El juez sitúa a Zapatero en el centro del negocio petrolero venezolano

22 mai 2026 - 19:38

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama documenta en el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que la presunta trama lo utilizaba como intermediario imprescindible en operaciones de compraventa de petróleo venezolano. Los potenciales compradores debían dirigirse a él mediante una carta de intenciones antes de conocer siquiera el tipo de crudo que iban a adquirir. El auto apunta también a conexiones con actores vinculados al Partido Comunista Chino y a gestiones para obtener permisos de vuelo en Venezuela.

El auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra revela una dimensión de la presunta trama que trasciende el rescate de la aerolínea: la supuesta utilización del expresidente como nodo central de operaciones internacionales de compraventa de petróleo venezolano. El magistrado José Luis Calama sustenta esa conclusión en los mensajes intervenidos al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante y amigo personal de Zapatero. En esas comunicaciones, la trama instruía a los potenciales compradores de crudo a dirigirse al expresidente mediante lo que en la jerga comercial internacional se denomina Letter of Intent, una carta de intenciones.

La secuencia documentada en el auto resulta reveladora. Los interesados en acceder a la compraventa de petróleo venezolano debían remitir esa carta antes de conocer el tipo de combustible que iban a adquirir, lo que para el instructor evidencia que la gestión no respondía a una lógica mercantil ordinaria. «Han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent», recoge el auto. El juez concluye que ello pone de manifiesto la «participación e influencia determinante» del expresidente y su «acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política», incluido el Gobierno venezolano.

Delcy Rodríguez, «la Dama»

Las comunicaciones intervenidas identifican a la entonces vicepresidenta de Venezuela y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la figura que «maneja la asignación directa de los barcos». En los mensajes, los interlocutores se refieren a ella con el sobrenombre de «la Dama». Una de las conversaciones recogidas en el auto menciona que uno de los implicados estaba «listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo», en referencia a una reunión en Caracas vinculada a la operativa de la presunta red.

El propio Zapatero ha descrito públicamente su relación con Rodríguez en términos que el auto utiliza como contexto. «Tengo una relación de largo alcance, casi diaria, con Delcy Rodríguez, y tengo gran confianza en ella. La conozco muy bien», declaró el expresidente en febrero ante los medios. Esa relación, presentada por Zapatero como parte de su labor mediadora para la liberación de presos políticos en Venezuela a lo largo de más de una década, es también, según el instructor, la que habría dotado de valor a su participación en la presunta trama.

La conexión china

El auto incorpora otro elemento que amplía la dimensión internacional de la causa. En una de las comunicaciones intervenidas, los implicados señalan que deben tener claro qué van a ofertar porque la operación involucra a una «empresa que depende del Partido Comunista Chino». Para Calama, esa mención revela la «implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio» y refuerza la conclusión de que la actividad descrita «trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria».

El auto recoge también la existencia de una carta remitida el 30 de octubre de 2023 por una entidad denominada China International Cultural Technology Resources Group CO LTD a la «Oficina del presidente Zapatero», dirigida a la atención del expresidente. El juez no desarrolla este extremo en detalle porque la documentación relevante permanecía hasta hace poco bajo secreto de sumario. La mención, sin embargo, apunta a que las conexiones de la presunta trama con actores chinos son uno de los hilos que el instructor tiene pendientes de desarrollar.

Lo que el sumario no revela aún

El levantamiento parcial del secreto de sumario ha permitido conocer el contenido del auto de imputación, pero una parte sustancial de la documentación acumulada por el instructor sigue sin ser pública. Entre los extremos que el propio Calama señala como relevantes y que no desarrolla en el auto figura la posible intercesión de la presunta red ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela —el organismo que regula los vuelos comerciales y privados en ese país— para obtener permisos de vuelo en favor de Plus Ultra. El juez considera que los investigados habrían ejercido influencias ante el presidente del INAC, Juan Manuel Teixeira, aunque ese hilo no está completamente desarrollado en la resolución conocida.

El auto también enumera otras operaciones de alto valor económico en las que la «intervención directa» del expresidente habría resultado determinante: transacciones con petcoke —un subproducto del refinamiento de petróleo empleado como combustible—, oro, compraventa de acciones y operaciones con divisas. La sociedad Inteligencia Prospectiva, administrada por el empresario venezolano Domingo Arnaldo Amaro Chacón, aparece en el auto como el vehículo a través del cual entraban en el circuito fondos extranjeros simulados como ampliaciones de capital, que después se redistribuían hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center mediante contratos que el instructor califica de ficticios.

Zapatero rechazó de forma categórica las acusaciones en un vídeo publicado tras conocerse su imputación. «Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros», afirmó, insistiendo en que toda su actividad «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad». Su defensa baraja solicitar un aplazamiento de la declaración prevista para el 2 de junio ante el magistrado Calama, con el argumento de que necesita tiempo para revisar el volumen de documentación obrante en la causa. La resolución de esa solicitud determinará si el primer careo procesal entre el instructor y el expresidente se produce en la fecha prevista o se desplaza hacia el mes de julio.

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