La imagen de una mujer de 87 años desalojada en camilla de la casa donde vivió durante siete décadas ha desencadenado una ola de protestas en España. El Gobierno negocia a contrarreloj nuevas medidas para proteger a los inquilinos, mientras cientos de manifestantes permanecen acampados en la Puerta del Sol de Madrid.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este domingo que su Ejecutivo trabaja «a contrarreloj» para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de septiembre, un real decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda. La iniciativa llega tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años cuyo caso ha provocado una amplia movilización social y ha reabierto el debate sobre la protección de los inquilinos.
Durante un acto del PSOE en Getafe, Sánchez respondió directamente a la octogenaria, que el sábado le había pedido mediante un vídeo la aprobación de medidas para evitar que otras personas atravesaran una situación similar. El presidente instó a los grupos parlamentarios a realizar un último esfuerzo para alcanzar un acuerdo que permita convalidar la futura norma en el Congreso.
Un desahucio que ha sacudido a España
Maricarmen fue desalojada el miércoles de la vivienda del barrio madrileño de Retiro en la que había residido durante 71 años. Las imágenes de la mujer abandonando el inmueble en una camilla, después de que la Policía forzara la puerta, desencadenaron una oleada de indignación.
La empresa propietaria pretendía elevar el alquiler de 500 a 2.650 euros mensuales, una cantidad muy superior a la pensión de la octogenaria. Tras varios intentos de paralizar el desahucio, Maricarmen tuvo que abandonar finalmente su hogar.
Su caso se ha convertido en el símbolo de una crisis que afecta especialmente a los hogares con ingresos modestos y a los inquilinos de las grandes ciudades españolas. El sábado, miles de personas se manifestaron en Madrid y la protesta desembocó en una acampada en la Puerta del Sol, donde cientos de participantes permanecen instalados para exigir medidas urgentes.
Una negociación contrarreloj y sin acuerdo cerrado
El Ejecutivo busca ahora consensuar el contenido del decreto con sus socios parlamentarios, aunque persisten diferencias sobre su alcance. Sumar reclama medidas más contundentes frente a los grandes propietarios y los fondos de inversión, mientras que Junts pide garantías para los pequeños arrendadores y el PNV aboga por un acuerdo que reúna apoyos suficientes.
Entre las principales reivindicaciones de los colectivos de inquilinos figuran la congelación de los alquileres y una mayor protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional.
El Gobierno afronta así una doble exigencia: responder a la presión social y reunir una mayoría parlamentaria capaz de sostener las nuevas medidas. Aunque Sánchez ha fijado el martes como objetivo, el contenido definitivo del decreto y su posterior convalidación en el Congreso siguen pendientes de negociación.
