El pleno del Congreso de los Diputados convalidó el primer decreto anticrisis del Ejecutivo, un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros para mitigar el impacto económico de la guerra de Irán. La votación se resolvió con 175 síes, 33 noes y 141 abstenciones, gracias al respaldo de Junts per Catalunya, que condicionó su apoyo a compromisos fiscales sobre los autónomos, y la abstención de un Partido Popular que exigió reformas en el IRPF hasta el último momento.
El Congreso de los Diputados convirtió este jueves en ley el primer paquete de medidas anticrisis impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán. El decreto, aprobado en Consejo de Ministros extraordinario el pasado viernes, agrupa 80 iniciativas destinadas a aliviar la presión sobre hogares y empresas, con una dotación de 5.000 millones de euros. La sesión plenaria terminó con 175 votos a favor, 33 en contra —todos de Vox— y 141 abstenciones.
El presidente del Gobierno enmarcó el debate en términos de solidaridad nacional y distancia respecto al conflicto. «Esta no es nuestra guerra, pero los españoles sí son nuestra gente», afirmó Sánchez ante el pleno, en una intervención en la que también recordó que el origen bélico es ajeno a las decisiones de Madrid: «La guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros», sostuvo. El decreto había recibido el día previo el respaldo de Junts per Catalunya (JxCat), grupo que elevó el apoyo al Ejecutivo hasta los 175 escaños, uno menos de la mayoría absoluta.
El precio del apoyo de Junts
El voto afirmativo de los siete diputados de JxCat no llegó de forma gratuita. La formación independentista condicionó su respaldo a un compromiso explícito del Ejecutivo: la reducción del Impuesto sobre el IVA a los trabajadores autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales, una medida que emana de una directiva europea y que, según el partido, el Gobierno debía haber trasladado ya al ordenamiento español. El acuerdo no implica aplicación inmediata, sino un mandato político al Ejecutivo para desarrollarlo en el futuro.
La votación específica sobre los autónomos se celebró por separado y registró un resultado amplio: 339 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones. La medida no supone la exención inmediata del IVA para este colectivo, sino que fija un mandato político que obliga al Ejecutivo a desarrollarla en cumplimiento del pacto alcanzado con JxCat. Podemos, por su parte, se sumó al bloque de las abstenciones junto al PP, aunque desde posiciones distintas, lo que elevó el total de votos sin posicionamiento a 141 en la votación principal del decreto.
El PP entre la abstención y la exigencia
El PP definió su posición con la abstención, pero no sin dejar constancia de sus reservas. La formación conservadora exigió al Ejecutivo, hasta pocas horas antes de la votación, una actualización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que incluyera la revisión de los tres primeros tramos del tributo, la elevación del mínimo personal a 6.105 euros anuales y la duplicación de los mínimos vitales por hijo a cargo. El Gobierno descartó esas condiciones antes de que se consumara el resultado.
El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, argumentó ante el pleno que no deflactar el IRPF supone un perjuicio real para los contribuyentes con salarios bajos. Bravo ilustró su posición con un ejemplo concreto: alguien que en 2018 ganaba 14.000 euros anuales estaba exento del impuesto, pero hoy, con el mismo salario y el encarecimiento acumulado del coste de la vida, «se pagará 745 euros». El dirigente popular acusó además al Ejecutivo de haber recaudado 70 millones de euros adicionales en el período transcurrido entre el inicio de la guerra —el 28 de febrero— y la entrada en vigor de las bonificaciones en los carburantes, el 22 de marzo.
Sánchez respondió a las críticas desde una óptica de confrontación política. El presidente calificó de falta de patriotismo oponerse a un decreto destinado a aliviar a los ciudadanos y apuntó directamente a Vox: «cuando toca votar por los intereses del país, demuestran ser muy poco patriotas», señaló. En cuanto a las demandas del PP sobre el IRPF, el Gobierno mantuvo su rechazo e insistió en que las medidas energéticas ya en vigor suponen un alivio significativo para los hogares españoles.
Las medidas aprobadas
El grueso del paquete económico se articula en torno a rebajas fiscales sobre productos energéticos y carburantes. El decreto recoge la reducción del IVA aplicado a los combustibles del 21% al 10%, extensiva a la electricidad, el gas natural, las briquetas y los pellets. Se establece además una reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y se habilitan ayudas extraordinarias de 0,20 euros por litro de gasóleo para el transporte profesional y para los sectores agrario, ganadero y pesquero, colectivos especialmente afectados por la escalada de precios derivada del conflicto.
El decreto contempla también una compensación por costes indirectos del CO₂ para sectores industriales en riesgo de fuga de carbono, un mecanismo orientado a preservar la competitividad de industrias intensivas en energía frente al alza de precios en los mercados internacionales. En paralelo, el pleno dio luz verde a la ley contra la multirreincidencia —aprobada con 271 votos a favor, 71 en contra y 71 abstenciones—, que endurece las penas previstas en el Código Penal para los reincidentes en delitos contra el patrimonio.
La jornada parlamentaria completó un ciclo de negociaciones en un contexto de presión exterior. Mientras el Gobierno reivindicaba el decreto como muestra de capacidad de respuesta ante la crisis, la oposición presentó lecturas divergentes: el PP insistió en que las medidas fiscales resultan insuficientes sin una reforma del IRPF, y Vox rechazó de plano unas iniciativas que, a su juicio, responden a intereses ajenos. Sánchez cerró su intervención con un llamamiento a la cohesión: «Es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado», afirmó.
