El Gobierno anunciará el próximo martes en el Consejo de Ministros las primeras medidas para contener el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, mientras el choque con el PP se intensifica por el diseño de la respuesta. Félix Bolaños ha completado una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, y el Ejecutivo ya ha descartado la vía fiscal que propone la oposición, centrada en rebajas del IRPF y del IVA de la energía.
España se prepara para afrontar las consecuencias económicas del conflicto bélico en Oriente Próximo con un paquete de medidas que el Consejo de Ministros debatirá el martes 17 de marzo. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha disparado los precios del combustible ante la incertidumbre sobre el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz —la vía de paso estratégica por la que transita un porcentaje significativo del petróleo mundial—, y el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para articular una respuesta que proteja a familias, empresas y sectores productivos frente a la escalada energética.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la encargada de comunicar que las primeras decisiones llegarán «la semana que viene», aunque sin detallar su contenido concreto. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que el Ejecutivo actuará «de manera ágil y contundente» ante el impacto que ya está causando la subida de los precios del combustible. El Gobierno prevé además reunirse este jueves con los agentes sociales —patronal y sindicatos— para incorporar sus aportaciones antes de cerrar el paquete definitivo. Según Díaz, las medidas se articularán en tres ejes: el mantenimiento del empleo en empresas afectadas, la contención del coste energético y la protección de la cesta de la compra de los hogares.
La ronda de contactos y la exclusión de Vox
Desde el martes, Bolaños emprendió una consulta con todos los grupos parlamentarios para recabar propuestas antes de que el Ejecutivo cerrara su plan de acción. El ministro confirmó que había mantenido conversación con todos los partidos con representación en el Congreso, con una excepción: Vox. Según Bolaños, la formación de Santiago Abascal no respondió a las llamadas porque, a su juicio, es «abiertamente favorable a la guerra». Vox no ha realizado declaraciones públicas al respecto hasta el cierre de esta información.
La ronda no estuvo exenta de tensión con el PP.
La portavoz del grupo parlamentario popular, Ester Muñoz, sembró inicialmente dudas sobre los contactos del Gobierno. «Pues a nosotros no nos ha llamado nadie», afirmó el martes. Posteriormente, el PP confirmó que Bolaños sí había contactado con Muñoz esa misma tarde, aunque los populares señalaron que «por respeto» no desvelarían el contenido de la conversación. Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo calificaron de «anomalía» que se enteraran de la ronda de consultas a través de los medios de comunicación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno del Congreso de los Diputados el 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Próximo, una vez aprobadas las primeras medidas.
El paquete fiscal del PP
El Partido Popular no esperó a la ronda de Bolaños para presentar sus propuestas. El lunes, Feijóo avanzó ya un conjunto de medidas concretas, y este miércoles el partido formalizó la iniciativa registrando una Proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado, cuyo texto fue remitido también al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios. El paquete del PP se articula en torno a dos grandes líneas. En materia fiscal, la formación propone elevar un 10% el mínimo personal por contribuyente, duplicar la deducción por hijo en el IRPF y actualizar los tramos del impuesto con incrementos de hasta el 10% para las rentas más bajas.
Según los cálculos del partido, estas medidas supondrían una devolución de unos 3.200 millones de euros a 16 millones de contribuyentes, con un ahorro aproximado de 900 euros anuales para una familia media de dos adultos y dos hijos. En el ámbito energético, el PP plantea reducir al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores, suprimir el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica, establecer una bonificación permanente del 80% en los peajes para las empresas electrointensivas —las industrias con alta dependencia del consumo eléctrico—, y aprobar una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero. Feijóo ha enmarcado la iniciativa en la estrategia de ejercer lo que denomina una «oposición útil», que no solo critica sino que ofrece alternativas concretas ante cada crisis.
El choque de fondo: impuestos sí o no
La respuesta del Gobierno a las propuestas del PP ha sido de rechazo frontal, y ha anticipado así la línea divisoria del debate político que se abrirá en las próximas semanas. Varios ministros descartaron este miércoles la vía fiscal propuesta por la oposición. La vicepresidenta Díaz fue la más explícita: «La propuesta que hacen siempre el PP y los empresarios es hacer una bajada generalizada de impuestos, y nosotros ya bajamos impuestos en algún producto alimenticio y lo que único que pasó fue que se ensancharon los beneficios de las grandes multinacionales de la distribución».
Desde el PP, la réplica fue igualmente directa. Fuentes de la dirección popular cuestionaron la consistencia del plan gubernamental: «Si tiene un plan ya, entonces no saben para qué nos ha pedido que le mandemos nuestras propuestas». El partido considera que la actitud del Ejecutivo genera la «sensación de que no tienen nada» preparado.
El debate reproduce en buena medida la fractura que ya se vivió durante la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania, cuando el Gobierno aplicó medidas de contención de precios y rebajas selectivas del IVA, mientras el PP exigía una reducción más amplia de la fiscalidad. En esa ocasión, el Ejecutivo sostuvo que las bajadas generalizadas de impuestos beneficiaban principalmente a las empresas distribuidoras. La CEOE, la patronal española, ha apoyado en esta ocasión la deflactación del IRPF y la rebaja del IVA del combustible. Los sindicatos CCOO y UGT, en cambio, se han mostrado contrarios a una rebaja fiscal generalizada y han priorizado el mantenimiento de los recursos públicos para financiar las medidas de protección social.
