzar precisamente ese mensaje. En una Ceuta sometida ahora a una peligrosa crispación social, la diferencia entre controlar al Gobierno y utilizar políticamente la crisis resulta cada vez más relevante.
