El Partido Popular ha escalado su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta hasta convertirla en un cuestionamiento integral de la soberanía y la política exterior española. Desde la costa lucense hasta la valla de Ceuta, la dirección del partido coordinó sus frentes para trasladar el debate desde la gestión de la emergencia al terreno de la crisis de Estado. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, actúa como ariete local con amenazas que rozan el límite constitucional.
El Partido Popular (PP) ha coordinado en los últimos días una ofensiva política de varios frentes cuyo objetivo no es resolver la crisis de Ceuta sino redefinir sus términos. En lugar de discutir cómo gestionar la emergencia humanitaria, el partido quiere que el debate gire sobre la soberanía territorial, la política de vecindad con Marruecos y la supuesta incapacidad estructural del Gobierno de Pedro Sánchez para defender las fronteras españolas. Es un movimiento estratégico deliberado, y los documentos internos del PP no lo disimulan: «La primera consigna es Ceuta», admitió la vicesecretaria general Cuca Gamarra.
La coordinación fue visible desde el primer día. Gamarra viajó a la ciudad autónoma para escenificar, junto al presidente ceutí Juan Jesús Vivas, una coincidencia sin fisuras en el diagnóstico. Al mismo tiempo, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo articulaba el marco doctrinal desde Galicia, acusando al Gobierno de «ausente, inerte e indiferente a la soberanía de los españoles» en su primer acto público en dos semanas. La división de roles fue nítida: Feijóo construye el relato de la crisis constitucional, Gamarra aplica la presión táctica sobre el Ejecutivo y Vivas actúa como la voz del territorio que exige y amenaza.
Feijóo: el marco doctrinal
El líder de la oposición utilizó su reaparición pública para situar la crisis de Ceuta en el contexto de una narrativa más amplia sobre la «degradación del Estado» que atribuye al Gobierno. En su intervención desde Ribadeo, Feijóo acusó a Sánchez de conducirse de manera «ausente, inerte e indiferente» ante los intereses y la seguridad de los ciudadanos, contraponiendo esa actitud con lo que presentó como la responsabilidad de Estado de la Transición. La visita posterior a la ciudad autónoma tenía como objetivo cerrar la pinza: reforzar sobre el terreno la presión que ejercen Gamarra y Vivas y hacer llegar el mensaje de que no hay vuelta a la normalidad sin un cambio de política.
Feijóo respaldó con su presencia la tesis de que Marruecos no es un socio fiable en materia migratoria y que España no puede «subarrendar» el control de su frontera a un tercer país. Gamarra había formulado esa posición de forma idéntica horas antes frente a las cámaras en Ceuta. La sintonía entre el discurso del presidente del PP y las declaraciones de Vivas sobre la necesidad de que las instituciones españolas recuperen el control directo de sus fronteras, con el despliegue de Frontex como exigencia añadida, confirmó que el partido está operando con un argumentario unificado y ensayado.
Vivas y el rol de ariete
El presidente de Ceuta ha convertido la crisis en una exhibición de presión institucional que en algunos momentos supera los límites habituales del conflicto político ordinario. Vivas anunció que trasladará la situación de la ciudad a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, arguyendo que «Ceuta está en peligro». Aclaró que no pretende «interferir en la independencia del Poder Judicial», sino que el Supremo y el Constitucional conozcan la realidad. Independientemente de su naturaleza formal, el gesto tiene una lectura política inequívoca: el presidente de la ciudad autónoma implica a los más altos órganos jurisdiccionales del Estado en una disputa que es, en esencia, política.
Vivas también ha dado al Gobierno central un ultimátum de 30 días para que «todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos» y ha amenazado con recurrir a la vía judicial si el Ejecutivo no cumple. Calificó de «absolutamente incorrecto» el comportamiento del Gobierno y de «lamentable» que la crisis migratoria se produjera. Acusó a la ministra de Sanidad, Mónica García, de venir a Ceuta a dar «lecciones de humanidad en lugar de solidaridad», describiendo su presencia como una muestra de «xenofobia» hacia quienes relacionan a los migrantes con enfermedades o delincuencia.
Las propuestas del PP y sus problemas legales
El catálogo de exigencias populares tiene un problema de fondo: buena parte de sus propuestas son de difícil o imposible ejecución dentro del marco legal vigente. La demanda de devolver a Marruecos a todos los migrantes de forma inmediata, incluidos los menores, choca con la Convención sobre los Derechos del Niño, con la legislación española de protección de menores y con la directiva europea de retornos, que exige una evaluación individualizada de cada caso. La condena de nueve años de inhabilitación dictada en 2021 contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta por haber devuelto menores de forma precipitada sin verificar si sus familias podían recibirlos es el precedente jurídico más inmediato: quien actúe de la misma manera se expone a las mismas consecuencias.
La propuesta de activar la Ley de Seguridad Nacional para establecer un «mando único» en Ceuta plantea problemas similares. La ley prevé esa figura en situaciones de amenaza grave a la seguridad nacional, y su activación requeriría declarar que la llegada de migrantes constituye una amenaza de esa naturaleza, con todo lo que eso implica en términos de derechos fundamentales y de imagen internacional del Estado español. El Ejecutivo la descarta con rotundidad. Lo que el PP presenta como soluciones son en realidad herramientas de presión política cuya inviabilidad legal el partido conoce perfectamente.
La crisis de Ceuta ha puesto al descubierto algo que ya era visible pero que ahora resulta incontestable: el PP no tiene una política migratoria alternativa con base legal y derechos humanos, tiene un discurso de emergencia que funciona electoralmente con independencia de si sus propuestas son ejecutables. Convertir una tragedia humanitaria en una crisis de Estado, implicar al Poder Judicial como testigo de cargo y mantener a Vivas en el centro del escenario como voz del territorio asediado son movimientos de manual. Lo que falta, en el lado popular, es cualquier propuesta concreta que pueda sobrevivir al contacto con la legalidad vigente.
