La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, compareció ante el Congreso de los Diputados para denunciar que ayuntamientos gobernados por el Partido Popular están bloqueando el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, al que se han presentado más de 60.000 solicitudes. El contraste entre la negativa de Madrid y la movilización de medios en Barcelona resume la fractura territorial que la gestión de la medida está generando.
El proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su primera prueba de resistencia política. Más de 60.000 personas han presentado sus solicitudes desde que el mecanismo entró en vigor tras el decreto del 20 de marzo, pero la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, denunció este miércoles ante el Congreso de los Diputados que ayuntamientos y organizaciones vinculadas al Partido Popular (PP) están obstaculizando de manera activa su tramitación en varios municipios españoles.
Saiz acudió al Congreso para trazar un diagnóstico de la situación que combinó el reconocimiento de los avances con una acusación directa al principal partido de la oposición. «Hay ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos de miles de personas», afirmó la ministra, que enmarcó la iniciativa como una política con respaldo amplio entre los agentes sociales: sindicatos, organizaciones patronales empresariales y la Iglesia Católica han manifestado su disposición a colaborar con el proceso.
Madrid cierra; Barcelona contrata
El ejemplo más visible del bloqueo es el del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida. La ministra informó de que el alcalde de la capital ya ha expresado públicamente su negativa a participar en la tramitación, una actitud que calificó de «incoherencia» en el contexto de una comunidad autónoma —la de Isabel Díaz Ayuso— que pertenece al mismo espacio político que rechaza la medida a nivel nacional. Saiz subrayó que el proceso está diseñado para sortear esos posibles vetos a través de las organizaciones sociales que sí participan.
En el extremo opuesto se sitúa el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Jaume Collboni, que ha contratado cincuenta abogados y 150 funcionarios administrativos para facilitar la gestión de las solicitudes. La portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso, Patxi López, utilizó este contraste para subrayar la posición del PP: «Qué incoherencia, una vez más, la del PP», señaló, al tiempo que denunció los «boicots» de los consistorios populares frente al modelo de la capital catalana.
Los dictados de Génova y el servicio público
Saiz reservó algunas de sus palabras más duras para describir la cadena de instrucciones que, según el Ejecutivo, estaría llegando desde la dirección nacional del PP hasta los municipios, organizaciones e instituciones vinculadas al partido. La ministra se refirió a los «dictados racistas y xenófobos de Génova» como el origen del bloqueo, y subrayó que, pese a esas presiones, numerosos ayuntamientos y funcionarios están respondiendo a la demanda ciudadana. «El PP está solo y desdibujado en su boicot al procedimiento de regularización», afirmó.
En su comparecencia, la titular de Inclusión también trasladó al Congreso la situación de quienes esperan en los centros de tramitación. El relato que ofreció incluye esperas interminables, intentos de estafa por parte de intermediarios que prometen facilitar los trámites a cambio de dinero, y una actitud de los solicitantes que, en la mayoría de los casos, calificó como «con un comportamiento totalmente ejemplar». El agradecimiento a los funcionarios y municipios colaboradores fue una constante en la intervención, como contraposición explícita a la negativa de los consistorios gobernados por el PP.
Cataluña acelera con medidas propias
El Govern de Salvador Illa ha aprobado un paquete de iniciativas propio para agilizar el proceso en Cataluña, donde se calcula que entre 120.000 y 150.000 personas podrán acogerse a la medida. Entre las propuestas figura la oferta de 50.000 plazas de cursos de catalán de niveles básicos, la creación de una plataforma web informativa y la formación de personal administrativo específico para gestionar el volumen de solicitudes previsto. El Govern se presenta así como modelo de colaboración entre administraciones frente al bloqueo activo de otros territorios.
El decreto aprobado el 20 de marzo está diseñado para funcionar incluso sin la cooperación de los ayuntamientos que se nieguen a participar, apoyándose en la red de organizaciones civiles, sindicatos y asociaciones que sí respaldan la medida. A diferencia de procesos anteriores, el mecanismo actual contempla vías alternativas a la administración municipal para la verificación del arraigo y la tramitación de solicitudes. Las más de 60.000 peticiones recibidas en menos de un mes son, a juicio del Ejecutivo, una señal inequívoca de la demanda social que justificó la medida.
La fractura territorial que está generando la gestión de la medida reproduce a escala municipal la división política del país en materia migratoria. Con Vox presionando al PP desde la derecha —como ilustró el debate parlamentario de este mismo miércoles— y el Gobierno acusando al partido de Feijóo de difundir «dictados racistas» desde su sede central, el debate sobre la regularización se convierte en otro frente en el que el PP trata de mantener una postura que resulta cada vez más difícil de sostener de forma coherente ante sus propios aliados autonómicos y ante el electorado de centro.
