El juicio por la operación Kitchen, abierto este mes en la Audiencia Nacional, ha permitido reconstruir en sede judicial los mecanismos de presión que sufrió el inspector jefe Manuel Morocho mientras investigaba el caso Gürtel. El ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado Francisco Martínez encabezan el banquillo. La admisión del ex director general Ignacio Cosidó de que existía una «guerra de comisarios» en el cuerpo ha sido uno de los momentos más reveladores de la segunda semana de vista.
Es junio de 2021. Sentado ante el magistrado Manuel García-Castellón con un archivador repleto de documentación, el inspector jefe Manuel Morocho desgrana durante horas las presiones que recibió mientras conducía las investigaciones sobre el caso Gürtel. Su declaración, que servirá de base para el juicio que comenzó este mes en la Audiencia Nacional, describe una situación que él mismo califica de «insostenible personal y profesionalmente»: superiores que buscaban que abandonara la investigación, que le dejara expedientado y que cediera el campo para que otros la gestionaran. «Me daba usted un panorama desolador», le reconoció el magistrado durante aquella toma de declaración.
El principal acusado en el banquillo es Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy. Junto a él se sienta Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, y cinco comisarios de Policía: entre ellos Eugenio Pino, el máximo responsable operativo de la institución en esa época; el controvertido José Luis Villarejo; y José Luis Olivera, a quien se atribuye la ejecución material de las presiones sobre Morocho. Un octavo acusado, Sergio Ríos, fue el chófer de Luis Bárcenas que colaboró con la trama como confidente y cuya incorporación al dispositivo, según la acusación, fue aprobada en 2015 mediante unas oposiciones que los fiscales consideran amañadas.
Las presiones sobre el investigador del caso Gürtel
El relato de Morocho ante el tribunal dibuja un patrón de acoso institucional que sus superiores habrían activado para frenar las indagaciones sobre el caso Gürtel y, en particular, para proteger al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. Según expone el inspector en su declaración, se trató de comprarle con un destino mejor, de intimidarle y de iniciar un expediente disciplinario que lo apartara de la unidad. La Abogacía del Estado añade otro elemento: la trama habría intentado robar la información «comprometedora» que Bárcenas guardaba sobre otros altos cargos del PP, para impedir que esa documentación llegara a los jueces.
Morocho precisa que su número de carné profesional —el 81.067— aparece al final de un oficio junto al del inspector Gonzalo Fraga, el 111.470. Para las defensas, ese detalle no es menor: Fraga es el principal investigador de Kitchen, y que ambos números figuren en el mismo documento constituye, según los letrados de los acusados, un argumento para cuestionar la solidez de las conclusiones del instructor. «Sus resultados se parecen bastante», señaló una de las defensas durante el interrogatorio, en referencia a la coincidencia metodológica entre los dos inspectores. Las acusaciones rechazan esa lectura.
El dispositivo de espionaje y sus protagonistas
Fraga es la figura que sobresale entre los primeros testigos. Inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos y principal investigador del caso, su trabajo ha implicado, según el relato de la acusación, enfrentarse sin ambages a las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía durante la era Rajoy. Su memoria, construida sobre miles de datos y pruebas documentales, le permite llegar a conclusiones que los magistrados han podido ir contrastando a lo largo de casi dos semanas de interrogatorios. Fraga acumuló en algunos momentos cerca de dos horas de comparecencia continua, según recoge El País.
El dispositivo de espionaje sobre Bárcenas y su entorno se articuló, según la instrucción, en torno al comisario Eugenio Pino y a un confidente identificado en la causa como «El Gordo»: un colaborador de Enrique García Castaño, alias el mismo apodo, que era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Este comisario fue quien puso en marcha el despliegue de decenas de efectivos para vigilar al extesorero durante meses y quien, según declaró ante el tribunal, llegó a entrar en el estudio de la esposa de Bárcenas para extraer documentación sensible. Hasta nueve agentes distintos han declarado haber participado en operaciones paralelas de seguimiento a Rosalía Iglesias, también pareja de Bárcenas, sin que los investigadores del caso Gürtel tuvieran conocimiento de ello.
Cosidó y la «guerra de comisarios»
Uno de los momentos más cargados de la segunda semana de juicio llegó el miércoles, cuando Ignacio Cosidó, director general del cuerpo en aquellos años y hoy senador del PP, admitió ante el tribunal que en el verano de 2013 existía en la institución lo que él mismo denominó una «guerra de comisarios» entre Villarejo y Martín Blas, alto mando que también ocupa el banquillo. «Yo era consciente de ese enfrentamiento», declaró Cosidó, en una admisión que los fiscales consideran relevante para acreditar el clima interno en que se ejecutó la operación.
La sala registró también un incidente que tensó el ambiente. El diputado popular Eloy Suárez Lamata —hoy senador y presidente de la comisión del Congreso que investiga el caso Koldo— arremetió en 2021 contra el inspector Fraga durante la comparecencia de este ante la comisión de investigación abierta sobre Kitchen: «Hijo de puta», murmuró entre dientes, según recoge el relato judicial. Un lustro después, los tribunales han confirmado las pesquisas del principal investigador del caso Gürtel, que suman cerca de un centenar de condenados a prisión, la mayoría vinculados al PP. La declaración de Morocho ante el tribunal, prevista para este martes, permitirá conocer en sede judicial el relato completo del inspector que se negó a abandonar la investigación.
