El magistrado instructor Juan Carlos Peinado concluyó su investigación de dos años y propuso sentar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en el banquillo de los acusados por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El auto compara al Ejecutivo con regímenes autoritarios y provocó el rechazo inmediato del ministro Bolaños, que lo calificó de vergüenza para la justicia. La oposición lo convirtió en munición electoral.
El juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, cerró su investigación de dos años sobre la actividad profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y propuso sentar a la investigada en el banquillo de los acusados ante un jurado popular. Los cargos son cuatro: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Junto a Gómez figuran como acusados la asesora de la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado al entorno empresarial de la cátedra.
La resolución, de 39 páginas, ha generado controversia antes incluso de que comiencen las conclusiones definitivas. El documento contiene pasajes que el Gobierno calificó de improcedentes, entre ellos la equiparación del Ejecutivo con lo que el magistrado denomina «regímenes absolutistas», expresiones que fuentes gubernamentales consideraron más propias de un alegato político que de un escrito técnico-jurídico. El caso nació de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y se amplió con querellas posteriores de Hazte Oír y Vox. La Audiencia Provincial de Madrid había avalado ya la imputación, aunque ha corregido al instructor en resoluciones previas.
Los cuatro cargos y la cátedra de la Complutense
El eje central del caso es la cátedra extraordinaria que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) creó para que Gómez la dirigiese. El magistrado sostiene que la esposa del presidente utilizó su condición para obtenerla y que diversas empresas financiaron después un software patentado a título personal, una operación que Peinado califica como desvío del activo hacia intereses propios. El auto cifra el coste del desarrollo de ese programa en 108.765,79 euros. El rector de la UCM, Joaquín Goyache, declaró ante el juzgado que apenas conocía a Gómez «porque era la mujer del presidente del Gobierno».
Barrabés habría contactado con diversas compañías a través del correo oficial de la asesora de Presidencia, Cristina Álvarez, a quien el instructor califica de «fachada» en la captación de fondos para el proyecto. Entre los patrocinadores identificados figuran La Caixa, con una aportación de 60.000 euros, y la Fundación La Caixa, con un compromiso de 15.000 euros anuales. A esas cantidades se suman contribuciones de empresas como Indra, Telefónica y Google, encargadas del desarrollo de herramientas digitales vinculadas al programa académico.
El Gobierno responde y la oposición capitaliza
La reacción del Gobierno fue inmediata. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, salió al paso de la resolución al llegar a su departamento y afirmó que el escrito «ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados de España». Bolaños confió en que un tribunal superior revoque las decisiones adoptadas durante la instrucción y sostuvo que el expediente ha causado «un daño irreparable al buen nombre de la justicia». La defensa de Gómez, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, ha mantenido que el asunto carece de trascendencia penal y que el procedimiento debería archivarse.
El Partido Popular (PP) no tardó en capitalizar el documento como argumento de desgaste político contra el Ejecutivo. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezquerra, calificó el procedimiento de «absolutamente increíble» y definió a Begoña Gómez como «tetraprocesada», en alusión al número acumulado de imputaciones formales. Desde Moncloa, los portavoces insistieron en las correcciones del tribunal de apelación al juez Peinado a lo largo del caso y señalaron que la causa nació de denuncias de organizaciones vinculadas a la derecha radical.
El expediente pasa a la Audiencia Provincial
Las partes disponen de cinco días para presentar sus escritos de conclusiones definitivas ante el juzgado. Una vez entregados todos los documentos, Peinado podrá dictar la resolución de apertura del juicio oral, condicionada en todo caso a los recursos pendientes ante el tribunal de apelación. El magistrado afronta un calendario ajustado: se jubilará en septiembre, cuando cumpla 72 años, y ha cerrado la instrucción con el propósito de no dejar el expediente inconcluso. Los escritos de acusación y de defensa determinarán el alcance de los cargos que lleguen finalmente a plenario.
Begoña Gómez se enteró de la conclusión del procedimiento durante el viaje oficial del presidente Sánchez a China. La noticia le llegó en las inmediaciones del hotel de la delegación española en Pekín, minutos antes de su llegada al establecimiento, mientras la caravana presidencial interrumpía el tráfico en la zona. A lo largo de la gira, Gómez participó en todos los actos de la agenda presidencial. Estuvo presente en la Universidad de Tsinghua, recibió una distinción honoraria en la Academia China de Ciencias y asistió al banquete oficial con el presidente chino Xi Jinping en el Palacio del Pueblo de la capital china.
El caso Begoña ha marcado durante casi dos años la relación entre el Ejecutivo de Sánchez y el poder judicial. El Gobierno lo ha denunciado como persecución política; la oposición lo ha sostenido como una investigación legítima sobre el aprovechamiento de la influencia presidencial. La propuesta de plenario activa ahora la fase más visible del expediente. Si los recursos pendientes y los escritos de las partes no lo impiden, Gómez podría sentarse ante un jurado popular en una fecha todavía por determinar, casi una década después del inicio de los hechos investigados.
