La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, anunció este lunes que los populares presentarán una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por presunto delito electoral. La acción judicial se basa en la supuesta manipulación intencionada de los barómetros del organismo para favorecer al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Gobierno de Pedro Sánchez, vulnerando la legislación electoral vigente.
El Partido Popular (PP) dio este lunes un paso sin precedentes en su prolongada disputa con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al anunciar la presentación de una querella judicial contra su presidente, José Félix Tezanos. El anuncio lo realizó Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional de la formación, en una rueda de prensa celebrada tras el Comité de Dirección del partido. Los populares sostienen que Tezanos ha incurrido en indicios de delito electoral al manipular de forma deliberada los datos de los sondeos para condicionar la voluntad del electorado español.
Gamarra articuló la acusación en términos categóricos durante su comparecencia ante los medios: «Cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación». La dirigente popular argumentó que el organismo ha sido convertido en una herramienta al servicio del Ejecutivo, en detrimento de su función como institución pública independiente. En su criterio, los sucesivos barómetros del CIS presentan desviaciones sistemáticas que no responden a errores metodológicos sino a una voluntad expresa de alterar la percepción ciudadana sobre la correlación de fuerzas entre los principales partidos.
La vicesecretaria popular descartó cualquier explicación basada en la imprecisión estadística: «No puede haber tantos errores sin corregir; eso es intención, no casualidad». Gamarra señaló que los últimos barómetros del organismo sitúan al Partido Socialista Obrero Español con una ventaja superior a ocho puntos porcentuales sobre el PP, una diferencia que los populares consideran incompatible con otras encuestas publicadas por demoscópicas privadas. A su juicio, el objetivo de esa distorsión sería inflar los resultados del partido gubernamental para influir en la opinión pública antes de distintos procesos electorales.
Los artículos vulnerados de la LOREG
La acción judicial se sustenta en la presunta vulneración de los artículos 69 y 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El primero regula las condiciones en las que pueden publicarse encuestas electorales durante los períodos de campaña, mientras que el segundo establece el régimen sancionador aplicable a las infracciones de dicha normativa. La querella, que según fuentes del partido se presentará en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, acusa a Tezanos de haber vulnerado esos preceptos de forma intencionada para beneficiar al partido del Gobierno con recursos públicos.
Entre los ejemplos concretos aportados por Gamarra figura el barómetro correspondiente a las elecciones autonómicas en Castilla y León, en el que el CIS habría reducido en cinco puntos la estimación de voto a los partidos de derecha y sobrerrepresentado en siete puntos a los de izquierda, según los populares. Este tipo de desajuste, reiterado en distintos procesos electorales según la tesis del PP, constituiría una pauta de conducta deliberada y no una acumulación de errores técnicos. El partido considera que esa actuación afecta directamente a «la libre formación del voto de los ciudadanos».
El respaldo de la comisión del Senado
La decisión de acudir a la vía judicial no es improvisada. El PP ha construido la querella sobre las conclusiones de la comisión de investigación del Senado que examinó el funcionamiento del CIS durante los últimos años. Esa instancia parlamentaria elaboró un informe que, según Gamarra, constata las irregularidades denunciadas de forma sistemática. La dirigente popular subrayó que el asunto «ya no es solo político, es jurídico y debe tener consecuencias» para quienes hayan participado en esa supuesta instrumentalización de un organismo del Estado sufragado con fondos públicos.
La querella se enmarca en el relato de regeneración democrática que el PP ha situado en el centro de su discurso opositor durante la presente legislatura. En ese marco, Tezanos fue presentado como un eslabón visible de un problema de mayor alcance: «Tezanos es un síntoma de la corrupción política, pero el problema es Pedro Sánchez». Los populares sostienen que la degradación institucional del organismo responde a una decisión política del Ejecutivo de utilizar sus estructuras para dirigir la opinión pública en favor del partido gobernante, lo que califican de irregularidad penal.
Posibles consecuencias penales y contexto electoral
De prosperar la querella ante los tribunales, Tezanos podría enfrentarse a penas de entre tres meses y un año de prisión, una multa económica y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, de acuerdo con las previsiones del Código Penal en relación con los delitos electorales. El PP señala que las responsabilidades no son únicamente de carácter político, sino también penal, y que la utilización partidista de un organismo del Estado financiado con dinero público no puede quedar sin consecuencias jurídicas en un sistema democrático.
El anuncio se produce en un momento políticamente sensible: España atraviesa una precampaña de facto ante las próximas elecciones autonómicas andaluzas, en las que los sondeos reflejan una competencia estrecha entre el Partido Popular y el PSOE. En ese contexto, la credibilidad de los barómetros publicados por organismos públicos adquiere una relevancia particular, dado que sus resultados pueden incidir en la percepción ciudadana sobre quién lidera la carrera electoral. El PP busca trasladar al terreno penal una controversia que hasta ahora había discurrido en el ámbito político y parlamentario.
El CIS, organismo creado en 1963 y adscrito al Ministerio de la Presidencia, ha estado en el centro de la controversia política desde que Tezanos asumió su presidencia en 2018. Los barómetros mensuales —considerados durante décadas una referencia demoscópica de primer orden— han perdido credibilidad ante amplios sectores académicos y mediáticos por las desviaciones entre sus estimaciones y los resultados electorales reales. Hasta el cierre de esta edición, ni el CIS ni el Gobierno habían emitido una respuesta pública a la querella anunciada por el Partido Popular.
