El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que rechaza ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos sobre el móvil del empresario Rodolfo Reyes, desestima varias diligencias solicitadas por la acusación popular del Partido Popular y acuerda imputar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, junto a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en la causa sobre el rescate público a la aerolínea Plus Ultra.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó este jueves un auto en el que resuelve varias peticiones pendientes en la instrucción del caso Plus Ultra, la causa que investiga posibles irregularidades en el préstamo de 53 millones de euros concedido durante la pandemia a la aerolínea por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. El documento aborda tres cuestiones distintas: la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre el móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, varias diligencias reclamadas por la acusación popular que ejerce el Partido Popular (PP), y la imputación de tres nuevas personas vinculadas al entorno del expresidente.
El auto llega en un momento en que la instrucción del caso Plus Ultra acumula varios frentes abiertos de manera simultánea, con peticiones cruzadas entre la defensa de Zapatero, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que representa el PP. Calama, instructor de la causa desde su apertura, ha optado por resolver en una misma resolución cuestiones de naturaleza muy distinta, desde aspectos procesales sobre la validez de las pruebas obtenidas en Estados Unidos hasta decisiones sobre la ampliación del círculo de personas investigadas. La causa se mantiene, según reconoce el propio magistrado, en una fase todavía incipiente de la instrucción.
El juez frena la ampliación de la comisión rogatoria
Calama había enviado el pasado 5 de junio una solicitud de cooperación judicial a Estados Unidos para obtener el consentimiento de las autoridades estadounidenses sobre el uso como prueba del contenido del teléfono de Reyes, cuyos datos resultaron determinantes para la imputación de Zapatero y para ordenar el registro de su oficina. El abogado del expresidente, Víctor Moreno, había pedido que se reclamara también la resolución que autorizó la incautación y el clonado del dispositivo, además de detalles sobre el procedimiento abierto contra Reyes y los mecanismos técnicos empleados en el volcado. El magistrado considera que, mientras Washington no autorice el uso del contenido como fuente de prueba, «no es posible efectuar una valoración fundada» sobre la necesidad de esas peticiones.
La decisión no cierra la puerta a una eventual ampliación posterior de la petición de cooperación internacional, sino que la condiciona a la respuesta que remitan las autoridades estadounidenses sobre la autorización de uso probatorio. Zapatero figura como investigado en esta causa, sin que se haya formulado en su contra escrito de acusación, y la instrucción se encuentra, según reconoce el propio auto, en una fase aún incipiente. La defensa del expresidente había planteado sus dudas sobre la obtención y custodia del contenido del móvil como parte de su estrategia para cuestionar la validez de la prueba central del caso.
Diligencias rechazadas a la acusación popular
El auto desestima también varias diligencias solicitadas por la acusación popular unificada que lidera el PP, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, así como la declaración como testigo del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura. El magistrado rechaza igualmente la petición de imponer una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, al considerar que esa solicitud parte de «un presupuesto jurídico incorrecto», ya que la investigación no tiene por objeto el procedimiento administrativo de concesión de la ayuda pública.
Calama precisa que el objeto de la causa son las conductas que pudieron influir en la concesión del préstamo en la medida en que fueran constitutivas de tráfico de influencias, no la regularidad del propio mecanismo de ayuda estatal. El juez añade que la petición de fianza «excede el ámbito» de la legitimación procesal de la acusación popular, que no puede instar embargos ni medidas cautelares de naturaleza reparadora. El magistrado matiza, no obstante, que esta decisión no impide valorar la pertinencia de medidas similares conforme avance la instrucción, que continúa abierta a nuevas diligencias en función de los hallazgos que se vayan produciendo.
Alba y Laura Rodríguez, imputadas
El tercer bloque del auto recoge la decisión de imputar a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El juez pone los hechos en conocimiento de las tres para que puedan personarse en el procedimiento «en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa». La decisión se basa en que ambas hermanas figuran como administradoras solidarias de la empresa What The Fav, sociedad que el auto describe como «vinculada indiciariamente al entramado investigado», circunstancia que el magistrado considera suficiente para justificar su citación.
El instructor atribuye a esa sociedad «un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes» para los hechos investigados, lo que sitúa a sus administradoras, según el propio auto, «en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación». La condición de investigada no implica responsabilidad penal alguna mientras no concluya la instrucción ni se formule, en su caso, un escrito de acusación formal. Ninguna de las tres ha sido condenada ni acusada en esta fase del procedimiento, que la Fiscalía Anticorrupción impulsó solicitando su declaración como parte de las pesquisas sobre el rescate a Plus Ultra.
