Las reacciones al plan de emergencia aprobado por el Ejecutivo para frenar el impacto de la guerra en Oriente Medio revelan profundas diferencias entre los actores económicos y sociales. Transportistas y agricultores valoran parcialmente las ayudas directas, las organizaciones empresariales rechazan la prórroga de alquileres y los sindicatos reclaman medidas de mayor alcance. Las asociaciones de consumidores advierten de que la rebaja del IVA no garantiza su traslado efectivo al bolsillo de los ciudadanos.
El paquete de 80 medidas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán ha recibido una acogida desigual entre los principales actores económicos y sociales del país. Los distintos colectivos coinciden en valorar la rapidez de la respuesta gubernamental, pero divergen en cuanto a su alcance y su orientación. Las críticas apuntan en direcciones opuestas: organizaciones de consumidores y agrupaciones sindicales reclaman mayores protecciones sociales, mientras que la patronal rechaza la intervención en el mercado del alquiler y algunos sectores consideran insuficientes las ayudas directas al transporte.
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) calificó de «error» la rebaja del IVA a los carburantes, al entender que no llega de forma proporcional a quienes más la necesitan. La organización recordó que cuando esta misma medida se aplicó a los alimentos básicos durante la crisis de Ucrania, los datos del mercado demostraron que una rebaja fiscal generalizada genera pérdidas de recaudación pública sin eficacia redistributiva. Asufin reclamó además que el paquete incluyera una reducción del 4% del IVA sobre los alimentos de primera necesidad, propuesta que el Ejecutivo no ha incorporado al decreto.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) consideró que el Ejecutivo podría haber ido más allá en la rebaja del IVA a los carburantes, la electricidad y el gas, una iniciativa que a su juicio apenas compensa el fuerte encarecimiento energético derivado de la crisis internacional. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), por su parte, reclamó que el decreto hubiera incorporado ayudas directas por vehículo similares a las 1.250 euros por camión que el Estado entregó en 2022, así como la actualización de la fórmula de compensación del combustible.
Transportistas y agricultores, a medio camino
Las organizaciones agrarias recibieron el paquete con mayor satisfacción. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) consideró que las medidas van «en buena dirección para dar oxígeno al sector agrícola». El secretario general de la organización, Cristóbal Cano, valoró especialmente el refuerzo de la capacidad de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo que los agricultores consideran clave para evitar que los intermediarios absorban los ahorros fiscales sin repercutirlos en los precios finales al consumidor.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se mostró más exigente, al considerar que las ayudas resultan insuficientes para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones y asegurar «una llegada a buen puerto de las cosechas» ante la escalada de costes. La organización advirtió de que los efectos de la guerra sobre los precios de los fertilizantes y del combustible agrícola aún no se han trasladado en su totalidad al resto de la cadena de distribución ni, por tanto, al coste final del producto.
CEOE rechaza la prórroga de alquileres; sindicatos piden más
La patronal española, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), centró sus críticas en el segundo decreto ley, el relativo a la vivienda. La prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler con vencimiento en 2026 y 2027, concesión pactada por el Ejecutivo con Sumar, fue calificada por la CEOE como una «presión política incomprensible de una parte del Ejecutivo» que genera inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario, desincentiva la oferta de vivienda en alquiler y agrava los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solventarlos.
Las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) valoraron positivamente el conjunto del paquete y respaldaron la necesidad de aprobar ambos decretos. Sin embargo, UGT advirtió de que algunas de las medidas deberán ser revisadas para mejorar su eficacia y equidad, en referencia a los mecanismos de distribución de las rebajas fiscales y a los criterios de selección de los beneficiarios de las ayudas directas. Ambos sindicatos coincidieron en señalar que el escudo social debe ampliarse si la crisis energética se prolonga en el tiempo.
El FMI rebaja el crecimiento de España y condiciona el marco
El debate sobre la suficiencia del paquete se produce en un contexto de creciente incertidumbre macroeconómica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para España en dos décimas, hasta el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, frente al 2,3% estimado antes del inicio del conflicto. Para 2027, la previsión desciende al 1,8%, una décima por debajo de la estimación anterior. El organismo atribuyó la corrección principalmente al impacto del encarecimiento de la energía y a la subida del precio del gas natural.
El FMI recomendó no obstante que las ayudas gubernamentales sean temporales y focalizadas en los sectores más afectados, y advirtió de que no deben impactar negativamente en la consolidación de las cuentas públicas ni distorsionar los precios de la energía. Esta orientación coincide con la cláusula de desactivación incorporada por Hacienda al decreto, que vincula la continuidad de las rebajas al comportamiento del Índice de Precios al Consumo (IPC). El presidente del Gobierno reiteró que España está en posición de «salir más fuerte de esta crisis» y que el escudo social seguirá activo el tiempo que sea necesario.
