La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra ha puesto bajo el foco la actividad privada de quienes abandonan La Moncloa. El Estatuto de los expresidentes del Gobierno les garantiza pensión, escolta, despacho y transporte oficial, pero no establece ninguna limitación sobre sus negocios posteriores. González asesoró a empresarios millonarios y fue consejero de Gas Natural Fenosa. Aznar cobró hasta 90.000 euros por conferencia. Rajoy registra la propiedad.
Quienes abandonan La Moncloa se llevan consigo una maleta de derechos que el Estado financia de por vida. El Estatuto de los expresidentes del Gobierno reconoce a cada uno de ellos tratamiento de presidente vitalicio, apoyo de las embajadas españolas en sus desplazamientos al extranjero, una pensión indemnizatoria, coche y chófer oficial, dos asistentes de libre designación, servicio de seguridad permanente, dotación económica para alquilar un despacho y transporte gratuito en compañías estatales. Pueden además ingresar en el Consejo de Estado y permanecer en él hasta la jubilación, lo que prolongaría su aforamiento, aunque esta opción es incompatible con trabajos en el sector privado. Lo que el Estatuto no regula es qué hacen los expresidentes fuera de esos privilegios institucionales.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros presuntos delitos en el caso Plus Ultra ha convertido esa laguna en un debate político de primer orden. El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe una red que habría utilizado los «contactos» y la «capacidad de acceso» al poder del expresidente para obtener beneficios económicos. Zapatero ha sostenido que sus tareas para la empresa investigada Análisis Relevante fueron de consultoría y no de lobby. Pero su caso ha forzado una comparación inevitable: ¿qué han hecho los demás expresidentes de la democracia española con su capital político y relacional una vez fuera del cargo?
Un estatuto que no regula la actividad privada
El marco legal que rige la vida profesional de los expresidentes tras su mandato presenta una asimetría notable. El período de incompatibilidad que se aplica a los altos cargos del Estado —dos años desde el cese durante los cuales no pueden ejercer actividades relacionadas con su anterior cargo— ha operado como única salvaguarda formal. Pasado ese plazo, la puerta giratoria entre la política y el sector privado queda abierta sin restricciones adicionales. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) lleva años reclamando una ley que regule el lobby en España, y el Congreso tiene dos normas en tramitación, pero ninguna aborda de forma específica la situación de los expresidentes del Gobierno.
El debate sobre esa laguna no es nuevo, pero la imputación de Zapatero le ha dado una urgencia política que los años anteriores no tenía. La distinción que los juristas establecen entre lobby legítimo y tráfico de influencias —este último tipificado en los artículos 428 y 430 del Código Penal como el uso de una «situación prevalente» para obtener un beneficio económico— resulta especialmente sensible cuando el sujeto es un expresidente, cuya agenda de contactos y cuyo peso institucional no desaparecen con el fin del mandato. El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll ha señalado que si el expolítico se dedica a dar indicaciones «alejado del contacto directo con los cargos públicos», estará siempre más lejos de incumplir el tipo penal. La pregunta que el caso Zapatero formula es si ese alejamiento es posible para quien fue presidente del Gobierno.
González, Aznar y Rajoy: tres modelos distintos
Los tres expresidentes vivos ofrecen trayectorias privadas muy diferentes que ilustran el abanico de lo que el Estatuto permite sin regularlo. Felipe González, que gobernó España entre 1982 y 1996, mantuvo su escaño en el Congreso hasta 2004 y creó en esa última legislatura la consultora inmobiliaria Ialcon, que acabó cediendo a sus hijos y que hoy tiene un patrimonio neto superior al millón y medio de euros. Posteriormente fue embajador del Comité de Sabios de la Unión Europea (UE) y presidente del Consejo de Doñana. Durante un lustro ejerció como consejero de Gas Natural Fenosa, la puerta giratoria más criticada de su trayectoria. Asesoró además al empresario mexicano Carlos Slim, escribió seis ensayos políticos, impartió conferencias con un caché de entre 30.000 y 40.000 euros y dirige su propia fundación, que en 2024 ingresó más de 370.000 euros en donaciones y patrocinios.
José María Aznar, que gobernó entre 1996 y 2004, es el expresidente que más puestos ha ocupado en la empresa privada desde que abandonó el cargo. En el propio año de su salida fue nombrado asesor del gigante mediático News Corporation, del magnate Rupert Murdoch. Posteriormente presidió la división para América Latina de la inmobiliaria J. E. Robert, fue miembro de una firma de capital riesgo, asesor externo de Endesa y de la multinacional minera Barrick Gold Corporation, fue fichado por la auditora KPMG y por el bufete Latham & Watkins, e impartió conferencias internacionales por las que llegó a cobrar hasta 90.000 euros. Sus memorias políticas le reportaron más de 600.000 euros. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside recibió entre 2018 y 2022 casi un millón y medio de euros en aportaciones de empresas multinacionales.
La línea que el caso Zapatero urge trazar
Mariano Rajoy representa el modelo opuesto. Tras perder la moción de censura de 2018 a raíz de la sentencia del caso Gürtel, el expresidente solicitó su vuelta al servicio activo como registrador de la propiedad, retomó su plaza en Santa Pola —Alicante— mediante concurso de traslados y obtuvo destino en Madrid. Desde entonces ha escrito cuatro ensayos e imparte conferencias sobre política, economía y retos globales. Su perfil es el de un regreso a la función pública sin aprovechamiento del capital relacional acumulado en el cargo, lo que lo sitúa en el extremo opuesto al modelo que el caso Zapatero ha puesto bajo sospecha.
Lo que el caso Zapatero ha dejado en evidencia es que la democracia española carece de un marco que distinga con precisión qué actividades son compatibles con el peso institucional de haber sido presidente del Gobierno. El período de incompatibilidad de dos años opera como cortafuegos mínimo, pero no aborda la cuestión de fondo: si los «contactos» y la «capacidad de acceso» al poder que un expresidente mantiene de por vida son o no un activo que puede comercializarse sin restricciones. La respuesta judicial que el juez Calama ha dado en el caso Zapatero es solo un punto de partida. La respuesta legislativa sigue pendiente.
