El Consejo de Ministros aprueba hoy un real decreto que permitirá regularizar aproximadamente medio millón de personas extranjeras en situación administrativa irregular. La medida, pactada entre el Ejecutivo y Podemos, se tramitará sin necesidad de pasar por el Congreso y retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas.
El Gobierno español aprobará este martes 27 de enero un proceso extraordinario de regularización migratoria mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo político con Podemos que permitirá eludir el debate parlamentario. La medida, según confirmaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene como objetivo regularizar a personas extranjeras que ya se encuentran en territorio español y busca «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente».
La eurodiputada de Podemos Irene Montero anunció el pacto durante un acto celebrado en Madrid, donde estimó que la regularización beneficiará a aproximadamente medio millón de personas. La iniciativa retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la plataforma Regularización Ya, que obtuvo el respaldo de más de 700.000 firmas ciudadanas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios excepto Vox, con 310 votos a favor y 33 en contra.
Los requisitos para acceder a la regularización
Según el esquema presentado, podrán solicitar la regularización todas las personas que acrediten su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que demuestren al menos cinco meses de residencia en el país. Los solicitantes deberán carecer de antecedentes penales relevantes y tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su solicitud.
La normativa contempla diversos medios de acreditación de la residencia, una flexibilidad especialmente valorada por las entidades sociales. Los interesados podrán demostrar su permanencia en España mediante el certificado de empadronamiento municipal, pero también a través de documentos alternativos como informes médicos, contratos de suministro eléctrico, certificados de envío de dinero al extranjero, citas en recursos sociales, contratos de alquiler o justificantes de transporte. Esta amplitud documental responde a las dificultades que muchas personas en situación irregular enfrentan para acceder al padrón municipal.
La admisión a trámite de la solicitud concederá automáticamente una autorización provisional de residencia y trabajo con validez de un año, lo que permitirá a los beneficiarios trabajar de forma legal y acceder a derechos como la asistencia sanitaria. Esta autorización suspenderá de manera inmediata los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Transcurrido ese año, los regularizados podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente.
Una respuesta a una situación desbordada
El anuncio de la regularización extraordinaria coincide con la publicación de un informe del centro de análisis Funcas que estimaba en 840.000 personas la cifra de migrantes en situación administrativa irregular a 1 de enero de 2025. Esta cantidad supone el 17,2% de la población extranjera no comunitaria residente en España y representa un incremento del 685% desde 2017, cuando la cifra apenas superaba las 107.000 personas.
El estudio de Funcas, presentado horas antes del anuncio, señala que las nacionalidades del continente americano representan el 91% del total de la inmigración irregular, con 770.000 personas. Destacan especialmente la colombiana, con cerca de 290.000 personas, la peruana, con 110.000, y la hondureña, con 90.000. Las nacionalidades africanas suman 50.000 personas, mientras que las asiáticas alcanzan 15.000 y las europeas 14.000.
No obstante, el informe advierte que esta estimación fue realizada antes de la entrada en vigor en mayo de 2025 de la modificación del Reglamento de Extranjería, que flexibilizó los requisitos de las autorizaciones por arraigo. El Ejecutivo estimó entonces que podría facilitar el permiso de residencia a cerca de trescientas mil personas al año mediante esta vía, por lo que la cifra actual de personas en situación irregular podría ser inferior a la calculada por Funcas.
Precedentes de regularizaciones en España
La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno no constituye un instrumento novedoso en la política migratoria española. Desde 1985, gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el Partido Popular han aprobado ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes, con los que han intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar contra la economía sumergida.
La última gran regularización tuvo lugar en 2005, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel proceso, conocido como «normalización de trabajadores extranjeros», se exigía a los solicitantes demostrar su estancia en España con anterioridad al 8 de agosto de 2004 y presentar un contrato de trabajo de seis meses o más y cuarenta horas semanales. De las 691.655 solicitudes presentadas, 576.506 fueron concedidas, lo que representó el 83,35% del total.
Aquella regularización de 2005 también fue aprobada mediante real decreto, sin necesidad de convalidación parlamentaria, una fórmula que generó entonces un intenso debate político. El Partido Popular, que en la oposición criticó duramente la medida y acuñó el término «papeles para todos» como arma política, había impulsado previamente cinco procesos de regularización durante los gobiernos de José María Aznar, que regularizaron a más de 450.000 personas entre 1996 y 2004.
Desde entonces, España ha confiado en las medidas de arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como vía ordinaria de regularización, lo que algunos expertos han denominado «una especie de regularización extraordinaria continua». Sin embargo, María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, ha señalado que «este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada, como en la actualidad».
El papel de la Iniciativa Legislativa Popular
El movimiento Regularización Ya, plataforma que impulsó la ILP, ha celebrado el acuerdo alcanzado este lunes mediante un comunicado en el que califica la medida como «un paso decisivo hacia el reconocimiento de los derechos de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular en España». La plataforma, formada por asociaciones y colectivos de todo el Estado, recuerda que el pacto es fruto de «un proceso en el que el Movimiento Regularización Ya ha tenido un papel activo y determinante, incidiendo directamente en las negociaciones y aportando propuestas concretas para garantizar el acceso efectivo a derechos».
Jorge Serrano, coordinador de la ILP, explicó que la iniciativa llevaba un año y medio paralizada en la Cámara Baja pese al apoyo de todos los grupos excepto Vox. Según relató, el acuerdo del Gobierno llega justo cuando la comisión parlamentaria se disponía a aprobarla para su paso al Senado. Serrano ha defendido que el amplio consenso social en torno a la ILP se debe a que «esta regularización extraordinaria de personas migrantes es beneficiosa para el país, está en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas».
La decisión gubernamental de tramitar la regularización mediante real decreto responde a la complejidad aritmética del Congreso, donde cada votación se ha convertido en un examen de resistencia para el Ejecutivo. Al no necesitar convalidación parlamentaria, el decreto permitirá al Gobierno evitar el escenario de un pleno que podría haberse saldado con el rechazo de la medida. Fuentes conocedoras del proceso señalan que la reforma ya ha pasado por la comisión de subsecretarios, el filtro previo que determina qué asuntos llegan al Consejo de Ministros y cómo lo hacen.
