El inspector jefe Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, ha declarado ante la Audiencia Nacional que el operativo Kitchen se desarrolló sin autorización judicial, contradiciendo el argumento central de la defensa. En su testimonio de dos días, ha descrito presiones internas para proteger a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, el debilitamiento deliberado de su equipo y una filtración de documentación reservada a la entonces secretaria general del Partido Popular a través del comisario José Luis Olivera.
El juicio por la trama Kitchen entró en su cuarta semana ante la Audiencia Nacional con una declaración que puede resultar determinante para el procedimiento. El inspector jefe Manuel Morocho, agente 81.067 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal del caso Gürtel, completó este jueves su testimonio de dos jornadas ante el tribunal. Responsable de la investigación más extensa sobre la corrupción en el Partido Popular (PP) durante el Gobierno de Mariano Rajoy, comparece ahora como testigo de cargo en un proceso que busca determinar quién ordenó vigilar al extesorero del partido, Luis Bárcenas.
El núcleo de su declaración ha sido la negación explícita del argumento central que la defensa de los acusados ha sostenido desde el inicio del juicio. Morocho ha afirmado ante el tribunal que el operativo Kitchen fue una actuación policial desarrollada «sin autorización judicial». En 2015, explicó, recibió un correo interno con nombres, domicilios y vehículos del entorno de Bárcenas sin contexto investigativo ni cobertura legal que lo amparara. Morocho añadió que Kitchen no formó parte de ninguna investigación judicializada ni aportó elementos relevantes al caso Gürtel que él mismo dirigía desde la policía judicial.
Las presiones para omitir a Rajoy y Cospedal
El segundo eje del testimonio de Morocho ha girado en torno a las presiones que asegura haber recibido desde la propia estructura policial para no incluir los nombres de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en sus informes sobre los denominados papeles de Bárcenas, documentación clave para acreditar la financiación irregular del PP. El inspector ha declarado que esas presiones procedían de «toda la cadena de mando» y afectaban directamente a la elaboración de los informes que remitía al juzgado instructor del caso.
La situación se prolongó hasta que el juez instructor, Pablo Ruz, intervino de forma tajante. Según relató Morocho al tribunal, Ruz le comunicó que era inadmisible que se le indicara modificar el contenido de sus informes, y fijó límites claros sobre la presencia de mandos policiales en las reuniones de trabajo relacionadas con la instrucción. Morocho, que aseguró haber soportado esas presiones «con paciencia», denunció también intentos de apartarle del caso mediante ofertas de destinos en el extranjero «bien retribuidos» y traslados a otras unidades, así como amenazas de investigaciones internas por supuestas filtraciones que calificó de «infundadas».
La filtración de documentación reservada a Cospedal
El tramo más impactante del testimonio describió una filtración de material reservado del caso Gürtel que habría llegado a manos de Cospedal a través de mandos policiales. El comisario José Luis Olivera, uno de los acusados en el proceso, le confesó haber entregado personalmente a la entonces secretaria general del PP un documento procedente de la investigación sobre la trama de Francisco Correa. Ese archivo, relató Morocho, había sido depositado en una caja de seguridad de Cospedal.
El documento formaba parte del material incautado a la organización de Correa y contenía referencias a operaciones empresariales y adjudicaciones, con menciones a las iniciales «L.B.», atribuidas en la investigación a Bárcenas. El carácter reservado de la información y su salida del circuito judicial ordinario dejaron al inspector «estupefacto», según declaró. Morocho también describió otras irregularidades: sus superiores retrasaban la entrega de informes a la Audiencia Nacional —llegando a quedar bloqueados durante semanas— y solicitaron de forma irregular el número de teléfono de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero.
La posición de los acusados
Las declaraciones de Morocho se producen tras las de los principales acusados y testigos directos del proceso. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, acusado en el procedimiento, compareció en semanas anteriores. Como testigos lo hicieron el propio Bárcenas, que culpó directamente a la cúpula del PP de haber ordenado el operativo y aseguró que Rajoy conocía la financiación irregular del partido, y el expresidente del Gobierno, que negó cualquier implicación en el espionaje, el conocimiento de la caja B del PP y haber dado instrucciones para vigilar a su extesorero.
Cospedal, por su parte, negó haber encargado trabajos al comisario José Manuel Villarejo o haber participado en ninguna estructura ilegal vinculada a la vigilancia de Bárcenas. La defensa de los acusados ha sostenido que el operativo Kitchen contaba con cobertura policial ordinaria y no constituyó una actuación ilegal. La declaración de Morocho es la primera de un testigo con conocimiento directo del operativo desde dentro de la estructura policial que contradice esa tesis de forma expresa ante el tribunal.
El juicio se esperaba que durara unos tres meses desde su inicio, y se encuentra a mitad de su recorrido. La pregunta central del proceso —quién ordenó el operativo Kitchen y con qué finalidad— no ha recibido aún respuesta acreditada por sentencia. El testimonio de Morocho añade peso a la versión de la acusación, pero el tribunal de la Audiencia Nacional deberá evaluar su credibilidad junto a la del resto de declaraciones antes de emitir su veredicto.
