La Audiencia Nacional cerró ayer, tras 37 sesiones y más de tres meses de vista oral, el juicio por la trama conocida como caso Kitchen, la presunta operación policial urdida en 2013 para espiar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. La magistrada Teresa Palacios dejó el proceso visto para sentencia después de escuchar los alegatos finales de las defensas de los ocho acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye haber encabezado la trama.
«Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia», decretó ayer la presidenta del tribunal a las 12.07 de la mañana, poniendo fin a una vista oral iniciada el pasado 6 de abril. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Fernández Díaz encabezó la presunta trama para robar al extesorero popular documentos comprometedores que este aún podía guardar del partido, con el objetivo de evitar que llegaran a los investigadores del caso Gürtel. Las defensas rechazan esa tesis y repiten que la operación solo buscaba localizar el dinero que Bárcenas ocultaba en el extranjero.
En el banquillo de los acusados se han sentado, además del propio Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía; el excomisario José Manuel Villarejo; el comisario Andrés Gómez Gordo, exjefe de seguridad de la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal; y Sergio Ríos, el chófer del propio Bárcenas, entre otros. El ministerio público reclama para Fernández Díaz, Martínez y Pino penas de 15 años de cárcel, mientras que solicita 19 años de reclusión para el comisario Villarejo y 12 años y medio para Ríos.
Una operación que las defensas niegan como ilegal
El abogado de Sergio Ríos, Javier Navarro, centró su alegato final en negar que su defendido cometiera o conociera irregularidad alguna. Según su tesis, el chófer creyó que colaboraba con la Policía en un despliegue lícito, captado por mandos policiales que solo le explicaron lo que necesitaba saber. «Fue una operación de inteligencia absolutamente legal», sostuvo Navarro, quien describió a Ríos como un confidente casi obligado a aceptar esa labor debido a su puesto de conductor y escolta, desde el que observaba a diario la actividad del extesorero y su entorno.
La defensa del excomisario Villarejo, a cargo del abogado Antonio García Cabrera, avanzó una línea similar desde el inicio de la sesión final, al sostener que la propia denominación de la trama fue una construcción posterior y ajena a los hechos investigados. Según su versión, el término Kitchen «se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas» que el extesorero habría movilizado para dar forma al relato mediático del caso. García Cabrera pidió la absolución de su defendido, para quien la Fiscalía solicita la pena más alta de todo el proceso.
Las peticiones de la Fiscalía
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la presunta trama captó y pagó con fondos reservados al chófer Sergio Ríos, quien supuestamente facilitó información sensible sobre la familia Bárcenas. El propio Ríos admite haber ejercido como confidente y haber cobrado por ello, aunque niega que su actuación fuera más allá de lo permitido por la ley. Tras el alegato de la defensa de Ríos, la Abogacía del Estado intervino para oponerse a que se condene a la Administración como responsable civil subsidiario de la operación, tal y como reclaman tanto la Fiscalía como la familia Bárcenas en sus respectivas acusaciones.
El tribunal ofreció a los ocho acusados la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra antes de dar por concluida la vista. Ni Jorge Fernández Díaz ni Francisco Martínez hicieron uso de ese derecho, pero otros acusados sí se pronunciaron. El comisario Villarejo declaró: «Sigo teniendo confianza en este tribunal», mientras que el comisario Andrés Gómez Gordo sostuvo que él no ha tenido «ninguna participación en la ideación de esta operación». El propio Sergio Ríos cerró sus palabras asegurando que «jamás» ha tenido conocimiento de irregularidad alguna y pidiendo al tribunal «la duda razonable y justicia».
Con la vista oral concluida, la Audiencia Nacional deberá ahora dictar sentencia sobre un sumario que ha marcado buena parte de la vida política española de la última década, al sentar en el banquillo a un exministro del Interior y a varios altos mandos policiales por su presunta participación en una operación de espionaje contra el extesorero de un partido en el Gobierno. No hay fecha prevista para la resolución judicial.
