El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer este miércoles a las 18.00 horas en los juzgados de la Plaza de Castilla para entregarle su pasaporte. La citación se produce días después de que el instructor abriera juicio oral contra Gómez por cuatro delitos y acordara retirarle el documento de viaje, prohibirle salir del país y obligarle a firmar en sede judicial cada quince días. El Gobierno ha calificado las medidas de persecución política.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, citó a Begoña Gómez a comparecer este miércoles en los juzgados de la Plaza de Castilla para hacer entrega de su pasaporte. La citación, recogida en una providencia a la que tuvo acceso El País, se extiende también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa e igualmente investigada en la causa. Ambas deben comunicar al juzgado si disponen de algún pasaporte adicional al español, «ya sea diplomático o de otra nacionalidad», según el texto de la resolución. La medida de retirada del documento de viaje fue acordada por el instructor el pasado sábado, en el mismo auto en que resolvió abrir juicio oral.
La decisión de abrir juicio oral supone un salto procesal de envergadura. Gómez afrontará un proceso ante un jurado popular —integrado por ciudadanos y no por magistrados profesionales— acusada de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Junto a ella comparecerá como acusado el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque en una pieza separada y por cargos distintos: dos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con contratos adjudicados a empresas de su entorno. Ni Gómez ni Álvarez han sido condenadas; se encuentran en fase de instrucción y niegan los cargos que se les imputan.
Cuatro delitos y juicio con jurado popular
La causa principal gira en torno a dos líneas de investigación. La primera sostiene que Gómez se valió de su relación con el presidente del Gobierno para impulsar su trayectoria profesional, en particular en el ámbito universitario: el instructor ha documentado contactos con el rectorado de la Universidad Complutense de Madrid que habrían derivado en la creación de una cátedra extraordinaria vinculada a su nombre, sin que Gómez acreditara titulación universitaria oficial. La segunda línea apunta a que Gómez se apoyó en su asesora, Cristina Álvarez, para tareas relacionadas con sus actividades privadas, valiéndose de recursos y canales institucionales de La Moncloa.
Al margen de la pieza principal, el juez abrió la semana pasada una causa separada tras recibir documentación de la Fiscalía Europea con indicios sobre contratos adjudicados a empresas de Barrabés. Esta pieza no afecta ni a Gómez ni a Álvarez. El auto del sábado incluyó también una referencia que ha generado una controversia institucional propia: Peinado justificó la retirada del pasaporte argumentando que los policías que escoltan a Gómez podrían, en determinadas circunstancias, «colaborar en la acción o acciones que se lleven a cabo» para facilitarle una eventual fuga. Esa afirmación ha sido el detonante de un proceso disciplinario paralelo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las medidas cautelares y su recurso
Las tres medidas cautelares decretadas por Peinado en el auto del sábado son la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de firmar en sede judicial cada quince días. El exministro del Interior y letrado de Gómez, Antonio Camacho, ha recurrido estas medidas ante la Audiencia Provincial de Madrid, instancia superior al juzgado de instrucción. La decisión de abrir juicio oral, en cambio, no es recurrible ante la Audiencia Provincial; las defensas pueden presentar alegaciones contra las medidas cautelares, pero no contra la resolución que acuerda el juicio en sí.
No es la primera vez que Peinado acuerda medidas de esta naturaleza. En 2024, cuando la instrucción estaba en fase inicial, el instructor ya rechazó la retirada del pasaporte al considerarla innecesaria y desproporcionada. La petición de esa medida la formularon entonces, como ahora, las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír, que reclama también una condena de 24 años de prisión para Gómez. Las defensas han cuestionado en repetidas ocasiones la proporcionalidad de las decisiones del instructor, varias de las cuales han sido corregidas por la Audiencia Provincial a lo largo del proceso.
Las reacciones del Gobierno y del PSOE
La respuesta del Ejecutivo al auto del sábado fue de rechazo sin matices. Fuentes de La Moncloa calificaron la resolución de Peinado como expresión de «la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico». El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó el sábado de día «nefasto» para quienes creen en la justicia y describió en la Cadena SER las resoluciones del instructor como «incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del derecho».
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) impulsó en redes sociales el hashtag #YoConBegoña, al que se sumaron figuras del partido. La exministra de Hacienda María Jesús Montero calificó las medidas cautelares de «desmedidas y desproporcionadas, más propias de un juicio político que de un proceso justo». La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, publicó un escueto «¡Inaudito!». Las reacciones reflejan la estrategia del partido de enmarcar el proceso judicial como una operación de acoso político, una lectura que la defensa de Gómez comparte y que el instructor y las acusaciones populares rechazan. La causa seguirá su curso ante un jurado popular cuya composición y fecha de celebración del juicio están aún por determinar.
