La Mesa del Congreso abre un procedimiento sancionador contra la diputada popular que exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo, un incidente que obligó después a acordonar zonas de la Cámara. La parlamentaria gallega podría ser suspendida temporalmente de empleo y sueldo, mientras su partido cierra filas y justifica el gesto como una denuncia de la inseguridad que, según defiende, sufren las mujeres y niñas en Ceuta.
La Mesa del Congreso abrió ayer un expediente sancionador a la diputada del Partido Popular (PP) Ana Vázquez por mostrar un espray de gas pimienta en el hemiciclo durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. La decisión salió adelante con los votos de la mayoría progresista del órgano, formada por el Partido Socialista (PSOE) y Sumar, y con la oposición de los representantes populares, según informaron fuentes parlamentarias. El procedimiento podría terminar en la suspensión temporal de su condición de diputada y, con ella, de su sueldo.
Lejos de rectificar, el PP ha cerrado filas en torno a su parlamentaria. La formación sostiene que Vázquez solo pretendía mostrar «la realidad que viven todas las mujeres y niñas en Ceuta» y cuestiona un expediente que atribuye a una parte de la Mesa. Esa defensa llega pese a que el episodio no se limitó a un gesto dentro del hemiciclo. Terminó alterando el funcionamiento de la Cámara y afectando a personas que trabajan en ella, una dimensión que apenas aparece en los argumentos de los populares.
Un arma en la sede de la soberanía
El incidente se produjo durante una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La diputada sacó un bote de gas pimienta con la intención, según defendió, de alertar sobre la situación de mujeres y menores en Ceuta que han empezado a llevarlo como instrumento de defensa ante la inseguridad que perciben. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le llamó de inmediato la atención. Aunque su compra es legal, el aerosol está considerado un arma por el reglamento de armas y no está permitido introducirlo en la Cámara.
Armengol obligó a Vázquez a abandonar el hemiciclo, pero el episodio no terminó ahí. Poco después, varias personas comenzaron a sentirse indispuestas y la Policía tuvo que acordonar distintas zonas de varios edificios del Congreso por la presencia de un gas tóxico. Un trabajador del grupo popular reconoció más tarde que, a petición de la diputada, había acudido a los baños para «lavar» el bote y acabó accionándolo por error. El gesto concebido como denuncia política terminó así afectando a personas ajenas a la disputa.
El procedimiento del artículo 101
La Mesa activó el expediente en virtud del artículo 101 del Reglamento del Congreso, que Armengol ya había invocado en el propio pleno. Una vez iniciado el trámite, Vázquez dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones. El órgano de gobierno de la Cámara las estudiará antes de decidir si propone la sanción, que supondría la retirada de empleo y sueldo durante el tiempo que se establezca. No se trata, por tanto, de una decisión cerrada, sino del inicio de un procedimiento con garantías para la afectada.
Si la Mesa acaba proponiendo el castigo, la última palabra corresponderá al pleno, que deberá aprobarlo por mayoría simple y en sesión secreta. El PSOE ya ha dejado clara su posición. A la salida de la Junta de Portavoces, su portavoz, Montse Mínguez, aseguró que su grupo insistirá en que Vázquez deje el acta. Mínguez recordó que la diputada llamó «indocumentada» a la presidenta del Congreso y reprochó que, ocho días después, el PP no haya pedido disculpas por un incidente que alteró el día a día de la Cámara.
«No podemos consentir que 12 trabajadores de esta casa se vean afectados», reprochó la portavoz socialista en referencia a las personas que tuvieron que ser atendidas. Su intervención desplaza el foco del gesto simbólico a sus consecuencias materiales. Más allá del debate sobre la seguridad en Ceuta, lo ocurrido perjudicó a empleados que nada tenían que ver con la pugna entre la diputada y el ministro. Y esa es precisamente la parte del episodio que el PP ha preferido dejar fuera de su relato.
Ceuta como argumento de defensa
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, respaldó sin matices a su compañera. Precisó que la apertura del expediente fue decisión «de una parte de la Mesa», en un intento de restar legitimidad a un acuerdo adoptado por mayoría. Defendió además que la actuación de Vázquez perseguía algo «fundamental», que los españoles entiendan lo que viven las mujeres y los menores en Ceuta. Muñoz llegó a equiparar el gesto con la situación de «millones de españolas que llevan gas pimienta homologado por el Ministerio de Sanidad» en sus bolsos.
La comparación omite una diferencia evidente. Que cualquier ciudadana pueda comprar y llevar ese aerosol no significa que pueda introducirlo en el Congreso, precisamente porque la normativa lo considera un arma. Muñoz dijo no entender cómo es posible que una diputada sea «menos que cualquier española». Pero la cuestión no es un privilegio negado a una parlamentaria, sino el respeto a las normas de un recinto cuya seguridad el propio incidente acabó poniendo a prueba.
El expediente abre ahora un plazo en el que Vázquez podrá defenderse. Mientras tanto, el PP ha optado por convertir un episodio que terminó con zonas del Congreso acordonadas y personal afectado en una bandera de su discurso sobre Ceuta. La inseguridad que denuncia merece un debate serio, con datos y propuestas. Ese debate difícilmente gana credibilidad cuando se ampara en un gesto que acabó volviéndose contra quienes trabajan cada día en la Cámara.
