El inspector jefe Gonzalo Fraga identificó ante la Audiencia Nacional al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como «el Asturiano», uno de los apodos empleados en la trama Kitchen. En más de seis horas de declaración, Fraga acreditó que esa figura tenía capacidad para cesar a altos mandos policiales, presentó grabaciones en las que el excomisario Villarejo amenazaba con encarcelar a Bárcenas y a un ministro, y certificó que el operativo buscaba documentación que comprometía al presidente.
El inspector jefe Gonzalo Fraga compareció ante la Audiencia Nacional durante más de seis horas de declaración para dar cuenta de la trama que perseguía obtener «los papeles que afectasen al presidente». El ministerio fiscal aprovechó su comparecencia para que precisara quién se ocultaba tras el apodo «el Asturiano», uno de los nombres en clave empleados en el dispositivo. Fraga identificó el alias con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la primera sesión de testigos de la vista oral.
El caso Kitchen llega al banquillo con la excúpula policial y política del Ministerio del Interior como principales procesados. La Fiscalía Anticorrupción imputa al exjefe operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, conocido en la operación como «Chisco», y al excomisario Andrés Gómez Gordo, apodado «Cospedin». La trama tenía como objetivo vigilar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, quien en aquel momento disponía de documentación potencialmente comprometedora para la dirección del partido.
Los motes y la identidad de «el Asturiano»
Toda la estructura interna de la operación se articulaba a través de apodos que ocultaban los nombres reales de sus integrantes. El chófer de Bárcenas figuraba como «el Cocinero»; el exsecretario de Estado era «Chisco»; el comisario Andrés Gómez Gordo era «Cospedin». El apodo que concentró mayor atención durante la sesión fue «el Asturiano». Fraga no dejó lugar a dudas: «es el mote que usaban para Mariano Rajoy», aseguró ante el tribunal, después de que el ministerio fiscal le solicitara precisar la identidad de quien se ocultaba tras ese nombre en clave.
La relevancia de identificar a «el Asturiano» con Rajoy reside en el poder que el inspector atribuyó a esa figura dentro del dispositivo. Según su declaración, el personaje designado con ese alias tenía «capacidad para cesar a altos mandos policiales», además de «mano» con el exsecretario de Estado de Seguridad. Una grabación de Villarejo introducida en la sesión reforzaba esa lectura, con el excomisario describiendo la operación Kitchen como un proyecto para obtener los documentos que comprometían al presidente, con plena conciencia de los riesgos legales que entrañaba.
García Castaño y la resistencia al interrogatorio
Enrique García Castaño, conocido en la causa como «el Gordo» y acreditado como uno de los principales receptores de la información recopilada, resistió durante la sesión el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción sin aportar nuevos detalles. El inspector desveló en cambio cómo fue el hallazgo que puso al comisario en el centro del caso: al ver en un vehículo policial una matrícula que le resultó familiar, detuvo a la funcionaria que lo conducía, tomó su declaración y obtuvo información detallada sobre los movimientos del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Las grabaciones intervenidas a Villarejo constituyeron la pieza central de la jornada. En una de ellas, el excomisario le dice a García Castaño que la operación fue diseñada «para quitarle los papeles a Bárcenas que comprometían al presidente». En un tercer audio, Villarejo reconoce haber prestado ayuda a García Castaño en asuntos de índole interna y, al verse acorralado por las preguntas, amenaza con «meter en Alcalá Meco a Paco, y al ministro también». Fraga certificó su valoración ante el tribunal: «Hay muchos elementos que hablan de la ilicitud de este proyecto».
El alcance del operativo y los fondos reservados
La vigilancia sobre el extesorero y su esposa, Rosalía Iglesias, se desarrolló con intensidad entre 2013 y 2014, un año después de que este hubiera depositado supuestamente información de alto voltaje en Génova, sede del PP. Trece días tras ser despedido, el comisario fue acompañado a ese mismo edificio, según la declaración del inspector. El seguimiento empleó tanto a agentes uniformados de la unidad de escuchas como a personal de asuntos internos, lo que amplió el alcance del dispositivo más allá de los canales ordinarios.
La dimensión económica de la operación quedó también acreditada en la vista oral. Las declaraciones evidenciaron que a García Castaño se le abonaban unos 2.000 euros mensuales con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. El abogado defensor del exjefe operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, trató de reencuadrar esos pagos dentro de la legalidad policial, argumentando que la finalidad no podría considerarse ilícita si el resultado de las pesquisas debía comunicarse a la autoridad judicial. La línea argumentativa coincide con la posición del resto de procesados.
El caso Kitchen ocupa un lugar singular en la historia judicial reciente de España: la tesis acusatoria implica que un Gobierno democrático movilizó sus propios recursos policiales para espiar a su extesorero y recuperar documentación comprometedora. Los abogados de los procesados sostienen que se trató de un dispositivo con plena cobertura legal. La primera jornada de testigos, protagonizada por el inspector Fraga, ha situado el proceso en el centro del debate político nacional y ha dejado sobre la mesa una identificación cuyo peso el tribunal deberá valorar en las semanas que vienen.
