El Consejo de Ministros aprobó un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento catalán y exdirigente de Junts per Catalunya (JxCat), condenada por adjudicar de forma irregular contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La medida conmuta su pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos, lo que abre la puerta a que no llegue a ingresar en la cárcel, mientras se mantienen la inhabilitación y la multa impuestas.
El Gobierno concedió el indulto en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el órgano que juzgó y condenó a Borràs, cuya sentencia sostuvo que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva». El TSJC había condenado en marzo de 2023 a la entonces presidenta del Parlamento catalán por fraccionar de forma irregular 18 contratos menores de la ILC, por un importe global cercano a los 335.000 euros, con el fin de eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública mientras dirigía ese organismo cultural de la Generalitat, entre 2013 y 2018.
El Tribunal Supremo confirmó la condena en febrero de 2025 por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad continuada en documento oficial y mercantil, y rechazó además que los hechos pudieran beneficiarse de la ley de amnistía, al entender que se trataba de una condena vinculada a un delito de corrupción. Los jueces consideraron acreditado el fraccionamiento artificial de los contratos, aunque descartaron que Borràs hubiera obtenido un beneficio económico personal, una circunstancia que la propia sentencia dejó planteada como base para una eventual reducción de la pena mediante indulto parcial.
Condena confirmada por el Supremo
Tras la resolución del Supremo, el TSJC acordó suspender el ingreso en prisión de Borràs hasta que el Consejo de Ministros resolviera la petición de indulto, que contaba con el respaldo de la Fiscalía al compartir que la duración de la pena privativa de libertad resultaba excesiva en atención a las circunstancias del caso. La Fiscalía Superior de Cataluña, sin embargo, se había opuesto en junio del año pasado a que el Gobierno concediera cualquier indulto, parcial o total, a la expresidenta, al concluir que no había mostrado «el más mínimo signo de arrepentimiento» tras ser condenada por «abuso de poder» en un delito de corrupción.
La reducción de la condena a dos años abre ahora la posibilidad de que Borràs no llegue a ingresar en prisión, aunque la suspensión de la ejecución de la pena corresponde al tribunal sentenciador y deberá resolverse conforme a los requisitos previstos en el Código Penal. El resto de la pena impuesta por el TSJC, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros, se mantiene inalterado, según informó el Ministerio de Justicia.
La reacción de Borràs y de Junts
Antes de conocerse el indulto, la propia Borràs había publicado un escrito en redes sociales en el que insistía en presentarse como víctima de lawfare, término que designa un uso torticero de la justicia con fines políticos. Tras conocer la medida, la expresidenta del Parlamento catalán manifestó que se trata de «una manera bastante singular de admitir que la condena es injusta» y señaló que, aunque se ahorra el ingreso en prisión, se le mantiene la inhabilitación para cualquier cargo electo durante trece años. «Mi pesadilla seguirá hasta que se demuestre que todo el proceso judicial fue una gran injusticia», sostuvo Borràs.
Junts per Catalunya reaccionó a través de su secretario general, Jordi Turull, quien señaló que el indulto «no blanquea la grave injusticia perpetrada» por lo que definió como los responsables de la causa judicial contra Borràs. Turull subrayó que la medida «no repara para nada el daño» que la condena causó a la expresidenta y a su familia, en una reacción que sitúa el indulto como un alivio parcial pero insuficiente desde la perspectiva de la formación independentista.
Otros cuatro indultos el mismo día
El indulto a Borràs fue uno de los cinco aprobados por el Consejo de Ministros. El Gobierno concedió también una medida de gracia parcial al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa, indultando la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por motivos humanitarios relacionados con su estado de salud, en una solicitud que habían promovido numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual.
El Ejecutivo indultó además de forma parcial al exalcalde de Linares, en Jaén, Juan Fernández Gutiérrez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a quien se le conmuta la pena de prisión de tres años por otra de dos, mientras se mantiene la inhabilitación de siete años; la solicitud contaba con el aval tanto del Partido Popular (PP) como del PSOE de Linares. Por último, el Consejo de Ministros aprobó indultar parcialmente a dos ciudadanos condenados por delitos contra la salud pública, conmutando sus penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años en ambos casos, con el respaldo de informes favorables de los tribunales sentenciadores y de la Fiscalía.
