El Gobierno registra 1.342 menores no acompañados en los sistemas de acogida de Ceuta, mientras el censo improvisado del barrio de El Príncipe contabilizó 4.860 en los dos primeros días del cruce masivo. La Fiscalía advierte que actuará contra las comunidades que rechacen la acogida, pero los cuatro acuerdos de coalición del Partido Popular con Vox incluyen el compromiso expreso de bloquear el reparto. La Policía investiga cinco presuntas violaciones a menores migrantes.
Pedro Sánchez compareció el jueves mediante videoconferencia con los ministros de Defensa, Interior, Inclusión y Juventud para coordinar la respuesta institucional a la crisis migratoria abierta en Ceuta tras el cruce masivo del 30 y 31 de julio por el espigón de El Tarajal. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lleva desde el jueves sobre el terreno en la ciudad autónoma, que afronta una saturación de recursos de acogida sin precedentes y una disputa política abierta con las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) que bloquean el reparto de menores.
El Gobierno registra oficialmente 1.342 menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta e ingresaron en el sistema de acogida. La distancia entre esa cifra y las estimaciones sobre el terreno es considerable. El censo improvisado elaborado durante días por la asociación de vecinos de El Príncipe contabilizó 4.860 niños y adolescentes en los dos primeros días del cruce, sin incluir a quienes se alojan en casas particulares o permanecen escondidos en montes y barriadas. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, estima que entre 8.000 y 11.000 personas deambulan aún por la ciudad.
La guerra de cifras
Para Vivas, la situación es «absolutamente insostenible y totalmente alejada de la normalidad», con miles de personas sin tener cubiertas sus necesidades básicas. El Ministerio del Interior mantiene que de las 72.000 personas que entraron en la ciudad autónoma, cerca de 70.000 han retornado ya a Marruecos, lo que dejaría alrededor de 2.000 en territorio español. Fuentes del ministerio reconocen el carácter estimativo de esa cifra. En la playa del Trampolín, la Cruz Roja distribuyó el jueves más de 2.500 raciones de comida y agua, y no fueron suficientes para atender a todos.
Los recursos de acogida han alcanzado niveles de colapso en toda la ciudad. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) alberga a 727 personas, aunque no todas proceden del cruce masivo del 30 de julio. El centro de Nueva Esperanza, con capacidad para 108 plazas, acoge a 230 menores según la Fundación SAMU, un 2.600% por encima de su límite. El Gobierno habilitó un segundo colegio público para los menores, con prioridad a los casos más vulnerables. La Armada desplegó dos fragatas adicionales con base en Rota, y el Ministerio del Interior reforzó la presencia policial con 45 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
El nudo jurídico del reparto
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, emitió un decreto de obligado cumplimiento que compromete a los fiscales a garantizar la «protección de todos los menores extranjeros no acompañados» y advierte que la Fiscalía actuará contra las comunidades que se nieguen a acogerlos. La Ley de Extranjería reformada contempla la acogida vinculante de los menores en todo el territorio nacional ante situaciones de crisis. El Tribunal Supremo ha establecido jurisprudencia en la misma dirección: cuando Canarias superó su capacidad, el alto tribunal determinó que mantener a los niños hacinados en las islas les causaría «graves daños».
Los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León comprometen expresamente a los populares a combatir «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» cualquier mecanismo de reparto de menores migrantes. Esta postura ha derivado en una cascada de recursos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ceuta. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, instó a las comunidades autónomas a no «limitarse a contemplar su deambular» y reclamó que se escuche a los menores.
Asilo bloqueado y violencia sexual documentada
Más de 2.000 personas han presentado solicitudes de protección internacional en Ceuta desde el cruce masivo, pero el proceso permanece paralizado. El Ministerio del Interior ha rechazado cerca de 200 peticiones, fundamentalmente de marroquíes que no cumplen las condiciones para acogerse al derecho de asilo, y por el momento no hay ningún solicitante próximo a obtener una resolución favorable. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, anunció la apertura en un plazo de un mes de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en una nave de la ciudad.
La Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó el viernes que ha recibido cinco denuncias por presuntas violaciones a menores migrantes, que investiga la Policía Nacional. El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, advirtió que «la situación está paralizada» y que el atasco no se produce en la presentación de solicitudes sino en su evaluación, proceso que recae sobre la Policía y para el que no existen citas disponibles. Fuentes sanitarias del Hospital Universitario de Ceuta señalaron que el martes se atendieron en el centro tres posibles episodios de agresión sexual.
La ministra Rego, presente en Ceuta desde el jueves, señaló que el objetivo del Ministerio de Juventud es acelerar las derivaciones a las comunidades autónomas: «Mi intención es que sea inmediatamente». El Gobierno se comprometió a utilizar todos los recursos del Estado para que la ciudad autónoma recupere la normalidad en el menor plazo posible. La crisis sitúa al PP ante una disyuntiva sin resolución sencilla: mantener el bloqueo del reparto acordado con Vox supone confrontarse con la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
