La Mesa del Congreso vetó ayer una nueva iniciativa del Partido Popular que pedía la convocatoria de elecciones, pero autorizó el debate y la votación de otro apartado de la misma moción en el que se insta al presidente Pedro Sánchez a considerar plantear una cuestión de confianza. La votación se celebrará el jueves próximo, un día después del pleno extraordinario en que Sánchez comparecerá para responder sobre los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista, y con el voto de Junts per Catalunya como incógnita central.
La Mesa del Congreso de los Diputados autorizó ayer que el pleno debata y vote la semana próxima una moción del Partido Popular (PP) en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución». La iniciativa no tiene carácter vinculante: la cuestión de confianza es una decisión exclusiva del presidente del Gobierno, que debe ejercerla previa deliberación del Consejo de Ministros. Sin embargo, la votación tiene un valor político preciso: retratar el estado real del apoyo parlamentario al Ejecutivo y forzar a los partidos que públicamente exigen elecciones a pronunciarse en forma de voto.
La decisión de la Mesa llega tres días después de que el mismo órgano vetara sendas enmiendas del PP y de Junts per Catalunya (JxCat) en las que se reclamaba a Sánchez la convocatoria directa de elecciones generales. En esa ocasión, fuentes cercanas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, argumentaron que la disolución de las Cortes es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo y que, por tanto, la Cámara no podía debatir sobre ese asunto. El PP reformuló la iniciativa con una redacción más laxa —sustituir la exigencia de elecciones por la invitación a una cuestión de confianza—, y en esta ocasión el filtro de la Mesa se superó parcialmente. Los apartados que sí pasaron incluyen la petición de cuestión de confianza y la exigencia de dimisión de Sánchez; los que volvían a reclamar el adelanto electoral quedaron fuera.
La maniobra del PP para esquivar el veto
La estrategia del PP combina el recurso parlamentario con la presión mediática y la vía judicial. El secretario general del partido, Miguel Tellado, acusó desde Alicante a Armengol de haber «secuestrado la democracia» con el veto del martes y anunció que el PP llevará esa decisión al Tribunal Constitucional. «Igual que Batet fue sancionada por el Constitucional, también el Constitucional sancionará la conducta antidemocrática de Armengol», afirmó Tellado, en referencia a la expresidenta del Congreso y actual ministra de Política Territorial, cuya actuación en la Mesa fue objeto de una sentencia del alto tribunal. El recurso ante el Constitucional y la nueva moción operan en paralelo: la primera vía busca sentar precedente jurídico; la segunda, producir un titular político de impacto.
La moción del PP contenía además un segundo apartado que la Mesa rechazó: un texto en el que se exigía «la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por Pedro Sánchez Castejón y la convocatoria de elecciones generales». Los populares recordaron en el propio texto que iniciativas con idéntica formulación habían sido admitidas a trámite por la Mesa en el pasado, en referencia a una proposición no de ley admitida en octubre de 2024. Fuentes del PP calificaron el nuevo veto de «atropello» y denunciaron que Armengol actúa «al servicio de Pedro Sánchez, plegándose a sus órdenes en lugar de velar por los intereses de todos los representantes de los españoles en la Cámara».
Junts, la incógnita de la votación
La votación del jueves tendrá como protagonista involuntario a Junts per Catalunya. El partido de Carles Puigdemont ha mantenido una posición de presión sostenida sobre el Gobierno sin llegar a materializar sus amenazas en votos definitivos contra el Ejecutivo. En febrero de 2025, JxCat retiró en el último momento una proposición no de ley en la que pedía a Sánchez una cuestión de confianza con una formulación muy similar a la que el PP ha incluido ahora en su moción. La pregunta que sobrevuela el hemiciclo es si los posconvergentes repetirán esa retirada o si, en esta ocasión, decidirán votar a favor. De momento, la iniciativa es exclusiva del PP y no tiene enmiendas de Junts registradas.
El PP calcula que el voto favorable de JxCat, sumado al de Vox y al suyo propio, superaría los 176 escaños necesarios para aprobar la moción. Si Junts se abstiene o vota en contra, el texto caerá. La dirección popular es consciente de que el resultado de la votación, sea cual sea, le sirve de argumento: si la moción prospera, acumula presión sobre Sánchez; si Junts la tumba, el PP podrá señalar que los posconvergentes dicen una cosa en público y hacen la contraria en el hemiciclo, alimentando la narrativa de que los socios del Gobierno no son fiables frente a sus propios votantes.
El calendario judicial añade presión
La votación del jueves se produce en una semana cargada de intensidad política y judicial. El miércoles, Sánchez comparecerá en un pleno extraordinario para responder ante la Cámara sobre los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista. El mismo día se espera la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional. En paralelo, el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, abrió esta semana una nueva pieza separada contra el empresario Juan Carlos Barrabés, imputado junto a la mujer de Sánchez, tras conocer que la Audiencia Nacional obligó a la Fiscalía Europea a cerrar sus pesquisas sobre contratos con la empresa pública Red.es.
La acumulación de frentes —parlamentario, judicial y presupuestario— define la semana que arranca este lunes como una de las más exigentes para el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura. La cuestión de confianza que el PP pide al Congreso que inste a Sánchez no tiene consecuencias jurídicas inmediatas si se aprueba, pero su valor simbólico en ese contexto es considerable: un Congreso que formalmente pide al presidente que someta su continuidad a votación, en una semana en que ese presidente comparece ante la Cámara para responder sobre corrupción, dibuja un escenario de presión acumulada que el Ejecutivo deberá gestionar con sus apoyos cada vez más en cuestión.
