El Partido Popular ha situado la crisis de Ceuta en el centro de su ofensiva contra el Gobierno. Exige acelerar las devoluciones, rechaza el reparto de menores entre comunidades y reclama mayor firmeza ante Marruecos. A esas posiciones ha sumado la propuesta de estudiar confinamientos por motivos sanitarios. El PP reúne así inmigración, seguridad, salud pública y política exterior en una estrategia que incrementa la presión sobre Pedro Sánchez.
El Partido Popular ha elegido la crisis de Ceuta como uno de los principales frentes de oposición al Gobierno en el inicio del curso político. Alberto Núñez Feijóo y la dirección de Génova reclaman que la inmigración ocupe de manera permanente la agenda y han articulado alrededor de la ciudad autónoma buena parte de sus críticas a Pedro Sánchez. La respuesta a la avalancha, la permanencia de miles de personas en Ceuta, la situación de los menores y las relaciones con Marruecos forman parte de una misma ofensiva.
La estrategia combina cuestiones sobre las que el Gobierno debe ofrecer explicaciones con propuestas que encuentran límites jurídicos o han sido cuestionadas por especialistas. El PP exige esclarecer qué información manejaba el Ejecutivo antes del 30 de julio y por qué no se anticipó la entrada masiva. Al mismo tiempo, plantea acelerar devoluciones, se opone a distribuir menores entre las comunidades autónomas y ha introducido la situación sanitaria como argumento para reclamar medidas más restrictivas. Ceuta funciona así como escenario donde confluyen inmigración, seguridad y desgaste político del Gobierno.
Devolución frente a reparto
Una de las principales líneas de actuación del PP consiste en reclamar el retorno de quienes entraron irregularmente. Feijóo sostiene que el objetivo debe ser devolver a Marruecos tanto a los adultos que no tengan derecho a permanecer en España como a los menores cuando sea posible su reagrupación. La posición conecta con la demanda formulada por Rabat para recuperar a los menores marroquíes presentes en Ceuta, aunque las autoridades españolas no pueden ejecutar una devolución colectiva por el mero hecho de que Marruecos acepte recibirlos.
La legislación obliga a examinar cada situación y establece garantías adicionales para niños y adolescentes. En su caso, cualquier retorno debe atender al interés superior del menor y comprobar las condiciones en las que será recibido. El PP rechaza al mismo tiempo las fórmulas impulsadas por el Gobierno para aliviar la presión sobre Ceuta mediante traslados a otras comunidades. Esa combinación deja una contradicción política relevante: denuncia que la ciudad no puede asumir la actual concentración de menores, pero cuestiona una de las vías utilizadas para distribuir temporalmente esa carga mientras se resuelve su situación.
La salud pública entra en el discurso migratorio
Feijóo incorporó la semana pasada otro elemento al reclamar que se estudie el confinamiento de personas con enfermedades infectocontagiosas. Lo hizo después de reunirse con representantes sanitarios de Ceuta y admitiendo que no disponía de todos los datos. El presidente popular mencionó tuberculosis, sarna y gastroenteritis y vinculó esas patologías con el impacto que la permanencia de miles de migrantes puede tener sobre los servicios públicos y la población de la ciudad.
Los datos sanitarios conocidos no describen, sin embargo, una situación de riesgo generalizado para los ceutíes. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias considera bajo el riesgo para la población general y moderado para los propios migrantes, debido principalmente al hacinamiento y las condiciones de vida. La ministra Mónica García calificó la propuesta de confinamiento de «desmesurada», mientras la Sociedad Española de Epidemiología ha advertido contra la estigmatización. Cuando existe una enfermedad transmisible que requiere aislamiento, los protocolos sanitarios permiten aplicarlo individualmente.
Marruecos entra en la ofensiva contra Sánchez
El endurecimiento del PP alcanza también la relación bilateral. Feijóo ha reclamado una política basada en la reciprocidad y acusa al Gobierno de no defender con suficiente firmeza los intereses españoles ante Rabat. En una entrevista con Europa Press llegó a afirmar que Sánchez parece «más un súbdito de Marruecos» que el presidente del Gobierno español. También aseguró que no quería contemplar una eventual «complicidad» con Rabat porque sería un supuesto «gravísimo», sin aportar indicios que acrediten esa posibilidad.
Otros dirigentes populares han reclamado que España deje de asumir lo que describen como la «política social de Marruecos» y han cuestionado la cooperación migratoria con el país vecino. El funcionamiento de esa cooperación durante el 30 de julio necesita explicaciones. Algunos medios españoles que aseguran haber accedido a análisis de inteligencia sostienen que las autoridades marroquíes no frenaron inicialmente el movimiento hacia la frontera, mientras Interior destaca la colaboración posterior de Rabat. Ninguna de esas incógnitas permite, por sí sola, atribuir al Gobierno español connivencia con Marruecos.
Ceuta como campo de confrontación política
La presión se extiende a otros ámbitos. El PP ha reclamado que Felipe VI visite Ceuta y acusa al Ejecutivo de impedir el desplazamiento. Ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para convocar a cinco ministros durante agosto y, después de que estos no comparecieran, llevó el conflicto al Tribunal Supremo. Ahora pretende utilizar las comparecencias en el Congreso para exigir responsabilidades por la previsión de la avalancha, la respuesta posterior y las relaciones con Rabat.
Fiscalizar esas decisiones forma parte de la función de la oposición. La crisis mantiene abiertas preguntas sobre la información previa, la actuación en la frontera y la coordinación inicial del Ejecutivo. El problema aparece cuando esas cuestiones se mezclan con hipótesis no demostradas o con propuestas cuya aplicación no depende únicamente de voluntad política. Devolver menores, confinar colectivos o modificar la cooperación con Marruecos exige considerar obligaciones legales, criterios sanitarios y consecuencias diplomáticas que no desaparecen por la gravedad de la situación.
El discurso popular tiene además efectos sobre la propia Ceuta. La ciudad necesita reducir la presión sobre sus servicios, recuperar actividad económica y mantener una cooperación fronteriza capaz de impedir nuevas entradas masivas. Presentarla de forma continuada como escenario de inseguridad, enfermedades y descontrol puede dificultar esa recuperación. Las medidas que se adopten deben proteger a la población ceutí, pero también evitar que las personas llegadas durante la avalancha sean reducidas a una amenaza sanitaria o de seguridad.
El PP ha encontrado en Ceuta un terreno desde el que cuestionar simultáneamente la política migratoria, la gestión de Sánchez y las relaciones con Marruecos. Algunas de sus preguntas obligarán al Gobierno a rendir cuentas durante las comparecencias que comienzan esta semana. Otras propuestas muestran hasta dónde está dispuesto a endurecer su posición. La diferencia entre ambas resulta fundamental. Exigir explicaciones sobre los errores de una crisis de esta magnitud fortalece el control democrático. Convertir cada una de sus consecuencias en un argumento para aumentar la confrontación puede dificultar precisamente las soluciones que Ceuta necesita.
