La conmemoración de los 47 años de vigencia de la Constitución ha sido el catalizador para que partidos articulen sus posiciones sobre el futuro del texto. ERC, EH Bildu y el BNG presentaron un manifiesto conjunto para reclamar un proceso constituyente que reconozca la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación, mientras que Sumar defendió la necesidad de constitucionalizar el aborto y avanzar hacia la forma republicana de Estado. Ninguna de las propuestas de cambio de calado cuenta con mayorías parlamentarias para prosperar.
El acto solemne celebrado este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar que la Constitución de 1978 se convierte en la más longeva de la historia de España no solo generó lecturas sobre el pasado del texto fundamental. También abrió una pugna política sobre su futuro. Desde posiciones opuestas —la ausencia reivindicativa de los independentistas y la asistencia crítica de la izquierda de gobierno—, distintos partidos aprovecharon la jornada para presentar sus propuestas de transformación del marco constitucional vigente, en un ejercicio que pone de manifiesto las profundas tensiones que atraviesan el sistema político español cuarenta y siete años después de la Transición.
La coincidencia de un acto de Estado presidido por los Reyes con la presentación pública de un manifiesto que cuestiona la legitimidad democrática de la propia Constitución ilustra la complejidad del momento. Tres de los grupos parlamentarios que sostienen la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso —ERC, EH Bildu y el BNG— no solo rechazaron asistir a la ceremonia, sino que publicaron horas antes un texto conjunto de carácter político que interpela directamente al conjunto del sistema.
Manifiesto soberanista: «La Constitución no nació de un proceso verdaderamente democrático»
Bajo el título Naciones con pleno derecho a decidir, democracia para avanzar, ERC —Esquerra Republicana de Catalunya—, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) suscribieron un texto en el que reafirman su rechazo a celebrar el hito constitucional y formulan una propuesta alternativa de organización del Estado. El documento sostiene que la Constitución de 1978 «no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista», sino que fue el resultado de un pacto «condicionado por los límites impuestos por las estructuras de poder de la dictadura». Para los tres partidos, ese origen hipoteca la legitimidad del texto hasta el presente.
En términos positivos, el manifiesto reclama la apertura de «un proceso constituyente» que reconozca explícitamente a Cataluña, el País Vasco y Galicia como «naciones que conforman el Estado», garantice el derecho de autodeterminación y habilite el ejercicio de la soberanía si así lo deciden «libre y democráticamente» sus ciudadanos. Las tres formaciones sostienen que «la negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que la ciudadanía gallega, catalana y vasca pueda pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a las aspiraciones nacionales y sociales» de sus territorios. La monarquía, añaden, es «heredera del franquismo» y carece de legitimidad democrática. «Democracia es decidir. Las naciones son sujetos políticos», concluye el texto.
Sumar, entre la celebración y la exigencia de cambios
El grupo parlamentario Sumar adoptó una posición distinta: acudió al acto institucional del hemiciclo, pero lo hizo con un mensaje explícito de insatisfacción con el marco constitucional actual. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, afirmó en rueda de prensa previa a la ceremonia que la Carta Magna «habría que reformarla» y recordó que su grupo lleva tiempo planteando constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, una propuesta que ya fue remitida formalmente al resto de grupos parlamentarios a principios de 2025 como proposición de reforma del artículo 43, y sobre la que el Gobierno ha dado «pasos en este sentido».
Más allá del aborto, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, fue más rotundo al señalar que «a esta Constitución le sobra la Corona, le sobra la Monarquía y tiene que avanzar hacia un modelo de República más democrático y más plural». En la misma línea, la diputada también de Compromís Àgueda Micó, del grupo mixto, planteó reformar el texto para «proteger el Estado plurinacional» y «pasar de ser una Monarquía a ser una república». La propia formación ha reconocido, no obstante, que no tiene previsto presentar ninguna iniciativa parlamentaria específica sobre la forma de Estado en el corto plazo, lo que sitúa estas posiciones más en el terreno de la declaración política que en el de la agenda legislativa concreta.
Un debate sobre la reforma sin mayorías posibles
Las propuestas que afloran este martes comparten un denominador común: ninguna de ellas cuenta, en el actual escenario parlamentario, con las mayorías necesarias para prosperar. La Constitución española establece dos procedimientos de reforma. El ordinario, recogido en el artículo 167, requiere una mayoría de tres quintos en ambas cámaras —el Congreso y el Senado— para modificaciones que no afecten a los pilares del texto. El agravado, regulado en el artículo 168, exige para las reformas de mayor calado —como las que afectan a la Corona, los derechos fundamentales o el Título Preliminar— la disolución de las Cortes, la celebración de elecciones y la aprobación en referéndum obligatorio. Un procedimiento deliberadamente complejo diseñado para garantizar el máximo consenso.
En ese marco, la posibilidad de que prospere un proceso constituyente al estilo del reclamado por los soberanistas, o incluso una reforma de la forma de Estado hacia una república, resulta hoy por hoy inviable: requeriría el respaldo de fuerzas que hoy se sitúan en posiciones radicalmente opuestas. La única reforma que ha conseguido atravesar ese filtro en los últimos quince años fue la de 2024, que sustituyó el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» en el artículo 49, aprobada con el voto de 312 de los 350 diputados. El hito constitucional del 17 de febrero de 2026 pone en evidencia, así, una paradoja característica del sistema político español: una Constitución que suscita debates crecientes sobre su reforma, pero que por su propio diseño resulta extraordinariamente difícil de modificar.
