El ejecutivo de Pedro Sánchez afronta este jueves en el Congreso la votación del real decreto ley de medidas fiscales aprobado para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. Con el apoyo confirmado de Junts y la abstención anunciada de Podemos, el texto tiene visos de salir adelante sin necesidad del voto del Partido Popular, cuya posición sigue siendo una incógnita. En paralelo, el Gobierno ha vetado dos enmiendas introducidas por los populares en el Senado, una sobre regularización de migrantes y otra sobre plazas de fiscales.
El pleno del Congreso de los Diputados celebrará este jueves, 26 de marzo, una sesión extraordinaria para votar la convalidación del real decreto ley de medidas fiscales adoptado por el Consejo de Ministros el pasado viernes para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. El paquete, que moviliza 5.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas a sectores estratégicos, incluye entre sus medidas principales una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad y el gas del 21% al 10%, descuentos en los carburantes y la prórroga del escudo social que protege a los hogares vulnerables frente al corte de suministros básicos.
La aritmética parlamentaria en torno al decreto es compleja pero favorable al Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar suman 147 escaños. A estos se añaden los apoyos confirmados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que juntos aportan otros 18 diputados. El respaldo del grupo de Junts per Catalunya —siete escaños— eleva la suma por encima de los 172 votos favorables, suficientes para la convalidación incluso en el escenario de que el Partido Popular (PP) y Vox voten en contra. La votación opone a los ejecutivos de Pedro Sánchez, que defiende la norma como respuesta urgente a una crisis de precios sin precedentes, con una oposición que la califica de insuficiente.
La aritmética del jueves
La clave para entender la dinámica de la votación radica en las posiciones de Podemos y Junts. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, confirmó el lunes la abstención de sus cuatro diputados, argumentando que «las rebajas de impuestos no son la vía para hacer frente a la escalada de precios». La formación reclama al Gobierno que tope los precios de los carburantes, la energía y los alimentos para evitar que las empresas energéticas se beneficien de los fondos públicos movilizados. La abstención de Podemos no hunde el texto, pero obliga al Ejecutivo a garantizar el apoyo de Junts para no quedar expuesto a una derrota si el PP optara por el voto en contra.
Junts, por su parte, ha confirmado su voto favorable al decreto, condicionado a que el Gobierno apoye su iniciativa sobre los autónomos en el Congreso. El grupo posconvergente, que ya el viernes celebró que el texto del Consejo de Ministros recogía «todas las bajadas fiscales» que había reclamado, trasladó a la Moncloa sus exigencias adicionales antes de confirmar su apoyo definitivo. Con el respaldo de Junts garantizado, el decreto superaría la votación incluso con el voto en contra conjunto del PP y Vox, que suman 170 escaños, cuatro menos de los votos favorables que el Gobierno tiene ya asegurados.
El PP, entre la abstención y las exigencias
El Partido Popular mantiene una posición ambigua a 48 horas de la votación. La vicesecretaria de regeneración democrática e institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció el lunes que la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, trasladaría al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, las condiciones del partido para decidir el sentido de su voto. Entre ellas, la deflactación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), medida que el Gobierno ha rechazado incluir en el texto.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue más allá este martes al sugerir que la votación no necesita celebrarse el jueves. «El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar», afirmó en una entrevista en Antena 3, recordando que los plazos legales permiten al Gobierno aplazar la sesión de convalidación. Los populares argumentan que el ejecutivo solo ha aceptado «una» de sus propuestas —la rebaja del IVA energético— y han calificado el paquete de «insuficiente y tardío». Fuentes del entorno del Gobierno consideran que la posición del PP responde más a una estrategia de desgaste político que a una oposición sustantiva al contenido del decreto.
El veto a las enmiendas sobre inmigración
En paralelo a la batalla por el decreto anticrisis, el Gobierno activó este martes otro frente parlamentario al vetar en la Mesa del Congreso dos enmiendas introducidas por el PP durante la tramitación en el Senado de la ley de lucha contra la multirreincidencia, una iniciativa legislativa de Junts. El Ejecutivo justificó los vetos por implicar un incremento del gasto público que no estaba contemplado en los presupuestos vigentes.
La primera enmienda vetada endurecía los requisitos para la regularización de inmigrantes al exigir, sin excepciones, un certificado oficial de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen del solicitante. El Gobierno argumentó que su aplicación implicaría la creación de 400 nuevas plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, con un coste adicional de 17 millones de euros. La segunda enmienda proponía ampliar en dos años las plazas de fiscales de área y comunidades autónomas —491 puestos nuevos—, con un impacto presupuestario estimado en 54 millones de euros.
El PP ya intentó introducir estas enmiendas durante la tramitación del texto en el Senado, donde la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría popular, levantó el veto que el Gobierno ya había interpuesto. La ley de multirreincidencia, aprobada por el Senado el 18 de marzo con los votos del PSOE, PP, Vox y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), llega ahora al Congreso para su votación definitiva el próximo jueves en el mismo pleno en que se debatirá el decreto anticrisis.
El presidente Pedro Sánchez comparecerá este miércoles en el Congreso para defender el paquete anticrisis y exponer la posición del Gobierno ante el conflicto en Oriente Próximo antes de la votación del jueves. La doble cita parlamentaria de esta semana —la convalidación del decreto fiscal y la votación final de la ley de multirreincidencia— convierte la sesión en uno de los plenos de mayor carga política de la legislatura, con el Gobierno obligado a gestionar simultáneamente dos frentes normativos de implicaciones opuestas en materia económica y migratoria.
